La sentencia del Tribunal Constitucional estaba cantada

No sé si toda esta opereta será el fruto del desconocimiento, del aventurerismo, o de las dos cosas.

El Tribunal Constitucional ha hecho lo único que podía hacer con el recurso de inconstitucionalidad que Rivero y Soria presentaron contra los Presupuestos Generales del Estado para 2008: desestimarlo.

Algunos --pocos-- lo dijimos cuando, en vísperas de las elecciones generales de 2008, Paulino estaba haciendo el trabajo a su candidato de entonces, Mariano Rajoy: ni una Ley ordinaria (como las del Régimen Económico y Fiscal) ni siquiera un Estatuto de Autonomía, que es una Ley Orgánica y forma parte del bloque de constitucionalidad, pueden contradecir la Constitución.

La Constitución es la norma suprema, clave del sistema jurídico y contiene las principales decisiones sobre el orden social y sobre el sistema político. Entre esas decisiones figuran las que atribuyen al gobierno estatal la dirección política del país. Si Gobierno estatal tiene el monopolio para la elaboración del Presupuesto, la razón es evidente: es la principal herramienta de dirección política.

No se puede, por tanto, condicionar previamente esa potestad del Gobierno, ni se puede vincular a las Cortes Generales a la hora de examinar, enmendar y aprobar el Presupuesto porque tienen la potestad de velar por la asignación y distribución equitativa de la riqueza entre los diversos territorios. Esto es lo que dijo el Tribunal Constitucional al analizar el Estatuto de Cataluña y lo que tenía que decir sobre el Ref o sobre cualquier otra norma que cuestione competencias esenciales de las Instituciones estatales

Los sucesivos gobiernos nacionalistas de Cataluña y Euskadi han intentado reiteradamente, a través de la presión política y parlamentaria o por medio de la reforma de sus Estatutos, cambiar el orden constitucional de competencias en esta materia. Otros gobiernos autonómicos han tratado de imitarles, sin tomar conciencia de que la solidaridad entre los territorios no es posible con un Gobierno estatal reducido a la impotencia.

Un Gobierno al que se le dé hecho el Presupuesto o condicionada de antemano la política de inversiones, es un mero gobierno de papel. Y un Estado, sea centralista o federal, cuyo gobierno no pueda ejercer la dirección política, priorizar las inversiones, definir los criterios de solidaridad, esfuerzo fiscal? no es un Estado viable.

Tratando de forzar estérilmente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional lo único que Paulino y Soria entonces, y el propio Paulino y José Miguel Pérez y Cía. Ahora, que han conseguido es devaluar políticamente las disposiciones del REF sobre inversiones estatales en Canarias. No eran exigibles jurídicamente, pero a partir de ahora será más difícil enarbolarlas políticamente.

La intensidad de los efectos de las crisis en Canarias se debe a los perniciosos efectos de la obsesión de la derecha europea y española por la contención del déficit como única receta; pero también porque, después de años de bonanza económica y de muchas oportunidades perdidas, Canarias se vio ante el sunami con una economía vulnerable y una sociedad agrietada por graves desigualdades. Y de estos factores añadidos de agravamiento nadie responde, porque el sistema político del Archipiélago está concebido para impedir la rendición de cuentas de los gobernantes y la alternancia política.

Por eso es imperdonable que, legislatura tras legislatura, los aliados de turno de Coalición Canaria se presten al escapismo permanente. Que es nefasto para Canarias y suicida para los que hacen de comparsa.

Exigir desde Canarias la reforma de la Constitución, precisamente para condicionar competencias esenciales del gobierno estatal, es un grave desatino. Un Ejecutivo débil no estará en condiciones de responder a las personas y a los territorios que más lo necesitan. Y si no lo puede hacer el Gobierno de España, ¿quién lo hará?

No sé si toda esta opereta será el fruto del desconocimiento, del aventurerismo, o de las dos cosas.

El Tribunal Constitucional ha hecho lo único que podía hacer con el recurso de inconstitucionalidad que Rivero y Soria presentaron contra los Presupuestos Generales del Estado para 2008: desestimarlo.