Las Teresitas: una historia para dormir por José Manuel Corrales (*)

Ante esta operación urbanística extraña y rocambolesca y ante la petición generalizada de que se diesen explicaciones claras y convincentes, el hasta ahora alcalde de Santa Cruz no solo no responde adecuadamente sino que se defiende patéticamente utilizando a la ciudadanía como un escudo protector, confundiendo y mezclando su persona y su actuación, con el pueblo de Santa Cruz y con el Ayuntamiento.En estos meses hemos visto declaraciones exculpatorias y nerviosas de un alcalde que se atreve a señalar a jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como si fuesen meros empleados que actúan por instrucciones políticas del Gobierno de España o de un ex ministro concreto. Además hemos tenido que padecer campañas propagandísticas con cuantiosos recursos públicos que intentan justificar lo injustificable, generando una cortina de humo y provocando solo confusión.El hasta ahora alcalde de Santa Cruz no explica que hoy es protagonista de una querella criminal (a pesar del secreto del sumario algunas informaciones apuntan que ya esta procesado) porque estaba en el consejo de administración de la entidad bancaria que concedió el crédito de 30 millones a Inversiones Las Teresitas para comprar los terrenos y porque posteriormente, como regidor del municipio, impulsó sospechosamente la compra de parte de los terrenos costeros. En el consejo de administración de la entidad bancaria que concedió el crédito también estaba uno de los propietarios de la empresa que solicitó el préstamo, compró los terrenos y logró los 120 millones de euros de beneficios.La querella interpuesta contra los protagonistas de esta operación señala la probable mala gestión del dinero municipal, al no haber acudido a fórmulas menos onerosas como la expropiación de los terrenos y la posible ilegalidad en que se ha podido incurrir ya que ningún funcionario ha valorado el suelo comprado y las plusvalías otorgadas en el convenio. Cuanto menos es extraño que Inversiones Las Teresitas haya conseguido quintuplicar el valor de su inversión sin haber movido un solo ladrillo, sin realizar inversión posterior alguna que justificase la magnitud de sus beneficios y sin otorgar ninguna compensación al municipio de Santa Cruz de Tenerife.Una serie de interrogantes sobre esta operación urbanística se agolpan en la cabeza de cualquier ciudadano de Santa Cruz de Tenerife o de Canarias, interrogantes que a día de hoy no han sido contestados. En la tramitación del expediente que condujo a la firma del Convenio de Las Teresitas, y a la consiguiente compra de los terrenos del denominado Frente de Playa, ¿intentó el gobierno municipal de CC-PP evitar la especulación del suelo? ¿Se garantizó la adecuada participación de la sociedad chicharrera en las plusvalías generadas por la actuación urbanística? ¿Sirvió la administración con objetividad y con sometimiento a la Ley y al derecho el interés general?Mucho nos tememos que la respuesta a estos interrogantes tras analizar las actuaciones del gobierno municipal de CC-PP es que no. Parece que eran otras las preocupaciones de ese gobierno y del alcalde capitalino.La reivindicación de la recuperación del frente de playa ha sido constante y permanente. La ciudadanía de Santa Cruz y con ella el PSOE y otros colectivos sociales y ciudadanos han mantenido siempre su oposición a la privatización de la playa y a la especulación del litoral.En la tramitación del expediente que da origen al Convenio de Las Teresitas se ha utilizado el método de huir del marco legal establecido, de fijar acuerdos de conveniencia que se justificaban a posteriori mediante fórmulas chirriantes o encajando con calzador los procedimientos. Así se reviste de “Convenio” lo que era una simple operación de compraventa, desconociendo los propios acuerdos y compromisos pre-existentes; fijando el precio ignorando las previsiones del Reglamento de Bienes y utilizando instrumentos de valoración inadecuados o viciados.Se compra el frente de playa con una celeridad inusual, que se materializa con el pago de 8.750 millones de pesetas del erario público a los promotores, eliminado el aprovechamiento constructivo de una parte de los terrenos, pero sin que se haya obtenido ningún beneficio económico o social tangible por parte del pueblo de Santa Cruz. Pero si ha habido beneficiarios concretos: los inversores privados han obtenido más de 20.000 millones de las antiguas pesetas de dinero público y de plusvalías mediante una operación meramente especulativa.Si los Tribunales de Justicia declarasen probada la comisión de un ilícito penal en el acto de aprobación o en aspectos determinantes de la tramitación del expediente se iniciaría el proceso de nulidad con evidentes consecuencias sociales, políticas y jurídicas. El expediente puede, además, estar afectado por otros vicios de nulidad o de anulabilidad. Estamos ante un caso claro de posible desviación de poder, al ponerse las potestades que la administración tiene atribuidas para la realización del interés público al servicio de intereses particulares.En este momento hay miles de ciudadanos y ciudadanas escandalizados por la actuación de un gobierno municipal que utilizando el dinero de todos los contribuyentes, constituye un ejemplo paradigmático de cómo no hay que hacer las cosas. Un ejemplo de mala gestión del erario público y de pésima defensa del interés general. Los Tribunales de Justicia tendrán la última palabra en el plano legal y jurídico, pero en el plano social y político la ciudadanía debe censurar claramente actuaciones tan bochornosas y antisociales. (*)José Manuel Corrales Vicesecretario General del PSC-PSOE/ Tenerife

