¿Restringir la acción popular?

Es sabido, y demuestra la grandeza (también la fragilidad) de la democracia que sus libertades, derechos e instituciones pueden ser utilizados por los enemigos de la misma democracia.

En estos tiempos se están dando ejemplos que serán explicados en su día en las Facultades de Derecho. Si, y sólo si, la democracia resiste a este ¡al abordaje!

La respuesta, casi por acto reflejo, al uso de los mecanismos y garantías de la democracia por elementos de la extrema derecha suele ser limitar mecanismos genuinamente democráticos, como lo es el ejercicio de la acción popular, para tratar de impedir a determinados actores su ejercicio abusivo o en fraude de ley. También esa respuesta restrictiva está en ciernes, aquí y ahora.

Sin embargo, las fuerzas democráticas deben ser muy prudentes al respecto.

Las garantías y los principios que identifican la democracia son el fruto de experiencias históricas, con frecuencia turbulentas, de la reflexión política y jurídica sobre esos acontecimientos y de su regulación por normas constitucionales.

Cuando el legislador acomete su tarea debe necesariamente poner la luz larga, observar todo el paisaje y prever la incidencia que sus determinaciones puedan producir en el futuro: sin olvidar en ningún momento los peores escenarios. Peores escenarios aún sobreviviendo la democracia: me refiero a cuando llegan al poder los actores políticos, con todos sus apadrinamientos de los poderes económicos, que aceptan la propia democracia refunfuñando, a regañadientes, y sólo mientras ellos controlen el gobierno.

La experiencia que “he vivido para contarla”, a lo largo de 32 años en la oposición en las instituciones de mi tierra y la que he tenido el privilegio de estudiar durante muchos años de docencia universitaria, me ha enseñado que cualquier restricción a las instituciones y procedimientos de la democracia -con la mejor intención de protegerla- se acaba a la corta o a la larga volviendo en contra de la democracia misma y de quienes están sinceramente comprometidos con su defensa.

Y me ha enseñado también que el Estado de Derecho y la democracia, indisociablemente unidos, se sustentan en una serie de principios, mecanismos, garantías cada uno de los cuales es imprescindible. De forma que si quiebra uno, desde la libertad política, al pluralismo informativo, la independencia de los jueces y su pleno sometimiento a la Ley, todo el sistema quiebra. Y eso lo saben bien los enemigos de la democracia.

Que asociaciones y partidos de ultraderecha o de fiscales conservadores ejerzan la acción popular para socavar la legitimidad de un gobierno progresista no debería tener especial trascendencia, si no contaran con la entusiasta disposición de algunos integrantes del poder judicial que aparecen de repente en el lugar y el momento oportunos.

¿O es que alguien llegó a pensar que el bloqueo y la hegemonía conservadora sobre el Consejo General del Poder Judicial, mantenida durante largos años anti-constitutionem era por amor al arte?

Y así se admiten -en contra del criterio expresamente establecido por el Tribunal Supremo- y se desarrollan larguísimas investigaciones prospectivas, con muchos decibelios de acompañamiento mediático, a partir de querellas formuladas sin aportar los mínimos requisitos indiciarios y sustentadas en un mero refrito de informaciones “periodísticas”, siempre difundidas desde los mismos cenáculos.

Si esto está siendo así -y no es fácil negarlo- la restricciones que puedan establecerse legalmente, más allá de sus posibles problemas de constitucionalidad, y la necesidad de que el cumplimiento de las nuevas exigencias legales deba ser objeto de valoración judicial nos puede devolver de nuevo en el punto de partida: máximas garantías en algunos casos, ancha es Castilla en otros, si esa valoración cae en manos de garcíacastellones, peinados, aguirres…Porque la situación actual no es el resultado del ímpetu antigubernamental de los que sólo aceptan la democracia cuando les conviene.

Pongámonos ahora en el escenario de que las fuerzas conservadoras y ultraconservadoras lleguen al poder. Si han sido capaces de hacer lo que están haciendo para alcanzarlo, a qué no estarán dispuestas para no volverlo a perder para siempre jamás.

La defensa del interés general, de las libertades, de los derechos de los trabajadores, de la igualdad, del Estado Social, del medioambiente, de la legalidad democrática y el control de los excesos a que suele dar lugar la concentración del poder político y del económico en las mismas manos (es decir, el gobierno de “los millonarios” al que se refería Sartorius en un artículo de hoy mismo), constituyen una función social imprescindible y debe ser santo y seña de las fuerzas progresistas cuando están en la oposición.

Y será justamente entonces, cuando las restricciones que se establezcan para frenar los abusos y fraudes de ley de la extrema derecha y del conservadurismo que la sigue a rastras en nuestra querida España se volverán contra la propia democracia.

La función opositora se desenvuelve en un escenario especialmente desigual, especialmente cuando es la izquierda la que tiene que efectuar el control del poder político. ¿O es que alguien cree que los medios “informativos” que se desgañitan denunciando a toda hora los errores y corruptelas reales o imaginarios de un gobierno progresista van a seguir haciendo lo mismo si la constelación conservadora ultra llega al poder?

Y en esos escenarios -lo sé bien- , si el camino de acceso a la justicia se convierte en una vereda angosta, la sensación de impunidad de los gobernantes puede ser absoluta. Y los efectos de algunas de sus actuaciones, devastadores.

Las administraciones públicas disfrutan de un status especial: presunción de legalidad, ejecutividad de sus actos…que convierte en difícilmente reversibles las consecuencias de actos o acuerdos simplemente ilegales, cuando no delictivos.

La oposición, en los miles de entidades locales, además de las carencias de medios de asesoramiento legal, tiene que afrontar el riesgo derivado de la regulación de las costas procesales en la jurisdicción contencioso administrativa, basado incomprensiblemente en el principio objetivo (es decir, el que pierde paga). Los gobernantes cargan sus condenas en costas al presupuesto, y así instancia judicial tras instancia, y los miembros de la oposición tendrán que abonarlas de sus bolsillos. Obstáculo disuasorio y casi infranqueable para ejercer el derecho fundamental de acceso a la justicia, en defensa de los intereses públicos y de la legalidad democrática.

Esa realidad convierte la acción penal en una última trinchera de la ciudadanía y de la oposición para el control de las ilegalidades más graves perpetradas desde el poder, las que tienen naturaleza delictiva. Y su ejercicio por parte de la oposición, si está fundamentado, coloca a la Fiscalía ante su propio espejo.

Estas y otras muchas circunstancias deben ser ponderadas, haciendo el ejercicio de imaginación legislativa que aconsejaba el maestro Jiménez de Asúa durante la modificación del Código Penal en la II República, antes de acometer una regulación restrictiva del ejercicio de la acción popular.

Mi experiencia me ha demostrado que la inmensa mayoría de jueces, juezas, fiscalas y fiscales cumplen cabal y solventemente sus primordiales responsabilidades con la democracia. Quiero dejarlo bien claro, porque si -en las actuales circunstancias- la imagen y el crédito de la judicatura y de la fiscalía se estuvieran viendo erosionados, la reacción corporativa no es el camino más aconsejable para preservarlos. Sino, como dice el dicho, el de separar el trigo de la paja.

Es sabido, y demuestra la grandeza (también la fragilidad) de la democracia que sus libertades, derechos e instituciones pueden ser utilizados por los enemigos de la misma democracia.

En estos tiempos se están dando ejemplos que serán explicados en su día en las Facultades de Derecho. Si, y sólo si, la democracia resiste a este ¡al abordaje!