La sombra del retroceso

Hoy, 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el panorama político global enfrenta una coyuntura inquietante.

La socióloga y teórica feminista Rosa Cobo ha reflexionado en un análisis reciente sobre la evolución histórica del feminismo y los desafíos actuales que enfrenta en el contexto de la cuarta ola. En un escenario global marcado por la creciente influencia de la ultraderecha, advierte sobre las amenazas que estos movimientos representan para los derechos de las mujeres y las niñas en la lucha contra la violencia de género“.

Estos movimientos, liderados por figuras como Donald Trump en Estados Unidos, amenaza con desmantelar años de progreso en justicia social, derechos humanos y protección del bienestar. Estos movimientos ultraconservadores y populistas en nombre de la “libertad de expresión” y la “soberanía nacional” han orquestado campañas para debilitar las políticas de igualdad de género y desmantelar los marcos legales que buscan proteger a las mujeres contra la violencia y la discriminación. Ya en su mandato anterior, Donald Trump suprimió medidas destinadas a combatir la discriminación laboral, la brecha salarial, el acoso sexual en el trabajo y el abuso sexual en la escuela y la universidad, así como el derecho al aborto. La defensa de los derechos de las mujeres se enfrenta a una ofensiva que amenaza con erosionar las bases mismas de la democracia, de las instituciones de derechos humanos y los logros de los movimientos sociales.

La sombra del retroceso en derechos

El feminismo, en su historia de resistencia, transformación y emancipación, ha pasado por diversas etapas históricas, cada una de ellas enfrentando desafíos específicos:  

Con la primera Ola en el  siglo XIX y principios del XX, donde la lucha en superar los obstáculos de iure, los derechos civiles y políticos, como el voto y la participación de las mujeres en la vida pública, los derechos de propiedad… marco el comienzo de una nueva etapa para las mujeres.  En una segunda Ola, desde los años 60 hasta finales de los 80, centrada en la desigualdad no-oficial, de facto, donde se aborda la igualdad de género en el ámbito laboral, la autonomía sexual y reproductiva, derecho al aborto y la denuncia de la violencia género. Y es en la tercera Ola, décadas de 1990 a 2000, en pleno nuevo orden mundial neoliberal y conservador, surge el feminismo posmoderno, que camina hacia un feminismo del punto medio, nueva teoría ecofeminista, ciberfeminismos y la eoría queer, una filosofía de la sospecha, desde donde se incorpora una perspectiva interseccional, sumando a la lucha feminista la denuncia de otras opresiones como el racismo, la homofobia y la discriminación económica. Desde 2010 hasta nuestros días, nos encontramos en la cuarta ola, caracterizándose por su alcance global y digital, dando voz a mujeres de todo el mundo a través de movimientos como #MeToo y Ni una Menos. Esta ola ha intensificado la lucha contra la violencia de género, y con mayor claridad, la violencia sexual, mientras que aboga por una justicia social inclusiva.

Es en este momento donde los desafíos y retrocesos político hacen que esta cuarta ola de avances feministas se enfrente a un panorama complejo, en la retórica de líderes de ultraderecha que ha buscado sistemáticamente socavar la agenda de derechos de las mujeres. Para muchos de estos líderes, el feminismo, la justicia social y las políticas de inclusión han sido señalados como enemigos del “orden tradicional” o de una identidad nacional conservadora. No es coincidencia que uno de los primeros puntos de su agenda sea revertir las políticas de igualdad. Estos líderes han apoyado medidas que limitan el acceso a servicios esenciales para las mujeres, como la salud reproductiva, y han intentado, en numerosos casos, reducir los fondos destinados a la prevención de la violencia de género y desmantelar servicios de atención y reparación a mujeres víctimas de esta lacra.

Desmantelamiento del Estado de bienestar: El impacto en las mujeres

El impacto de estas políticas va más allá de la esfera individual y afecta a los cimientos de las sociedades democráticas. El Estado de bienestar, que brinda redes de seguridad y servicios básicos como salud, educación y vivienda, se encuentra bajo ataque por estos movimientos. La reducción de programas sociales y el desmantelamiento de estructuras de apoyo afectan particularmente a las mujeres, quienes históricamente han dependido más de estas redes por su posición de desventaja en el mercado laboral y la carga de trabajo no remunerado que soportan, totalmente cuantificada en el PIB de los países, en el apartado “cuentas satélites”. La contabilidad satélite es en esencia un esquema analítico-funcional que permite estructurar mediciones físicas y monetarias de entidades específicas con carácter social, económico o ambiental, vinculadas a procesos que resultan de fundamental relevancia para el bienestar y el desarrollo de los sectores institucionales de un país: instituciones sin fines de lucro, y el sector de los hogares.

Los recortes en programas sociales también tienen un impacto directo en la capacidad de muchas mujeres para escapar de situaciones de violencia.  Los servicios de apoyo a las víctimas, y las líneas de ayuda, son esenciales en la lucha contra la violencia de género. Al debilitar estos programas, los gobiernos de ultraderecha están limitando gravemente las opciones de las mujeres que buscan protegerse y reconstruir sus vidas lejos de sus agresores.

La instrumentalización de las mujeres en políticas ultraliberales, que priorizan los intereses del mercado, podría exacerbar la explotación y precarización laboral en sectores donde ellas ya enfrentan mayores desventajas.

El peligro para la democracia y la justicia social

La lucha contra la violencia de género es también una lucha por la democracia. La igualdad y el respeto a los derechos humanos son pilares fundamentales de las sociedades democráticas, y su debilitamiento supone una amenaza para todos los ciudadanos. La violencia de género y el menosprecio por las políticas de igualdad reflejan una visión del mundo que legitima la discriminación y el autoritarismo, y que busca eliminar cualquier resistencia al poder de los líderes autoritarios.

Este 25 de noviembre se llevará a cabo en un contexto en el que millones de mujeres alrededor del mundo se ven no solo en riesgo de violencia, sino de una marginación y vulnerabilidad profundizadas por estas políticas. Las acciones de gobiernos ultraconservadores amenazan con borrar décadas de lucha y conquistas en favor de los derechos de las mujeres. En este sentido, el llamado a la movilización social es urgente. Organizaciones, activistas y ciudadanos en general tienen la responsabilidad de hacer valer la importancia de la igualdad, la justicia y la protección de los derechos humanos.

El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres no puede quedarse en una conmemoración simbólica. La creciente influencia de las políticas regresivas plantea el reto de defender los logros alcanzados y seguir trabajando en favor de un futuro en el que la igualdad de género sea una realidad. Este 25 de noviembre, el mundo debe hacer un llamado colectivo para recordar que los derechos humanos son innegociables y que cualquier intento de socavarlos constituye una amenaza para la democracia y la dignidad humana.

La violencia contra las mujeres es, en última instancia, una manifestación del deseo de dominación y control. Las políticas neoliberales no solo atacan a las mujeres, sino también a la base misma de sociedades democráticas y justas.

La resistencia activa y el compromiso social son las únicas armas para asegurar que este 25 de noviembre sea una oportunidad para reafirmar un compromiso global en defensa de la vida y la dignidad de las mujeres. No es un “asunto de mujeres”, sino un compromiso común de la humanidad por su propio futuro. 

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