La pandemia de la COVID-19 ha generado una crisis sanitaria, económica y social sin precedentes en todo el mundo. En estos momentos ya se han contagiado unos 110 millones de personas en el conjunto del planeta y la cifra de fallecimientos supera los 2,4 millones. El daño económico y social que ha producido es también enorme, con una gran destrucción de empresas y de puestos de trabajo ligada al agravamiento de las desigualdades, así como una gran pérdida de ingresos públicos. Hay que continuar con el mantenimiento estricto de las medidas de prevención para tratar de evitar nuevos contagios: utilizando las mascarillas, manteniendo la distancia física, llevando a cabo una frecuente higiene de manos y la adecuada ventilación de los espacios interiores, así como cumpliendo con las limitaciones del número de personas con las que nos relacionamos. La prevención es muy importante, pero el proceso de vacunación iniciado a finales del pasado mes de diciembre es lo más determinante para empezar a revertir esta situación.
Los efectos de la pandemia sobre la economía son brutales. Con el desplome del PIB a nivel mundial; todo apunta a que la recuperación de la riqueza en este 2021 será menor de la prevista inicialmente y que hasta 2023 no se alcanzarán los niveles pre-pandemia, especialmente en economías como la canaria, con un gran peso del turismo y que precisa de la recuperación de la movilidad. En el mundo se ha producido el cierre de cientos de miles de empresas y la reducción de la actividad de otras muchas. Pérdida de millones de empleos. Y significativa reducción de ingresos de las administraciones públicas, obligando al endeudamiento para afrontar los retos sanitarios y económicos de la pandemia.
Las consecuencias de la COVID-19 no se distribuyen de forma igualitaria en el planeta. Los países empobrecidos disponen de sistemas sanitarios mucho más débiles para afrontar la enfermedad y tienen más dificultades para acceder a las vacunas. Resulta imprescindible impulsar acciones para que estas lleguen a los hombres y mujeres de todos los lugares, al margen de sus condiciones económicas. Investigadores acreditados denuncian que algo más de la mitad de las dosis contratadas llegarán a países que suponen solo el 14% de la población mundial, lamentable realidad que ha denunciado la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es un asunto de salud global, ético y de solidaridad, que intenta sacar adelante la iniciativa Covax, con participación, entre otras, de la propia OMS y de la Alianza para las Vacunas, cuyo objetivo es “asegurar que todos los países tengan acceso rápido y equitativo a las vacunas contra la COVID-19, independientemente de su nivel de ingresos”; pretende distribuir 2.000 millones de dosis antes de que finalice este año 2021, de las que 1.300 millones se enviarán a noventa estados de bajos ingresos. La meta propuesta es proteger al menos al 20% de la población de los países participantes antes de final de año. Claramente insuficiente, como puede observarse.
En esta crisis ha crecido de manera significativa la fortuna de los multimillonarios al mismo tiempo que aumentaba exponencialmente la pobreza severa y las situaciones de hambruna. Hay sectores económicos más afectados que otros, siendo el turismo, por las restricciones impuestas a la movilidad, uno de los más dañados. Y por eso reclamamos al Estado actuaciones específicas, entre ellas las ayudas directas, como en otros momentos se ha hecho con el sector naval, el minero o el del automóvil.
Producción y distribución
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, ha considerado que se fue “demasiado optimista” con relación a la capacidad de producción y de distribución de las farmacéuticas. Lo cierto es que las vacunas no están llegando en los tiempos previstos y que esto puede retrasar los objetivos de inmunización del 70% de la población a final del verano que se había planteado la Unión Europea. Aunque el Gobierno de España insiste en que hay condiciones para conseguir ese nivel de inmunidad de la población en verano.
Por su parte, Canarias se encuentra en condiciones logísticas, materiales y humanas para cumplir las expectativas de vacunación previstas. En 120 días podríamos alcanzar ese objetivo del 70%. Pero, al igual que el resto de los integrantes de la UE, dependemos de que las empresas fabricantes cumplan con los plazos y cantidades de entrega de los viales.
La vacunación resulta indispensable para proteger ante el virus, evitando los colapsos hospitalarios, reduciendo el impacto de la enfermedad y los fallecimientos. Y, al tiempo, la vacunación es también fundamental para poder emprender la recuperación económica. Solo con altos niveles de inmunidad entre la población podrá recuperarse progresivamente la normalidad, podrán volver a la actividad sectores hoy completamente paralizados. Y se trata de un asunto global. No basta con que Canarias alcance los mejores datos epidemiológicos, como ha sucedido, por las medidas adoptadas, los medios destinados, la adecuada respuesta del sistema sanitario y el cumplimiento de la ciudadanía. Para la recuperación de su principal sector económico, el turismo, resulta además imprescindible que esta situación se produzca también en los países emisores y que se restablezca la conectividad aérea.
Respuestas públicas
Se ha producido una gran implicación por parte de los gobiernos que, en un marco de notable reducción de los ingresos de las administraciones públicas, han dedicado recursos millonarios para fortalecer sus sistemas sanitarios y combatir las consecuencias de la pandemia. La respuesta de la Unión Europea ha sido bien distinta a la de la anterior crisis financiera, suspendiendo las reglas fiscales para que los estados pudieran dedicar el máximo de recursos a combatir la pandemia, manteniendo el presupuesto europeo e implementando el Next Generation EU, con un fondo financiero de 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones corresponden a ayudas no reembolsables. En el caso del Estado español, con los presupuestos estatales más expansivos de la historia y con presupuestos anticiclicos también en las comunidades autónomas. Entre ellas Canarias, cuyas cuentas públicas crecieron pese a la significativa caída de ingresos.
Actuando más allá de sus competencias prioritarias -la educación, la sanidad, los servicios sociales, la vivienda o las carreteras-, el Gobierno de Canarias ha puesto en marcha, como el pasado año, un nuevo paquete de moratorias fiscales y de ayudas directas para mitigar los efectos económicos de la pandemia en las empresas y los autónomos de las Islas, que superan los 400 millones de euros. Aportando este año 2021, al margen de lo establecido en los Presupuestos de la Comunidad, 165 millones en ayudas directas a fondo perdido y unos 240 en moratorias fiscales sin intereses.
Estas ayudas suponen un gran esfuerzo de la Comunidad Canaria, que desde el comienzo de la pandemia ha incrementado notablemente sus presupuestos sanitarios y educativos. En un momento en que lo público resulta esencial para el mantenimiento del pulso vital de la sociedad. Pero somos conscientes de que son acciones paliativas, que no pueden solventar totalmente el daño que han sufrido las empresas y los autónomos en esta devastadora crisis porque sencillamente es imposible.
Por eso, hay que vencer al virus y tratar de hacerlo en los plazos temporales más cortos posibles. Por fundamentales razones de protección de la salud y de la vida de la gente. Y, asimismo, porque sin alcanzar altos niveles de inmunidad no será posible el normalizado regreso de la actividad económica, la restitución del empleo, la superación de los daños sociales originados por esta pandemia y el restablecimiento de los ingresos públicos. La vacunación es, sin duda, la clave de la recuperación sanitaria, económica y social. Sin salud no hay economía. Sin salud no hay futuro.
Román Rodríguez, vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias.