Una de las claves en los estados descentralizados o federales es cómo se financian sus competencias. Un asunto, en nuestro caso, regido por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) del año 1980. Un modelo, de gran complejidad, que se revisa cada cinco años. El vigente data del año 2009. Entonces el Ejecutivo estatal del PSOE y el canario de CC-PP permitieron que se contabilizaran los recursos fiscales del REF en la financiación, causando un grave quebranto a Canarias y a sus servicios públicos. Con una pérdida global de más de 5.000 millones en ocho años.
La financiación autonómica se destina al ejercicio de las competencias en sanidad, educación o servicios sociales. Supone el 70% de los ingresos presupuestarios de Canarias. Fundamental, por tanto, para ejercer el autogobierno. Por su parte, el REF aglutina un conjunto de derechos y fueros para tratar de compensar nuestras dificultades como territorio alejado y fragmentado. Con una parte fiscal, con una imposición más baja que en el resto del Estado de impuestos que se destinan a financiar las corporaciones locales y a compensar la insularidad. Y otra parte, económica, que incluye numerosos programas: ayudas al transporte de mercancías, el descuento del 75% para viajes entre las islas o hacia el exterior, la compensación por el sobrecoste del sistema eléctrico canario o las ayudas a la producción de agua de abasto y de riego, así como el Plan Integral de Empleo o el de lucha contra la pobreza.
El grave error cometido en 2009 al mezclar la financiación autonómica con los recursos fiscales del REF supuso detraer a Canarias unos 600 millones de euros al año hasta su corrección en 2017. Causando un enorme daño a los servicios públicos esenciales y, por tanto, a la ciudanía de las Islas. Una corrección lograda por los partidos nacionalistas canarios en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017, gracias a que NC y CC eran imprescindibles para su aprobación. Esto posibilitó modificar una disposición de la ley 22/2009 de financiación, desvinculando los tributos del REF de la financiación autonómica. Lo que permitió acceder al fondo de competitividad y, gracias a eso, en este año 2021 Canarias dispone de 675,1 millones más que en 2016.
No repetir el atropello
Aunque correspondía modificarla en 2014, ningún Gobierno, ni siquiera los de Rajoy con mayoría absoluta, ha sido capaz de abordar una reforma que precisa de consenso y de más recursos. Los partidos de la actual coalición de Gobierno estatal, PSOE y UP, intentan ahora, con ocho años de retraso, actualizar el sistema de financiación. El Ministerio de Hacienda ha presentado un primer documento a las nacionalidades y regiones que vuelve a mezclar REF con financiación y que nos puede hacer perder más de 700 millones de euros anuales, por más que se pretenda vender que está garantizado el deslinde entre ambos aspectos. La sociedad canaria y sus instituciones no lo van a permitir. No daremos ni un paso atrás, No toleraremos que se repita un atropello como el de 2009.
A diferencia de entonces, tanto el Estatuto de Autonomía de 2018 como la reforma del REF del mismo año consagran esa separación de REF y financiación. Señalando que “los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales. En los términos que determine la Ley Orgánica 8/1980, de Financiación de las Comunidades Autónomas y sus normas de desarrollo, estos recursos tributarios no se integrarán, ni computarán, en el Sistema de Financiación Autonómica para respetar el espacio fiscal propio canario y para que su desarrollo no penalice la autonomía financiera de la Comunidad Autónoma de Canarias.”
Considero que es plena la vigencia de la desvinculación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias con las aportaciones estatales de la financiación autonómica, cuestión que me parece innegociable y sin vuelta atrás. No parece razonable que uno de los contenidos más relevantes del Estatuto y del REF aprobados hace tres años sea cuestionado por el Gobierno central.
El Gobierno de Canarias responderá en tiempo y forma al documento presentado por el Estado. Pero adelanto que no aceptaremos esa vulneración del Estatuto y del REF. No podemos permitir que se vuelva a la situación de 2009. Reclamaremos asimismo que no se tengan que devolver las partidas del extinto IGTE, 160 millones de euros anuales.
La población es el elemento clave en cualquier sistema de financiación. Y esta se ajusta con criterios etarios, analizando la influencia del peso de los distintos grupos de edad en el sistema educativo, en la sanidad o en la dependencia. Además, se introducen otras variables como la superficie de la comunidad, la dispersión o la insularidad, añadiéndose en esta ocasión el despoblamiento territorial. Entiendo que en los criterios de reparto de la financiación se debe mantener, como mínimo, el actual peso de la insularidad. Una insularidad medida a través de la lejanía y la fragmentación territorial, por lo que estas suponen en el incremento de costes en la prestación de los distintos servicios básicos.
Y considero, asimismo, que en los criterios de orden socioeconómico deben incluirse los niveles de renta, la pobreza o el desempleo, como hace la Unión Europea. Y respondiendo a lo que señala la propia LOFCA, que asegura pretender garantizar “un nivel base equivalente de financiación de los servicios públicos fundamentales” y la corresponsabilidad estatal y de las Comunidades respecto a ingresos y gastos públicos. Así como la solidaridad entre las nacionalidades y regiones, y la suficiencia de recursos para el ejercicio de sus competencias.
Bilaterales y multilaterales
Por otra parte, nuestra realidad confirma que somos distintos a Navarra y Euskadi, que disponen de modelos históricos propios, reconocidos en la disposición adicional primera de la Carta Magna y en sus respectivos estatutos. Pero, por nuestras especificidades fiscales, económicas, geográficas e institucionales, tampoco estamos en similar situación que las comunidades de régimen común. Tenemos identidad propia, la que reconocen nuestro Régimen Económico y Fiscal (REF), así como nuestro Estatuto de Autonomía y el estatus de región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea. Lo cierto, en definitiva, es que no somos ni sistema foral ni régimen común; y debemos combinar las relaciones multilaterales, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con las relaciones bilaterales con el Estado.
Uno de los primeros análisis comparativos del nuevo modelo, el realizado por Fedea (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), apunta a que beneficiaría especialmente a Extremadura y Aragón, así como a Castilla La Mancha y Castilla León, Murcia o Baleares, comunidades que incrementarían sustancialmente su financiación; al tiempo que asegura que Canarias y Galicia sería las más perjudicadas.
Confirmaremos con precisión todas las consecuencias del nuevo modelo en el periodo de estudio del documento de la nueva financiación autonómica que se extenderá hasta el próximo mes de enero. Entonces las nacionalidades y regiones deberemos valorar y realizar aportaciones al documento del Ministerio de Hacienda. Canarias lo hará desde el máximo rigor y, estoy convencido, desde la máxima unidad social y política. Desde la defensa del autogobierno y las condiciones que posibiliten el mayor nivel de bienestar a su ciudadanía. Desde la exigencia de un trato justo. Y sin admitir retrocesos en la financiación de la comunidad más alejada, con un territorio fragmentado y con una renta inferior a la media estatal. Porque son criterios que sustentan la relación Canarias-Estado.