Sensibilidad y compromisos

El uno de enero de 2007 entró en vigor la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Por todo ello, muchas fueron las familias afectadas que se ilusionaron y soñaron ante la aprobación de la mencionada Ley, pues de alguna manera con la creación de la Ley de Dependencia, permitiría a todas estas familias afectadas, aliviar las duras tareas, difíciles y comprometidas tareas que tienen que sus respectivos familiares. Veinte meses después de su entrada en vigor, la Ley de la dependencia sigue atascada en Canarias, debido principalmente, a la falta de una estrategia política del Gobierno de Canarias, y en concreto, a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, cuya consejera Inés Rojas está demostrando no tener la suficiente habilidad política social, para que el gobierno central de una vez por toda se de cuenta de la verdadera problemática y tragedia familiar que existe en Canarias con el tema de los derechos humanos y la aplicación de la Ley de Dependencia.

Según datos oficiales, el Archipiélago canarios cuenta con unas cuarenta mil personas dependientes, de las cuales, seis mil cuatrocientas están consideradas grandes dependientes y según el calendario de la Ley, desde el pasado 2007, ya deberían estar recibiendo algún tipo de prestación de las previstas, según las valoraciones (atención domiciliarias, cuidador/a, plaza residencial, centro de día y prestación económica. Del mismo modo, y teniendo en cuenta que, actualmente solo 451 personas en Canarias reciben algún tipo de prestación, se pueden imaginar una idea de monumental retraso del desarrollo de la Ley en la comunidad autónoma de Canarias. Ante esta nefasta Ley de Dependencia en Canarias, poco sensibilizada y escuchada por el gobierno de Zapatero, esta obligando a las personas en situación de dependencia a un humillante mendigar de sus derechos reconocidos por Ley.

Por todo ello, y ante ese vacío institucional por parte del gobierno de canaria y central con las personas en situación de dependencia, muchas de ellas en estado verdaderamente grave, los colectivos afectados no han tenido más remedio que protestar ante las puertas de Presidencia del Gobierno de Canarias. Familias, que viven desesperadas, angustiadas, hipotecadas por sus propios destinos de la vida y por ciertas negligencias médicas en los respectivos partos. Una sociedad, que presume ser reivindicativa, democrática y evolucionista, pero cobarde y poco participativa y comprometida con problemas tan complejos y graves con los que actualmente cuenta las personas dependientes en Canarias. Hoy, les toco a ellos. Mañana, nos puede tocar a nosotros.

Rafael Lutzardo

El uno de enero de 2007 entró en vigor la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Por todo ello, muchas fueron las familias afectadas que se ilusionaron y soñaron ante la aprobación de la mencionada Ley, pues de alguna manera con la creación de la Ley de Dependencia, permitiría a todas estas familias afectadas, aliviar las duras tareas, difíciles y comprometidas tareas que tienen que sus respectivos familiares. Veinte meses después de su entrada en vigor, la Ley de la dependencia sigue atascada en Canarias, debido principalmente, a la falta de una estrategia política del Gobierno de Canarias, y en concreto, a la Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda, cuya consejera Inés Rojas está demostrando no tener la suficiente habilidad política social, para que el gobierno central de una vez por toda se de cuenta de la verdadera problemática y tragedia familiar que existe en Canarias con el tema de los derechos humanos y la aplicación de la Ley de Dependencia.

Según datos oficiales, el Archipiélago canarios cuenta con unas cuarenta mil personas dependientes, de las cuales, seis mil cuatrocientas están consideradas grandes dependientes y según el calendario de la Ley, desde el pasado 2007, ya deberían estar recibiendo algún tipo de prestación de las previstas, según las valoraciones (atención domiciliarias, cuidador/a, plaza residencial, centro de día y prestación económica. Del mismo modo, y teniendo en cuenta que, actualmente solo 451 personas en Canarias reciben algún tipo de prestación, se pueden imaginar una idea de monumental retraso del desarrollo de la Ley en la comunidad autónoma de Canarias. Ante esta nefasta Ley de Dependencia en Canarias, poco sensibilizada y escuchada por el gobierno de Zapatero, esta obligando a las personas en situación de dependencia a un humillante mendigar de sus derechos reconocidos por Ley.