Secreto profesional

Se ha iniciado la decimotercera Legislatura en las Cortes Generales. El desarrollo legislativo del secreto profesional de los periodistas es uno de los asuntos pendientes. Cabe confiar en que, dentro del maremágnum de los problemas políticos y las demandas sociales, haya tiempo para debatirlo, tratarlo y regularlo.

Las necesidades son acuciantes desde aquel caso Cursach en Baleares, a propósito de una intervención del juez Miguel Florit a quien le fue reprochado, por organizaciones profesionales, académicas y ciudadanas, que alguna decisión suya pusiera en riesgo el derecho a ese secreto. Un Manifiesto en defensa del Derecho a la Información y la Libertad de Prensa, rubricado con más de mil setecientas firmas, circuló por España. El documento ponía de relieve la exigencia del respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad, lo que implica velar por su derecho constitucional del secreto profesional.

“El registro policial y la incautación judicial de ordenadores, móviles y documentación a periodistas [de los medios que informaban del caso, Diario de Mallorca, EFE Baleares y Europa Press Baleares] para identificar una fuente de informaciones en un caso de corrupción -decía el Manifiesto- suponen un grave atentado contra la libertad de prensa”. Los firmantes reclamaban el respeto a un periodismo libre y discrepaban del criterio de la Fiscalía General del Estado consistente en apoyar las actuaciones coercitivas hacia loa periodistas que informan sobre casos relevantes de corrupción.

Pues el presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), Nemesio Rodríguez, ha repescado la cuestión no resuelta del secreto profesional en el curso de una intervención producida recientemente en Elche, para ir fijando posiciones. Rodríguez es partidario de que los grupos parlamentarios, si deciden acometer el estudio de este asunto, consulten a las organizaciones profesionales, con la FAPE a la cabeza, primera de España con cuarenta y nueve asociaciones federadas y dieciocho vinculadas que, en conjunto, representan a más de dicienueve mil asociados.

Sostiene el presidente de la Federación que se intente regular el secreto profesional si se orienta a la restricción de libertades. Estima que lo ideal sería un texto articulado breve, concreto, “similar al de la Ley de la Cláusula de Conciencia y con un contenido excepcional de limitaciones en la misma línea de lo que refleja el código deontológico de la FAPE”, dijo en la citada intervención. En efecto, el mencionado Código establece el derecho y el deber del periodista a la hora de garantizar la confidencialidad de las fuentes de información, y también las limitaciones.

Si convenimos en que hay que proteger la identidad de las fuentes y a su vez, garantizar el derecho de información de la ciudadanía, es indispensable actuar profesionalmente con respeto y confianza pues hay fuentes que, por distintas razones, desean no ser identificadas pues igual se pone en riesgo su vida, su seguridad o su trabajo. Nemesio Rodríguez señaló que “lo que no debemos hacer es quedarnos solo con esa información que nos facilita la fuente anónima. Tenemos que confirmarla, ampliarla y explicarla”.

Son antecedentes y posturas que deben ser tenidos en cuenta si es que los grupos parlamentarios acometen, por fin, en la legislatura recién estrenada, la regulación legal de esta controvertida cuestión. Es negativo ocultar fuentes para difundir rumores o falsedades bajo el amparo del secreto profesional. Luego, como subraya el propio presidente de la FAPE, “el uso del secreto profesional ha de hacerse con honestidad y rigor, porque no todo vale en periodismo”.

Se ha iniciado la decimotercera Legislatura en las Cortes Generales. El desarrollo legislativo del secreto profesional de los periodistas es uno de los asuntos pendientes. Cabe confiar en que, dentro del maremágnum de los problemas políticos y las demandas sociales, haya tiempo para debatirlo, tratarlo y regularlo.

Las necesidades son acuciantes desde aquel caso Cursach en Baleares, a propósito de una intervención del juez Miguel Florit a quien le fue reprochado, por organizaciones profesionales, académicas y ciudadanas, que alguna decisión suya pusiera en riesgo el derecho a ese secreto. Un Manifiesto en defensa del Derecho a la Información y la Libertad de Prensa, rubricado con más de mil setecientas firmas, circuló por España. El documento ponía de relieve la exigencia del respeto al ejercicio de los periodistas en su labor informativa con garantías de independencia y libertad, lo que implica velar por su derecho constitucional del secreto profesional.