Repatear la ley de dependencia

Por ello, la sociedad tiene la inexorable obligación de atender samaritanamente a sus conciudadanos incapacitados por distintas y desafortunadas enfermedades, para un eficaz autovalerse en sus vidas con estas ayudas pecuniarias. Esta agónica petición de retribución económica, es un penoso agravio a un colectivo tan necesitado, que raya la indignidad por su anormal súplica y mendicidad a las Administraciones. Este derecho demandado no es fruta apetecible para cualquier humano como principio de su honor, puesto que al gentío de los desvalidos, en todos sus géneros, les sería muy gustoso poder participar en la vida laboral, y de ocio, (a la que tienen acceso los afortunados que carecen de esas enfermedades), por sus propios méritos intelectuales y mejoras en sus capacidades físicas.

Esta Ley, que aún no se aplica íntegramente en Canarias, y en otras comunidades de la nación, ha tenido el infortunio de ser propuesta por un gobierno socialista; y de ahí: el boicot, su fracaso o nula aplicación en las Autonomías gobernadas por el PP, o en su caso CC u otras derechas, que han puesto zancadillas o falaces excusas para su entrada en vigor. Una Ley de este calibre solidario, nunca jamás, se le ocurre ser puntualizada en la órbita de sus programas de CC-ATI o el mismo PP, porque sus pretensiones políticas no están fundamentadas en la solidaridad hacia los que padecen calamidades irreversibles como las físicas o intelectivas. Mientras, se manifiestan como feraces gladiadores en defensa a ultranza contra la ley del aborto (hecho muy respetuoso a sus creencias) en estos fariseos, siendo incapaces de tener un gesto humanitario o de conmiseración con los miles de dependientes en ofrecerles un ínfimo derecho dinerario, para que mínimamente subsistan como seres en la decencia, de una sociedad con honorables vínculos caritativos, por sus incapacidades laborales para obtener un salario, como es deber de un sistema político y social desarrollado.

¡Y cómo no...! El horríbilis gobierno de Canarias que padecemos, (no en mi nombre), no iba a quedar al margen de esta majadería, por tanto yerro, infamia e injustificadas políticas y desequilibrios entre las islas en sus “equitativos” repartos, para prestar servicios humanitarios y samaritanos a los discapacitados; y a los dependientes de Gran Canaria no se les otorga ni un céntimo de los 4 millones de euros que recibirá para la Ley de Dependencia. Debe ser que son discapacitados inferiores. La administran ahora, después de 2 años de tener en espera a los desolados dependientes. Porque para tal Administración existen otras “urgentes” prioridades en las que gastarse el dinero de los contribuyentes estos recelosos de los gastos públicos en: honradas, limpias y transparentes, como la tropelía, obstinada e innecesaria creación de la policía “guanchancha”. Que será tener otra mamandurria (como diría el ilustre periodista Carlos Sosa).

Mientras, ya se ocupa ATI y sus esbirros mediáticos, con la perfecta argucia de filibusteros, para distraer al personal con sus loquinarias y ridículas soflamas sobre el honorífico título Gran, de Gran Canaria, y su inquina a la isla redonda; y entretanto se ocupen de estas anodinas disquisiciones, ellos por la trastienda maniquean los dineros a favor de la isla picuda, dejando sordos ladridos a la luna en el resto de las islas con alocadas discusiones y lágrimas de acíbar en la isla que más que contribuye: Gran Canaria.

Teo Mesa

Por ello, la sociedad tiene la inexorable obligación de atender samaritanamente a sus conciudadanos incapacitados por distintas y desafortunadas enfermedades, para un eficaz autovalerse en sus vidas con estas ayudas pecuniarias. Esta agónica petición de retribución económica, es un penoso agravio a un colectivo tan necesitado, que raya la indignidad por su anormal súplica y mendicidad a las Administraciones. Este derecho demandado no es fruta apetecible para cualquier humano como principio de su honor, puesto que al gentío de los desvalidos, en todos sus géneros, les sería muy gustoso poder participar en la vida laboral, y de ocio, (a la que tienen acceso los afortunados que carecen de esas enfermedades), por sus propios méritos intelectuales y mejoras en sus capacidades físicas.

Esta Ley, que aún no se aplica íntegramente en Canarias, y en otras comunidades de la nación, ha tenido el infortunio de ser propuesta por un gobierno socialista; y de ahí: el boicot, su fracaso o nula aplicación en las Autonomías gobernadas por el PP, o en su caso CC u otras derechas, que han puesto zancadillas o falaces excusas para su entrada en vigor. Una Ley de este calibre solidario, nunca jamás, se le ocurre ser puntualizada en la órbita de sus programas de CC-ATI o el mismo PP, porque sus pretensiones políticas no están fundamentadas en la solidaridad hacia los que padecen calamidades irreversibles como las físicas o intelectivas. Mientras, se manifiestan como feraces gladiadores en defensa a ultranza contra la ley del aborto (hecho muy respetuoso a sus creencias) en estos fariseos, siendo incapaces de tener un gesto humanitario o de conmiseración con los miles de dependientes en ofrecerles un ínfimo derecho dinerario, para que mínimamente subsistan como seres en la decencia, de una sociedad con honorables vínculos caritativos, por sus incapacidades laborales para obtener un salario, como es deber de un sistema político y social desarrollado.