Tribulaciones municipalistas

Y es que el agobio de los ayuntamientos ha crecido hasta límites de insostenibilidad que se materializarían de no haberse producido el necesario entendimiento del ejecutivo con la federación municipalista. Alcaldes y concejales de servicios sociales, con una inevitable convergencia de contenidos en los informes técnicos correspondientes, no ocultaban su incertidumbre, entre otras cosas, porque es fácil colegir que son quienes primero y de forma más directa reciben las demandas de los ciudadanos necesitados. La merma de los ingresos y el incesante crecimiento de las solicitudes de ayudas, fruto de las coordenadas de la recesión, han generado situaciones de auténtica angustia a la hora de dar respuesta eficaz y diligente.

El nuevo Plan prevé la atención a unas trescientas mil personas, en tanto que unos dos mil trescientos profesionales dependientes de los departamentos de los ayuntamientos canarios, sobre los que pesaba la sombra de la interrupción de su relación laboral o profesional si no había recursos, podrán seguir trabajando. Aparentemente, de forma estable.

Lo importante es que el acuerdo tenga la consistencia suficiente para no sufrir alteraciones ni nuevas incertidumbres teniendo en cuenta que 2011 es un año electoral. Los alcaldes saben -o deben saber- que estos recursos hay que administrarlos con mucho celo. Primero, por escasos o ajustados. Luego, por su propia finalidad. Cuidado, pues, con las picarescas, con los favoritismos y las redes clientelares, nada que ver estas últimas -evitemos confusiones- con las sociales que proliferan en el espacio cibernético. No es cuestión de estar despilfarrando ni gastando más allá de las mínimas previsiones que hay que hacer en el horizonte temporal: las nuevas corporaciones quedarán constituidas el próximo mes de junio y para entonces hay que disponer de la seguridad económico-financiera que favorezca la continuidad de las prestaciones. Y a propósito: que anden atentos los munícipes responsables pues tampoco es cuestión de perder o renunciar a subvenciones y ayudas por negligencia o descuidos.

Sobre todo, porque pese al acuerdo firmado, del que hay que congratularse, recortes y reducciones sigue habiendo en materias como la atención a las drogodependencias, o en los programas de apoyo a los discapacitados, los planes de mediación y orientación familiar y hasta las escuelas infantiles municipales. Son servicios teñidos de incógnitas. Atención a la naturaleza, dimensión y contenidos de lo reseñado porque forman parte de la cotidianeidad. Los ayuntamientos tendrán que hacer un sobreesfuerzo a sabiendas de que las demandas van a seguir creciendo. Y seguro que la espera de recursos adicionales provenientes de otras instituciones se hará complicada. Tanto, que algún alcalde no ha tenido reparo en declarar que no habrá más opción que devolver a tales instituciones las competencias que les son propias, en caso de que no haya fondos o los consignados para transferir sean insuficientes para la prestación de los servicios.

En ese sentido, priorizar se convierte en un verbo distintivo para la acción de cualquier gobierno. En situaciones así, además de saber administrar, hay que escoger o decidir. Por eso, los anuncios y los mensajes optimistas de estos días, valen, para no multiplicar el desánimo; pero la cruda realidad es bien distinta. Y ésta, palpable con números, datos, fotografías y recursos mediáticos a conveniencia, obliga a determinaciones que apenas sirven para mitigar otros problemas estructurales y de funcionamiento.

Y es que el agobio de los ayuntamientos ha crecido hasta límites de insostenibilidad que se materializarían de no haberse producido el necesario entendimiento del ejecutivo con la federación municipalista. Alcaldes y concejales de servicios sociales, con una inevitable convergencia de contenidos en los informes técnicos correspondientes, no ocultaban su incertidumbre, entre otras cosas, porque es fácil colegir que son quienes primero y de forma más directa reciben las demandas de los ciudadanos necesitados. La merma de los ingresos y el incesante crecimiento de las solicitudes de ayudas, fruto de las coordenadas de la recesión, han generado situaciones de auténtica angustia a la hora de dar respuesta eficaz y diligente.

El nuevo Plan prevé la atención a unas trescientas mil personas, en tanto que unos dos mil trescientos profesionales dependientes de los departamentos de los ayuntamientos canarios, sobre los que pesaba la sombra de la interrupción de su relación laboral o profesional si no había recursos, podrán seguir trabajando. Aparentemente, de forma estable.