Priorizar servicios públicos e inversión (y 3)

En un anterior artículo analicé la estructura de ingresos de los presupuestos de Canarias para 2017, poniendo en evidencia que si se quiere gastar más es preciso ingresar más. Destacando que no se aprovechan las posibilidades del autogobierno para disponer de más recursos y que, por el contrario, se producen bonificaciones injustificadas, como esa rebaja del 13,5% al 3% del IGIC en las aguas de perfumes, destinadas a beneficiar a los turistas, y que supone 21 millones de euros menos para las arcas públicas; y la bonificación indiscriminada del impuesto de Donaciones que significa dejar de disponer de otros 50 millones de euros. Con consecuencias en la estructura del gasto: no se atienden adecuadamente los servicios públicos y la escasa inversión no impactará en la economía ni en la generación de empleo. El propio Ejecutivo señala que el paro solo disminuirá medio punto el próximo año pese a las excelentes previsiones turísticas.

Incluyendo los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), procedentes del antiguo Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), la inversión pública crece en 46 millones de euros respecto a 2016 hasta alcanzar los 704 millones de euros, el 1,6% del PIB. Recuérdese que en 2008, último presupuesto anterior a la crisis, era de 1.419,5 (el 3,68% del PIB de aquel año), el doble que en las cuentas públicas para 2017. Las cifras para el próximo ejercicio son claramente insuficientes para que, desde el sector público, se pueda coadyuvar a la reactivación de la economía e impulsar el empleo.

El estancamiento del gasto público lo sufren los distintos sectores de la economía canaria. En turismo se reduce la inversión para rehabilitación turística, una de las tareas esenciales del sector. Se destinan para la misma 16,8 millones de euros, cuando se estiman en 1.400 millones de euros el monto de las actuaciones necesarias para la renovación y mejora de nuestros espacios turísticos, según los planes del propio Ejecutivo.

Diversificación económica

El presupuesto para 2017 no contribuye, en modo alguno, a la diversificación económica. En industria, las cuentas públicas canarias no colaboran lo más mínimo en acercarnos a ese objetivo, planteado en la Estrategia de Desarrollo Industrial de Canarias (EDIC) 2009-2020, para que el sector industrial suponga el 6% del PIB canario en 2020. Igual sucede respecto a la I+D+i que, una vez más, ve reducidas sus partidas: 71,4 millones de euros frente a los 89,9 millones de euros de 2016 o los 96,5 millones de euros de 2015. Un aspecto citado siempre como esencial para la diversificación económica cae un 20,6% en relación a 2106. Además, los niveles de ejecución presupuestaria en esta materia son, año tras año, ridículos.

En el sector primario, suben las partidas destinadas a pesca pero caen las correspondientes a agricultura, ganadería y desarrollo rural. Lamentablemente, el sector primario continuará retrocediendo en su actual y bajísimo peso respecto al conjunto del PIB canario. Mientras que en vivienda se apoya la rehabilitación pero no se destina prácticamente nada a construcción y adquisición de nuevas viviendas públicas protegidas, cuando decenas de miles de familias aspiran a poder contar con un hogar.

El incremento real del presupuesto en materia de carreteras es de sólo 355.000 euros. El anillo insular de Tenerife ve incrementado su presupuesto en 5,5 millones de euros, mientras que, para la carretera de La Aldea, el incremento es nulo. Eso a pesar de que este municipio se encuentra, en estos momentos, incomunicado.

En las políticas de empleo, valoramos la apuesta por mantener el Plan de Empleo Social, destinado a los sectores más vulnerables. Pero echamos de menos acciones firmes para afrontar el elevado desempleo juvenil (que supera el 51% en nuestra comunidad), así como la atención a los mayores de 55 años.

