Una segunda oportunidad

En el último pleno celebrado en el Parlamento de Canarias, hemos vuelto a abordar la privatización de AENA, asunto que ya fue objeto de debate en la Cámara en numerosas ocasiones durante la legislatura pasada.

También recientemente ha sido aprobada la creación de una comisión de estudio sobre la situación del transporte en Canarias. En ambas oportunidades y como portavoz parlamentario de Obras Públicas y Transportes, he insistido en que nos encontramos, en materia de conectividad aeroportuaria, en una situación de incertidumbre por la privatización de AENA. Es necesario defender la titularidad pública de puertos y aeropuertos, y así lo hemos subrayado en el Parlamento de Canarias; debemos tener absolutamente claro el carácter estratégico y de interés general de los aeropuertos canarios.

La venta a precio de ganga de una empresa rentable y competitiva ha sido contraria al interés general, sin una sola gestión privada que lo justifique. Un año después su cotización supone el doble de la cifra de venta. Por si fuera poco, éste no es el único indicativo de que estamos ante una decisión inadecuada, pues la primera decisión del Consejo de Administración después de la privatización fue congelar el precio de las tasas, que fue rechazada por la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia (CNMC), dado que debía bajar cerca de un 2 por ciento. La segunda decisión, ambas con el voto favorable de los representantes del Gobierno del Partido Popular, fue recurrir esta resolución de la CNMC. Nada de interés general.

¿Cómo aumenta sus ingresos un operador privado? En este caso, tiene básicamente dos vías: la primera es aumentar el precio de las tasas, decisión que, como digo, fue rechazada por la CNMC y, por otro lado, el aumento de los alquileres del suelo aeroportuario, presión que en el caso de los aeropuertos de Canarias incluye ahogar a empresas locales que han estado toda la vida en los aeropuertos y que no pueden afrontar, en algunas ocasiones, los nuevos costes. Este ejemplo lo hemos tenido en El Hierro en los últimos meses.

No me vale la argumentación equivocada que escuché en el pleno sobre que éste fue un camino que abrimos los socialistas. El PSOE nunca inició un proceso de privatización, lo que hizo fue crear un marco legal para que, si un gobierno se viera obligado a hacerlo, porque de hecho se dieron las condiciones objetivas, lo pudiera hacer. Fue un presidente del Partido Popular quien privatizó AENA, el mismo presidente al que otros partidos decidieron prorrogarle el contrato en la sesión de investidura. Y si queremos buscar referencias, busquemos la del señor Tsipras en Grecia, que ha cedido la explotación de 14 aeropuertos griegos (entre ellos los más rentables como Corfú, Mikonos o Santorini) al grupo alemán Fraport por más de 40 años como condición impuesta por la Unión Europea para el tercer rescate, de forma contraria a lo sostenido en campaña electoral.

Volviendo a Canarias, ahora llega al debate una novedad, en forma de dos sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que, a pesar de su sentido desestimatorio en lo relativo a los acuerdos recurridos, abren una oportunidad irrenunciable, la posibilidad de reclamar la competencia por poder entenderse que la privatización supone el paso a una gestión indirecta, por lo que estaría el Gobierno de Canarias en disposición de reclamar la competencia de determinados servicios aeroportuarios. En este sentido, el Acuerdo por la Gobernabilidad de Canarias suscrito entre el Partido Socialista Canario y CC recoge la voluntad de recibir la transferencia de la competencia de tráfico aéreo interinsular y, en este sentido, el Gobierno y la consejera de Obras Públicas y Transportes están siendo absolutamente coherentes con el acuerdo.

No estoy seguro de que la asunción inmediata de la gestión de estas competencias en este momento sea lo más adecuado, sobre todo por la complejidad que implica la gestión aeroportuaria, pero de lo que no tengo la menor duda es de que estas sentencias abren un camino que va a condicionar las relaciones bilaterales del Estado con Canarias, e introduce un nuevo elemento en las negociaciones abiertas a favor de las Islas.

Por último, no pude dejar de sonrojarme al escuchar a la portavoz del Partido Popular defendiendo las sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo como victorias del Gobierno del Partido Popular. Hay que ser miope para no ver la trascendencia de estas resoluciones judiciales, pero ya se sabe, no hay más ciego que el que no quiere ver y lo que realmente me produce indignación es la señora Navarro, cuando habla de vencedores y vencidos. No se da cuenta de que, en cualquier caso, los que pierden siempre con el señor Rajoy y el señor Soria son los ciudadanos.