Timbre de alarma

De todo esto no se hablará, seguro, en la campaña lectoral pero en los estados mayores de los partidos deberían hacerlo, siquiera para ir preparando a quienes encabecen las candidaturas y a los futuros o potenciales ediles de la cosa. Está muy bien -por citar dos asuntos preocupantes- que se plantee el empleo como prioridad y que la vivienda vuelva a ser objeto de estimaciones pero a nadie debe pillar por sorpresa la realidad de unas haciendas muy mermadas, de unas deudas muy agobiantes y de problemas estructurales muy serios en algunos ayuntamientos donde los cálculos de los ingresos no permiten equilibrar la balanza presupuestaria, no digamos cuando de la ejecución haya que tratar. Los árboles de la contienda electoral no deben impedir que algunos tengan presente este bosque intrincado.

Comisiones Obreras ha alertado, por ejemplo, que por indicación de los concursos realizados por las administraciones públicas, las empresas están ofertando y percibiendo contratos con bajadas entre el 9 y el 25 por ciento respecto a años anteriores, lo que se traduce, según el sindicato, en una especie de subasta en las adjudicaciones que, a su vez, repercute en un doble impacto: la reducción de puestos de trabajo y salarios y la pérdida de calidad.

El asunto no es baladí. Estamos hablando de prestaciones de servicios -en las distintas fórmulas de gestión previstas en el ordenamiento- que son determinantes para las condiciones de vida y el desarrollo de actividades sociales, siempre según las peculiaridades de cada municipio. Pero la seguridad, la limpieza, el mantenimiento de zonas ajardinadas o instalaciones públicas o los centros sociosanitarios son prácticamente comunes.

Con los ingresos actuales muy limitados, los ayuntamientos tienen un panorama muy incierto para hacer frente a las obligaciones asumidas, de modo que asumir otras les resultará prácticamente imposible. El municipalismo tiene ante sí el ineludible reto de propiciar otras fuentes de ingresos, tras un debate y unas negociaciones que no deben prolongarse mucho porque las necesidades, en todos los casos son apremiantes. Bien por la facultad de crear ex novo sus propios tributos bien con medidas a su alcance, como pueden ser un mejor funcionamiento de los mecanismos de recaudación, la actualización de padrones de contribuyentes y combatir la economía sumergida así como la evasión o elusión fiscales, las corporaciones locales salidas de la cita con las urnas el próximo mayo deben tener claro que si no quieren que el timbre de alarma deje paso a auténticos colapsos han de acometer iniciativas en esta sentido inaplazables.

De todo esto no se hablará, seguro, en la campaña lectoral pero en los estados mayores de los partidos deberían hacerlo, siquiera para ir preparando a quienes encabecen las candidaturas y a los futuros o potenciales ediles de la cosa. Está muy bien -por citar dos asuntos preocupantes- que se plantee el empleo como prioridad y que la vivienda vuelva a ser objeto de estimaciones pero a nadie debe pillar por sorpresa la realidad de unas haciendas muy mermadas, de unas deudas muy agobiantes y de problemas estructurales muy serios en algunos ayuntamientos donde los cálculos de los ingresos no permiten equilibrar la balanza presupuestaria, no digamos cuando de la ejecución haya que tratar. Los árboles de la contienda electoral no deben impedir que algunos tengan presente este bosque intrincado.

Comisiones Obreras ha alertado, por ejemplo, que por indicación de los concursos realizados por las administraciones públicas, las empresas están ofertando y percibiendo contratos con bajadas entre el 9 y el 25 por ciento respecto a años anteriores, lo que se traduce, según el sindicato, en una especie de subasta en las adjudicaciones que, a su vez, repercute en un doble impacto: la reducción de puestos de trabajo y salarios y la pérdida de calidad.