Vamos a contar más mentiras

Al gobernador de Gran Canaria lo nombraban directamente los reyes, mientras que Fernández de Lugo tenía la gobernación vitalicia La Palma y Tenerife, que luego sería hereditaria de su familia. La razón: los reyes se rascaron el bolsillo en la conquista de Gran Canaria y Lugo pagó enteramente del suyo la de las otras dos islas. Fue más señor medieval al frente de una empresa privada que gobernador real.

Era lógico, pues, que los reyes confiaran en quienes dependían de ellos y encargaran a los gobernadores grancanarios tareas, como la de vigilar a las autoridades de las islas de la que se haría cargo la Audiencia a partir su creación en 1526; con sede en Las Palmas para evitar la influencia sobre ella de los Lugo.

En cuanto a los capitanes generales, el primero de ellos, Luis de Luis de la Cueva, residió en Las Palmas. Llegó en 1589, cesó en 1594 y no se le nombró sustituto hasta 1625. Ese año es enviado como veedor de la guerra Andía Irarrazábal, quien recomendó restablecer el cargo. En 1629 fue nombrado Rivero Zambrana, que residió en Las Palmas, al igual que los cuatro o cinco siguientes, antes de que se trasladaran a La Laguna. En 1723 el marqués de Vallehemoso decidió establecerse definitivamente en Santa Cruz.

En cuanto a la democraticidad de la capitalidad santacrucera frente a la dictatorial división de 1927, sí y no. Su origen fue iniciativa extraparlamentaria del general Rodríguez de La Buria. Les cuento.

Aprobada La Pepa, debían las Cortes designar las localidades en que establecer las Juntas Preparatorias de las elecciones y de la Diputación de nuevo cuño, lo que implicaba atribuir la capitalidad provincial a las elegidas. Tras fuertes discusiones, la cámara se inclina en el caso canario por Las Palmas. Pero, en la sesión de 21 de diciembre de 1812, el diputado tinerfeño Key y Muñoz presentó una moción en la que informó de que La Buria había creado por su cuenta en Santa Cruz la Junta el 5 del mismo mes y propuso que se aceptara el hecho consumado para evitar trastornos.

Espadón arriba, espadón abajo, ahí nos andamos y no vale tirar piedras.

Al gobernador de Gran Canaria lo nombraban directamente los reyes, mientras que Fernández de Lugo tenía la gobernación vitalicia La Palma y Tenerife, que luego sería hereditaria de su familia. La razón: los reyes se rascaron el bolsillo en la conquista de Gran Canaria y Lugo pagó enteramente del suyo la de las otras dos islas. Fue más señor medieval al frente de una empresa privada que gobernador real.

Era lógico, pues, que los reyes confiaran en quienes dependían de ellos y encargaran a los gobernadores grancanarios tareas, como la de vigilar a las autoridades de las islas de la que se haría cargo la Audiencia a partir su creación en 1526; con sede en Las Palmas para evitar la influencia sobre ella de los Lugo.