Sanidad y educación

Veamos a continuación cómo quedan en las cuentas públicas canarias para 2017 los servicios públicos. La sanidad es, sin duda, la peor parada. Su gasto inicial estará entre 150 millones de euros y 175 millones de euros por debajo del gasto real de este año 2016. Por tanto, no habrá nuevos servicios ni se podrán reducir las elevadas listas de espera ni mejorar la situación de las urgencias. Este presupuesto agudizará la crisis sanitaria y dejará en la cuneta a miles de canarios, sin poder recibir los servicios que precisan. Se deteriorará aún más el clima laboral y en las instalaciones y los equipamientos se producirá una mayor descapitalización al disponer sólo un 1,6% para inversiones.

En educación se produce una subida real de 30 millones de euros, claramente insuficiente. Se sigue sin abordar la educación infantil de cero a tres años, así como las deficiencias en la educación de adultos, las elevadas ratios y los problemas en las infraestructuras. Se mejoran las partidas para FP y para facilitar el traslado de estudiantes entre las islas. Es el tercer presupuesto tras la entrada en vigor, en la segunda mitad de 2014, de la Ley Canaria de Educación no Universitaria, aprobada en el Parlamento por CC, PSOE y NC. Una vez más, lejos de avanzar hacia el compromiso establecido en dicha ley para que la educación suponga el 5% del PIB canario en 2020, se retrocede en la consecución de ese objetivo.

Mejor tratamiento reciben las políticas sociales, aunque frente al incremento anunciado de 24 millones de euros, un 9,6%, el avance real entre un ejercicio y otro se limita a 15 millones de euros. Si bien mejoran las partidas para la atención a la dependencia no podemos darnos por satisfechos, ni mucho menos, cuando en Canarias seguimos estando a la cola en la aplicación de la misma. Cuando hay casi 30.000 personas esperando a que se les reconozca un derecho que les pertenece, y cuando faltan más de 1.000 plazas sociosanitarias.

El grupo parlamentario de NC ha presentado, con el objetivo de mejorar la orientación del gasto, 131 enmiendas parciales a los presupuestos canarios para 2017, de ellas 13 al articulado y 118 a los estados financieros. Priorizando el gasto en los servicios públicos, destinando 80 millones de los créditos del Fondo de Desarrollo de Canarias a los servicios públicos fundamentales, lo que ha sido aprobado en ponencia, junto a otros 14 más millones del PP para el mismo destino, un global de 94 millones, con los votos de PSOE, PP, Podemos y NC. Otras enmiendas plantean otros 24 millones dirigidos a los sectores económicos y a partidas destinadas a los ocho territorios. Enmiendas, con sus limitaciones, dirigidas a ingresar más, gastar mejor y crecer más, con la finalidad de mejorar la economía y el empleo, así como la calidad de vida de los hombres y mujeres de todos los territorios de Canarias.

En un anterior artículo analicé la estructura de ingresos de los presupuestos de Canarias para 2017, poniendo en evidencia que si se quiere gastar más es preciso ingresar más. Destacando que no se aprovechan las posibilidades del autogobierno para disponer de más recursos y que, por el contrario, se producen bonificaciones injustificadas, como esa rebaja del 13,5% al 3% del IGIC en las aguas de perfumes, destinadas a beneficiar a los turistas, y que supone 21 millones de euros menos para las arcas públicas; y la bonificación indiscriminada del impuesto de Donaciones que significa dejar de disponer de otros 50 millones de euros. Con consecuencias en la estructura del gasto: no se atienden adecuadamente los servicios públicos y la escasa inversión no impactará en la economía ni en la generación de empleo. El propio Ejecutivo señala que el paro solo disminuirá medio punto el próximo año pese a las excelentes previsiones turísticas.

Incluyendo los recursos del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan), procedentes del antiguo Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), la inversión pública crece en 46 millones de euros respecto a 2016 hasta alcanzar los 704 millones de euros, el 1,6% del PIB. Recuérdese que en 2008, último presupuesto anterior a la crisis, era de 1.419,5 (el 3,68% del PIB de aquel año), el doble que en las cuentas públicas para 2017. Las cifras para el próximo ejercicio son claramente insuficientes para que, desde el sector público, se pueda coadyuvar a la reactivación de la economía e impulsar el empleo.