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El 'remake' del macroconcierto Son Latino
En su día la Dirección General de Costas denegó autorización para celebrar el festival Son Latinos en la playa de Las Vistas, decisión que fue recurrida y dio lugar en 2007 a una sentencia judicial que prohibía este concierto, al no estar contemplado este uso en la Ley de Costas, un proceso en el que se personó la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) en apoyo de la tesis de la Administración estatal.
En rueda de prensa sobre el proyecto Son de Arona, el alcalde se quejó ayer de que en la Península (citó Cádiz, La Coruña y Alicante) “se celebran este tipo de actos, y no podemos permitir que Costas nos discrimine”, pues “hay que poner en valor nuestras playas, con una oferta complementaria para el turismo”.
Reverón reconoció que para ello hay que “usar la costa con racionalidad y tomar medidas correctoras para que una playa quede en perfecto estado después de un evento”, al tiempo que sostuvo que “no debemos olvidar tampoco que playas como la de Las Vistas no son naturales, sino artificiales”. En la misma línea, el edil de Cultura, Miguel Ángel Méndez, dijo que estaría “encantado de retomar las actuaciones musicales en la playa”.
ATAN denunció en la Demarcación de Costas el proyecto de reeditar el Son Latino. Como nada ha cambiado desde su última edición y ningún dato nuevo que trate de justificar lo injustificable, aportamos los mismos razonamientos para avalar jurídicamente nuestra postura. Lo más curioso es que la solicitud está firmada, no por los empresarios promotores, sino por cargos relevantes de Coalición Canaria: El presidente del partido y Viceconcejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias Javier González Ortíz, el vicepresidente del Cabildo de Tenerife y candidato a la alcaldía de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez y el actual alcalde Arona, José Alberto Reverón. Lo primero que llama la atención es ver a responsables públicos de las tres administraciones olvidando lo establecido en la normativa -y en las sentencias de los tribunales- vuelvan a solicitar permiso para una manifiesta ilegalidad. Lo segundo es que actúen, no en aras del interés general, sino en beneficio de unos empresarios que montan este negocio con dinero público. Y, estas mismas instituciones, niegan al mismo tiempo subvenciones para la cultura o la conservación del medio ambiente. Y, en tercer lugar, asombra que vuelvan a proponer lo mismo, que sean los mismos personajes, para recibir la misma respuesta: celebrar este tipo de actos en las playas no está permitido por la legislación vigente.
Para que no falte nadie en este remake, el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, dice, en un escrito que acompaña a la solicitud, que el Área de Medio Ambiente ha informado favorablemente. Afirma Wladimiro Rodríguez (no los técnicos) en su escrito dirigido a Tenerife Sur de Música S. L. (empresa que sustituye, con los mismos personajes, a Guaguas Producciones en la promoción de este tipo de conciertos) que, “analizada la documentación aportada por el promotor el impacto ambiental producido tendría carácter puntual, reversible y que admite medidas correctoras; que no existen razones de interés público que justifiquen la denegación; que se contará con todas las garantías medioambientales y económicas, que se estará en contacto con organizaciones ecologistas (?) y que se ofrecerá un amplia programación cultural.” Pero Costas tiene en cuenta en su resolución denegatoria que ese mismo informe ya fue presentado en la etapa anterior y fue desestimado por los tribunales. En este caso son los mismos perros con los mismos collares.
Han recurrido a todo, desde querellas por calumnias, a las presiones políticas (también llamadas tráfico de influencias) y a las descalificaciones personales, nada les ha importado para conseguir este negocio para sus afines, ni tan siquiera el respeto a la ley ni a quienes dedicamos nuestro tiempo a defender nuestro patrimonio natural.
En ATAN hemos celebrado la noticia, la lucha ha valido la pena. Es un premio a todos los que defendemos la naturaleza utilizando las vías que marcan nuestro ordenamiento legal, un disgusto para lo que tratan de favorecer intereses privados en perjuicio de la mayoría.
*Portavoz de ATAN
Eustaquio Villalba Moreno*
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