José Manuel Corrales (*)

Ante esta operación urbanística extraña y rocambolesca y ante la petición generalizada de que se diesen explicaciones claras y convincentes, el hasta ahora alcalde de Santa Cruz no solo no responde adecuadamente sino que se defiende patéticamente utilizando a la ciudadanía como un escudo protector, confundiendo y mezclando su persona y su actuación, con el pueblo de Santa Cruz y con el Ayuntamiento.En estos meses hemos visto declaraciones exculpatorias y nerviosas de un alcalde que se atreve a señalar a jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como si fuesen meros empleados que actúan por instrucciones políticas del Gobierno de España o de un ex ministro concreto. Además hemos tenido que padecer campañas propagandísticas con cuantiosos recursos públicos que intentan justificar lo injustificable, generando una cortina de humo y provocando solo confusión.El hasta ahora alcalde de Santa Cruz no explica que hoy es protagonista de una querella criminal (a pesar del secreto del sumario algunas informaciones apuntan que ya esta procesado) porque estaba en el consejo de administración de la entidad bancaria que concedió el crédito de 30 millones a Inversiones Las Teresitas para comprar los terrenos y porque posteriormente, como regidor del municipio, impulsó sospechosamente la compra de parte de los terrenos costeros. En el consejo de administración de la entidad bancaria que concedió el crédito también estaba uno de los propietarios de la empresa que solicitó el préstamo, compró los terrenos y logró los 120 millones de euros de beneficios.La querella interpuesta contra los protagonistas de esta operación señala la probable mala gestión del dinero municipal, al no haber acudido a fórmulas menos onerosas como la expropiación de los terrenos y la posible ilegalidad en que se ha podido incurrir ya que ningún funcionario ha valorado el suelo comprado y las plusvalías otorgadas en el convenio. Cuanto menos es extraño que Inversiones Las Teresitas haya conseguido quintuplicar el valor de su inversión sin haber movido un solo ladrillo, sin realizar inversión posterior alguna que justificase la magnitud de sus beneficios y sin otorgar ninguna compensación al municipio de Santa Cruz de Tenerife.Una serie de interrogantes sobre esta operación urbanística se agolpan en la cabeza de cualquier ciudadano de Santa Cruz de Tenerife o de Canarias, interrogantes que a día de hoy no han sido contestados. En la tramitación del expediente que condujo a la firma del Convenio de Las Teresitas, y a la consiguiente compra de los terrenos del denominado Frente de Playa, ¿intentó el gobierno municipal de CC-PP evitar la especulación del suelo? ¿Se garantizó la adecuada participación de la sociedad chicharrera en las plusvalías generadas por la actuación urbanística? ¿Sirvió la administración con objetividad y con sometimiento a la Ley y al derecho el interés general?Mucho nos tememos que la respuesta a estos interrogantes tras analizar las actuaciones del gobierno municipal de CC-PP es que no. Parece que eran otras las preocupaciones de ese gobierno y del alcalde capitalino.La reivindicación de la recuperación del frente de playa ha sido constante y permanente. La ciudadanía de Santa Cruz y con ella el PSOE y otros colectivos sociales y ciudadanos han mantenido siempre su oposición a la privatización de la playa y a la especulación del litoral.En la tramitación del expediente que da origen al Convenio de Las Teresitas se ha utilizado el método de huir del marco legal establecido, de fijar acuerdos de conveniencia que se justificaban a posteriori mediante fórmulas chirriantes o encajando con calzador los procedimientos. Así se reviste de “Convenio” lo que era una simple operación de compraventa, desconociendo los propios acuerdos y compromisos pre-existentes; fijando el precio ignorando las previsiones del Reglamento de Bienes y utilizando instrumentos de valoración inadecuados o viciados.Se compra el frente de playa con una celeridad inusual, que se materializa con el pago de 8.750 millones de pesetas del erario público a los promotores, eliminado el aprovechamiento constructivo de una parte de los terrenos, pero sin que se haya obtenido ningún beneficio económico o social tangible por parte del pueblo de Santa Cruz. Pero si ha habido beneficiarios concretos: los inversores privados han obtenido más de 20.000 millones de las antiguas pesetas de dinero público y de plusvalías mediante una operación meramente especulativa.Si los Tribunales de Justicia declarasen probada la comisión de un ilícito penal en el acto de aprobación o en aspectos determinantes de la tramitación del expediente se iniciaría el proceso de nulidad con evidentes consecuencias sociales, políticas y jurídicas. El expediente puede, además, estar afectado por otros vicios de nulidad o de anulabilidad. Estamos ante un caso claro de posible desviación de poder, al ponerse las potestades que la administración tiene atribuidas para la realización del interés público al servicio de intereses particulares.En este momento hay miles de ciudadanos y ciudadanas escandalizados por la actuación de un gobierno municipal que utilizando el dinero de todos los contribuyentes, constituye un ejemplo paradigmático de cómo no hay que hacer las cosas. Un ejemplo de mala gestión del erario público y de pésima defensa del interés general. Los Tribunales de Justicia tendrán la última palabra en el plano legal y jurídico, pero en el plano social y político la ciudadanía debe censurar claramente actuaciones tan bochornosas y antisociales. (*)José Manuel Corrales Vicesecretario General del PSC-PSOE/ Tenerife

José Manuel Corrales (*)