El umbral de la indignidad

El informe de La Caixa es ciertamente desmoralizador, y mucho me temo que aún no refleja las consecuencias que sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad está generando la actual crisis económica, precisamente provocada por el interés de la banca en prestar dinero a muy bajo precio a segmentos sociales con poca capacidad para devolverlo según las vigentes reglas del mercado. Dicho sea de modo sucinto y sin el deseo de pontificar más de lo que ya hacen los expertos, que suman a la banca, la especulación en los mercados energéticos y la crisis alimentaria mundial. Que ésa es otra.

Detrás de esas cifras (400.000 personas por debajo el umbral de la pobreza, un 20% de la población canaria, con un 3% en situación de pobreza severa) se dibuja un auténtico fracaso colectivo. No parece que estén funcionando los mecanismos (fiscales, sociales, económicos) que supuestamente nos habrían de conducir a una sociedad más equilibrada. Las instituciones -todas- no están rindiendo a la altura de lo que de ellas se espera. Y la opinión pública a menudo se escuda en el peligroso mensaje de la superpoblación para explicarse ésta y otras vergüenzas.

No puede sostenerse por más tiempo que ante esta realidad conocida (y ahora confirmada) el Gobierno de Canarias y muchos ayuntamientos isleños no hayan aplicado con diligencia, agilidad y rigor todas las leyes y reglamentos para el reparto eficaz de ayudas de emergencia a personas con dificultades económicas.

Prefieren manejar datos aparentemente más halagüeños o mejor cocinados. Como que los pacientes canarios salimos muy satisfechos de los procesos que requieren hospitalización, ocultando hábilmente que lo que más valoramos es la atención del personal médico y auxiliar. Se saltan la primera parte del proceso, que es el tiempo que hemos tardado hasta convertirnos en pacientes ya operados.

Como camuflan con datos torcidos la inaplicación de la Ley de Dependencia, precisamente redactada para acabar con situaciones verdaderamente lastimosas que en la mayoría de los casos esconden realidades humillantes e indignas para un ser humano.

La atención social no es una prioridad para este Gobierno de Canarias, por mucho que sus portavoces digan lo contrario. Y si no se corrige la actual deriva económica, los próximos presupuestos serán aún más restrictivos para las mejoras de este tipo. Crece la marginación y la pobreza; las ingentes inyecciones de millones de euros a la sanidad privada no logran reducir de modo significativo las listas de espera y no hay síntomas de que alguien tenga alguna idea para arreglarlo que no sea perdonar más impuestos a los empresarios.

El informe de La Caixa es ciertamente desmoralizador, y mucho me temo que aún no refleja las consecuencias que sobre los sectores más desfavorecidos de la sociedad está generando la actual crisis económica, precisamente provocada por el interés de la banca en prestar dinero a muy bajo precio a segmentos sociales con poca capacidad para devolverlo según las vigentes reglas del mercado. Dicho sea de modo sucinto y sin el deseo de pontificar más de lo que ya hacen los expertos, que suman a la banca, la especulación en los mercados energéticos y la crisis alimentaria mundial. Que ésa es otra.

Detrás de esas cifras (400.000 personas por debajo el umbral de la pobreza, un 20% de la población canaria, con un 3% en situación de pobreza severa) se dibuja un auténtico fracaso colectivo. No parece que estén funcionando los mecanismos (fiscales, sociales, económicos) que supuestamente nos habrían de conducir a una sociedad más equilibrada. Las instituciones -todas- no están rindiendo a la altura de lo que de ellas se espera. Y la opinión pública a menudo se escuda en el peligroso mensaje de la superpoblación para explicarse ésta y otras vergüenzas.