Risco Caído y el patrimonio arqueológico de Gran Canaria: apuntes para un plan B

Hace unos años, en un artículo publicado en junio de 2012 en Canarias Ahora (El arte rupestre de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria Patrimonio de la Humanidad), señalaba que, a partir del descubrimiento de Risco Caído, habría un antes y un después en la gestión del patrimonio arqueológico insular. En cierta medida así ha sido, máxime si consideramos que, siguiendo el impulso del Cabildo grancanario, todas las administraciones afectadas (Ayuntamientos de Agaete, Artenara, Gáldar y Tejeda, el Gobierno de Canarias, el Gobierno central y las Cortes españolas, en particular la Cámara Alta) han apoyado la nominación de esta zona arqueológica para que sea declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Esto se ha visto redondeado con el apoyo que han dado los monarcas españoles a la propuesta en su reciente visita a las Islas, lo que contribuye a cerrar el posicionamiento institucional, aportando un plus mediático, en pro de la consecución de tal premio. Tal unanimidad, nunca antes vista, no solo reconoce las cualidades de este Bien de Interés Cultural que alberga valores que se expanden allende de nuestras fronteras insulares, sino que supone una toma de posición conjunta e inequívoca de todas las administraciones implicadas (local, autonómica y estatal) en pro de la defensa de este lugar emblemático y aquellos otros que le acompañan en su candidatura para formar parte del Patrimonio de la Humanidad. Ciertamente, comprobar cómo las distintas administraciones implicadas van todas a una es algo novedoso, y muy positivo, al igual que lo es que recientemente se hayan incoado diversos expedientes para su declaración como Bien de Interés Cultural para varios de los yacimientos afectados por la citada propuesta que aún no habían sido considerados como tal, una situación administrativa que no podía sostenerse y que ya comenté en un artículo publicado a fines del pasado año. (Risco Caído, el Patrimonio Arqueológico de Gran Canaria y los Bienes de Interés Cultural. Canarias Ahora, Diciembre 2016).

Sí, las administraciones han arrimado el hombro en esta singladura declarativa. Ha sido tal el fervor mostrado por las autoridades competentes, que las expectativas creadas en torno a la declaración por la UNESCO de “Risco Caído y los espacios sagrados de Montaña en Gran Canaria” como Patrimonio de la Humanidad parece que se disparan y quizás no se está teniendo en cuenta las consecuencias que podrían surgir en el supuesto que no se consiga tal premio. En esta tesitura se han visto en otras ocasiones muchos bienes de interés cultural, tanto españoles (por ejemplo, el caso de los yacimientos de la cultura talayótica en Menorca), como extranjeros, que estando en la denominada Lista Tentativa –en la que a día de hoy se encuentra Risco Caído- y, a pesar de contar con múltiples avales, no lograron su definitiva incorporación al Patrimonio de la Humanidad. ¿Qué pasaría si eso ocurriera en nuestro caso? ¿Hay un Plan B?

Entiendo que, en el proceso administrativo en el que se encuentra Risco Caído, la cautela debe acompañar la actitud de los representantes de la “res pública”. No entro ahora a valorar la conveniencia de publicitar el yacimiento por ferias internacionales de turismo o al uso que, por ejemplo, se hace de la secuencia lumínica que se observa en Risco Caído en el escenario del Auditorio Alfredo Kraus en la pasada edición de los de Honores y Distinciones del Cabildo de Gran Canaria. Lo que en cierta manera me preocupa no es tanto la utilización en sí de los valores patrimoniales, sino que se proyecte un discurso -un punto eufórico- que oculta la verdadera situación del Patrimonio Arqueológico de la Isla, que si bien ha conocido un cierto reconocimiento y realce en las últimas décadas, sin duda producto del establecimiento de un contexto constitucional, sobre el que se ha construido un marco jurídico (dotado de legislación específica) que a su vez ha favorecido la creación de estructuras administrativas, mejoras sustanciales en las inversiones destinadas a su protección y conservación, etc, etc., acciones en efecto muy importantes en pro de la defensa del PA, que nos permiten afirmar, si comparamos lo que había hace unas décadas con lo que sucede en la actualidad, que la diferencia es como la de la noche al día. Sin embargo a pesar de los pesares, la situación no está para tirar voladores y además de los aciertos hay que resaltar errores clamorosos entre los que destacaría, entre otros, la incapacidad de las administraciones autonómica e insular, que tienen responsabilidad en la materia, para dar respuesta a la situación de “los muertos de la Autopista del Sur”.

Pero creo que no es el momento de apuntar hechos concretos que describen una forma de gestionar que, por no darle un calificativo altisonante, entiendo que es manifiestamente mejorable y que ha estado caracterizada por múltiples altibajos, dominada la mayor parte de de las veces por criterios arbitrarios, algo propio de las visiones alicortas de los responsables de su gobernanza durante un largo período. Habrá quien considere este planteamiento como pesimista/derrotista, otros verán la botella media vacía, o media llena, pero otros –una gran mayoría de nuestros conciudadanos- ni la ven, ni la miran.

