Las víctimas del control fronterizo en Canarias

El año 2018 se ha cobrado ya las primeras víctimas del sistema de control migratorio en la Frontera Sur. Siete personas murieron ahogadas este lunes cerca de Costa Teguise, cuando trataban de llegar en patera a la isla de Lanzarote. Por ahora, la Guardia Civil ha detenido a uno de los 20 supervivientes como presunto patrón de la embarcación bajo los delitos de “homicidio imprudente por los siete fallecidos y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Probablemente, una vez hecha la correspondientes autopsias de los cuerpos, se cerrará el caso. Los 19 supervivientes, que actualmente se encuentran en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Arrecife, serán en su mayoría trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, la antigua Prisión Provincial de Las Palmas durante la dictadura franquista.

Lo más probable es que no se abra ningún tipo de investigación más allá de la búsqueda de un culpable dentro de la patera. Culpable que no tendrá todas sus garantías jurídicas para defenderse de los cargos que se le imputan. Sin embargo, recordemos que una embarcación ha cruzado los 130 kilómetros que distan desde Tarfaya, en el continente africano hasta Playa Bastián, en Lanzarote, en un viaje de dos días sin ser detectada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En Canarias contamos con toda la tecnología disponible puesta al servicio del control de la Frontera Sur. Tras la llamada Crisis de los Cayucos entre 2006 y 2008, el Archipiélago se convirtió en un laboratorio europeo de tecnología de detección en alta mar de embarcaciones, consiguiendo los objetivos planteados y reduciéndose en el año 2009 un 92% la llegada de pateras a las islas, básicamente gracias a la militarización de las aguas de separan Canarias del litoral oeste de África y de acuerdos bilaterales con terceros países a costa de lo que fuera con tal de evitar la llegada de personas. Fue fundamental en esta estrategia de defensa del Espacio Schengen la llegada de la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión (FRONTEX). A eso se suma el Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE), dependiente de la Guardia Civil, que entre 2004 y 2008 ya contaba con 16 estaciones sensoras de alta longitud en todas las islas del archipiélago.

Sin embargo, la llegada a costa de una patera, y la muerte de siete jóvenes, entre ellos niños, demuestra una vez más cómo la gestión securitaria de la Frontera Sur no sirve para evitar la muerte de personas en el mar, sino única y exclusivamente para repeler la llegada de personas a Europa desde el continente africano. Pero vayamos por partes.

Por un lado, el SIVE no detectó la llegada de la embarcación, a pesar de que se trató de un viaje de dos días. En varias ocasiones, diferentes colectivos sociales, incluso asociaciones de la Guardia Civil, han denunciado que el SIVE no ha detectado embarcaciones, las cuales han llegado a costa sin ser socorridas. Esto no puede ocurrir. Es responsabilidad de todos salvar a las personas que se ven obligadas a recorrer el mar para llegar a Canarias. En esta ocasión tocó tierra, pero no sabemos cuántas son devoradas por el Océano Atlántico.

Por otro lado, hay razones para pensar que la Guardia Civil prima el control fronterizo por encima de esa protección o auxilio. Ha pasado en innumerables ocasiones. Lo vimos en Tarajal, cuando fueron asesinadas al menos 15 personas en febrero de 2014, o cuando la Guardia Civil arrolló a una patera que se dirigía a Lanzarote en diciembre de 2012. En esta ocasión, y según el testimonio de alguno de los socorristas que colaboraron en el rescate de los jóvenes, la patera reculó cuando vio cerca a la Guardia Civil.

A todas luces, todas estas muertes se podrían haber evitado. En primer lugar con una visión de las políticas migratorias respetuosa con los Derechos Humanos donde se prime el socorro sobre el control fronterizo, pero también acabando con el absurdo que supone que la gente arriesgue su vida en una patera como única fórmula de llegar a Europa. Se podría haber evitado también si el presupuesto que durante los últimos años se ha destinado a FRONTEX tanto en el Mediterráneo como en el archipiélago canario se hubiera destinado a misiones de salvamento o a reforzar las dotaciones y plantillas de Salvamento Marítimo, quiénes hacen una encomiable labor.

Solo con un cambio de paradigma de las políticas migratorias europeas en el que desaparezca la lógica racista del efecto llamada y la vinculación entre migraciones y delincuencia/terrorismo, donde se garanticen vías seguras y legales para migrar sin que el viaje emprendido sea más peligroso que la propia estancia en el lugar de origen; y en el que la recepción de esas personas no pase por su criminalización e intento de deportación, sino por un verdadero sistema de apoyo y respeto de sus derechos; seremos capaces de evitar más muertes y de garantizar el derecho a la movilidad humana.

Desde las organizaciones de defensa de los derechos humanos y por parte de las personas que luchamos por los derechos de las personas migrantes exigimos responsabilidades a todos los niveles. Al cierre de la jornada de este lunes, tan solo el Gobierno de Canarias y las fuerzas políticas e instituciones locales de Lanzarote habían mostrado su pésame por las muertes. Ausencia absoluta de la Delegada del Gobierno regional, Mercedes Roldós, o del Ministro de Interior, Ignacio Zoido. Para ellos son casos aislados que no tienen nada que ver con la violencia estructural que el control fronterizo ejerce sobre las personas que migran.

El año 2018 se ha cobrado ya las primeras víctimas del sistema de control migratorio en la Frontera Sur. Siete personas murieron ahogadas este lunes cerca de Costa Teguise, cuando trataban de llegar en patera a la isla de Lanzarote. Por ahora, la Guardia Civil ha detenido a uno de los 20 supervivientes como presunto patrón de la embarcación bajo los delitos de “homicidio imprudente por los siete fallecidos y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros”. Probablemente, una vez hecha la correspondientes autopsias de los cuerpos, se cerrará el caso. Los 19 supervivientes, que actualmente se encuentran en comisaría a la espera de pasar a disposición judicial en el Juzgado de Guardia de Arrecife, serán en su mayoría trasladados al Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, la antigua Prisión Provincial de Las Palmas durante la dictadura franquista.

Lo más probable es que no se abra ningún tipo de investigación más allá de la búsqueda de un culpable dentro de la patera. Culpable que no tendrá todas sus garantías jurídicas para defenderse de los cargos que se le imputan. Sin embargo, recordemos que una embarcación ha cruzado los 130 kilómetros que distan desde Tarfaya, en el continente africano hasta Playa Bastián, en Lanzarote, en un viaje de dos días sin ser detectada por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.