Recuperar el derecho a la vivienda

Canarias debe poner en marcha un ambicioso plan de viviendas que ofrezca adecuada respuesta a las necesidades y demandas de muchas familias de las Islas. Desde Nueva Canarias (NC) consideramos que, en la próxima legislatura autonómica, esta debe ser una de las prioridades del nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones del 26 de mayo y los pertinentes pactos postelectorales en un Parlamento canario que será aún más plural y fragmentado que el actual. Tal y como hemos venido planteando en el Legislativo canario durante toda la legislatura, estamos plenamente comprometidos con ese justo objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Un objetivo que consideramos que no admite dilaciones de ningún tipo.

Se trata de llevar a cabo un esfuerzo en el ámbito de la vivienda que las administraciones públicas canarias ya han realizado con éxito en otros momentos de nuestra historia. Con la puesta en marcha de ambiciosos planes que permitieron, en su momento, acabar con el chabolismo y la infravivienda que formaban parte del paisaje de la periferia de muchos de nuestros núcleos urbanos. Ofreciendo un hogar digno a miles de familias con bajo poder adquisitivo.

En la etapa reciente volvemos a tener un problema relevante, con decenas de miles de familias que no pueden acceder a una vivienda. Con miles de jóvenes para los que la posibilidad de emanciparse se convierte en una quimera.

Como se sabe, la crisis económica pasó una grave factura en el empleo, con la eliminación de miles de puestos de trabajo, reducciones salariales y empeoramiento notable de las condiciones laborales. Pero también afectó al ámbito de la vivienda. Los desahucios fueron una de las caras más amargas y dramáticas de aquel proceso de empobrecimiento de amplias capas sociales y de vulneración de derechos, ocasionado por las impuestas políticas de ajustes y recortes.

A partir de 2011, miles de familias de las Islas perdieron sus casas por no poder afrontar el pago de sus hipotecas, al haber quedado en situación de desempleo o, pese a continuar trabajando, sufrir una reducción significativa de sus ingresos habituales. Y, lamentablemente, el Gobierno canario no hizo nada ante esa grave situación.

Alquileres

Pese al crecimiento económico y del empleo experimentado en los últimos años, en el Archipiélago ha continuado la expulsión de sus hogares de muchas familias, fundamentalmente por no poder hacer frente al pago de los alquileres, por el importante aumento del precio de estos. No parece casual que Canarias sea la segunda Comunidad en que más aumentaron los impagos por alquiler en 2018, un 12,3% frente al 5,7% de media estatal y con Las Palmas encabezando el ranking provincial, con un 13,40%. Algo que los expertos ven directamente relacionado con el incremento de los precios de los alquileres y la consiguiente dificultad de muchos inquilinos para hacer frente a los mismos.

Un hecho parcialmente vinculado al incremento del alquiler vacacional en distintas zonas de las Islas, que reduce la oferta del residencial y, al tiempo, eleva sustancialmente los costos. Como viene sucediendo en otras ciudades españolas y europeas. Pero a ese fenómeno se le añade el hecho, muy sustancial, de la ausencia de políticas públicas de vivienda en la última década. La inacción del Gobierno tiene sus consecuencias. Y revertirlas resulta imprescindible. Con soluciones viables y urgentes.

Nos encontramos ante un derecho. Reconocido en el artículo 47 de la Constitución, que señala que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. También por el art. 22 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias: “Los poderes públicos canarios deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna y regular su función social, mediante un sistema de promoción pública, en condiciones de igualdad y en los términos que establezcan las leyes, poniendo especial atención sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables”. Ambos textos insisten en la regulación del suelo “de acuerdo con el interés general, para evitar la especulación”.

Claro que podemos concluir que, en este y otros asuntos, en este y otros derechos, se produce un abismo entre lo reconocido en la Constitución y el Estatuto y la realidad cotidiana. Que el derecho a una vivienda digna se encuentra más que vulnerado para muchas personas. Que el reconocimiento de un derecho no garantiza su pleno cumplimiento en la práctica. Que ese derecho tiene que ir acompañado de políticas públicas que lo hagan posible.

Competencias

Por eso, las administraciones publicas están obligadas a intervenir y plantear soluciones. La comunidad canaria tiene desde hace tiempo competencias plenas en materia de vivienda. Ejercer el autogobierno exige dar respuestas a los problemas de la gente y atender las necesidades de los más vulnerables. Las competencias deben ir acompañadas de ‘competencia’ en su gestión. No la hubo cuando no se aprovechó el Fondo de Desarollo de Canarias (Fdcan) para invertir, entre otros asuntos, en políticas activas de vivienda. No la habido estos años en que, en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 y 2018 Canarias ha incrementado notablemente sus recursos. La vivienda nunca ha sido una prioridad para el Ejecutivo de Clavijo.

Considero imprescindible reforzar el sistema de ayudas para la vivienda -muy potente en muchos estados europeos, débil en España y en Canarias-, a través de una financiación estable y permanente y centrada en el alquiler. Esta acción debe compaginarse con líneas de emergencia social destinadas a la población más vulnerable, la que se encuentra en riesgo de ser expulsada de su vivienda por no poder afrontar el alquiler o en proceso de ejecución hipotecaria. Además de la necesidad de ampliar el actual parque público de vivienda.

Por eso, me parece esencial implementar un plan que incluya, al menos, la puesta en marcha de 6.000 viviendas a lo largo de la próxima legislatura. Canarias cuanta con suelo público reservado para estas actuaciones en distintos municipios. Estoy convencido de que el problema del acceso a una vivienda digna tiene solución si se aborda con rigor y recursos desde las administraciones públicas de las Islas. Canarias puede y debe hacerlo con políticas decididas que abran la posibilidad real de acceder a un hogar a quien hoy no la tiene en modo alguno. El cambio político que Nueva Canarias está impulsando tiene entre sus objetivos prioritarios recuperar el derecho a la vivienda.

Canarias debe poner en marcha un ambicioso plan de viviendas que ofrezca adecuada respuesta a las necesidades y demandas de muchas familias de las Islas. Desde Nueva Canarias (NC) consideramos que, en la próxima legislatura autonómica, esta debe ser una de las prioridades del nuevo Gobierno que se constituya tras las elecciones del 26 de mayo y los pertinentes pactos postelectorales en un Parlamento canario que será aún más plural y fragmentado que el actual. Tal y como hemos venido planteando en el Legislativo canario durante toda la legislatura, estamos plenamente comprometidos con ese justo objetivo de facilitar el acceso a la vivienda. Un objetivo que consideramos que no admite dilaciones de ningún tipo.

Se trata de llevar a cabo un esfuerzo en el ámbito de la vivienda que las administraciones públicas canarias ya han realizado con éxito en otros momentos de nuestra historia. Con la puesta en marcha de ambiciosos planes que permitieron, en su momento, acabar con el chabolismo y la infravivienda que formaban parte del paisaje de la periferia de muchos de nuestros núcleos urbanos. Ofreciendo un hogar digno a miles de familias con bajo poder adquisitivo.