En cualquier caso, es obvio que las administraciones públicas tienen la responsabilidad y el deber de salvaguardar no solo los Bienes Culturales que aspiran a ser declarados como Patrimonio de la Humanidad, sino todo el patrimonio arqueológico insular. Es de sentido común optimizar medios y recursos, fortalecer y mejorar lo que hasta ahora, indiscutiblemente con el esfuerzo de muchas y muchos, se ha realizado (la botella medio llena).Por ello, entiendo que, dada la coyuntura que nos brinda la novedad de Risco Caído, es pertinente reordenar y planificar la gestión del patrimonio arqueológico insular para lo cual es ineludible incidir en una serie de temas que requieren sin demora de una actuación decidida por parte de la administración insular. Es el momento de intervenir para afrontar una problemática que, entre otras cuestiones, afecta a las pautas de la gestión de estos sitios y que puede interferir en la ansiada Declaración.

Para ello, en primer término, es preciso constatar la existencia de los déficits que caracterizan la gestión del Patrimonio Arqueológico de GC, siempre imbuida por una dinámica en la que ha imperado el “laissez faire, laissez passer”. En este sentido, podría señalar diversos aspectos de la gestión del patrimonio arqueológico insular que ilustran la mala praxis aludida y que también afecta a la propuesta de Risco Caído. Podría referirme al Uso Público de los yacimientos arqueológicos, con todas las variantes que se quiera plantear en este campo, desde el uso turístico hasta la Educación e Interpretación Patrimonial o a otros apartados igualmente estructurales como la organización administrativa (Servicio insular de Patrimonio, Comisiones Municipales de patrimonio, …) o la Investigación, etc.

Sin embargo, concretamente, quiero plantear una cuestión que incumbe a los sitios nominados y a TODO el Patrimonio Arqueológico insular. Específicamente, me referiré a un capítulo que considero capital para su ordenación y gestión. Hoy Gran Canaria, al contrario de lo que ocurre en el resto de las Islas, no cuenta con un Museo Arqueológico Insular. Hablo pues de un organismo non nato al que, entre otros fines y objetivos, como está estipulado legalmente, le correspondería gestionar los Museos de Sitio y por extensión los Parques Arqueológicos de la Isla. No conocemos aún que figura de protección de las definidas en la legislación vigente se contempla para enmarcar administrativamente los yacimientos que están nominados, aunque si sabemos que en la clasificación de la UNESCO están encuadrados en la Lista Indicativa con número de referencia 6081, atendiendo a la categoría de PAISAJES CULTURALES (http://whc.unesco.org/fr/listesindicatives/)

Siendo, como así es, que esta es una figura administrativa que no está recogida en la legislación vigente, la administración competente deberá determinar si Risco Caído y los yacimientos que le acompañan en la propuesta se catalogarán como Museo (o Museos) de Sitio o como Parque Arqueológico (o Parques Arqueológicos). Sea como fuere, la Ley es bien explícita indicando que es a los Museos Arqueológicos Insulares a quién corresponde la gestión de los Museos de Sitio ergo Parques Arqueológicos. Si no contamos en la Isla con un Museo Arqueológico es razonable que nos preguntemos (y nos preocupemos) por saber quién y cómo va a gestionar esos Bienes, independientemente que sean declarados o no por la UNESCO.

La necesidad de contar con un Museo Arqueológico en la Isla, obviamente de carácter público, es inexorable no solo porque así se determina por ley, si no porque la Isla cuenta con un patrimonio arqueológico -incluido el de la fase histórica- muy potente que precisa de un centro de esa índole que coadyuve de manera central en las múltiples tareas de protección, conservación y difusión que le son inherentes.

Este tema es un paradigma de los problemas reales que en la actualidad presenta la gestión del patrimonio arqueológico insular, que también atañen a la gestión de Risco Caído, y que no se resuelven si no se les encara y tampoco se solucionan por el mero hecho de contar con una nominación planetaria que se acabará plasmando o no en su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

En mi opinión, dar respuesta a esta situación supondría articular un primer eslabón de la cadena de acciones que debe ponerse en marcha para resolver las dificultades que presenta la gestión del patrimonio arqueológico de Gran Canaria. Creo que lo conveniente sería implementar un Programa de Actuación integral, buscando el consenso con todas las partes afectadas, con participación ciudadana, que se articularía como un auténtico Plan B que, independientemente de que se lograra el ansiado galardón de la UNESCO, si respondería a unas expectativas objetivas y además daría completitud a las necesidades reales que un legado de tal magnitud precisa.