La victoria de Rosell es de toda la democracia

Cuando en 2015 Victoria Rosell me pidió que fuera su jefa de prensa para acompañarla en el camino de la campaña que la llevó a ser diputada por la provincia de Las Palmas con Unidas Podemos, yo pensé, incluso desde la inocencia que me quedaba en aquella época, que aquel camino iba a ser un paseo. No sólo por la trayectoria impecable de la jueza de garantías del Centro de Internamiento de Extranjeros de Las Palmas, o un referente del feminismo, sino una voz nacional en pro de los derechos humanos y de cuyas charlas yo siendo redactora ya disfrutaba antes de conocerla personalmente. Además creí que sería un paseo porque Victoria era ese tipo de candidata que hacía honor a al origen de la palabra, del latín: candidatus, ‘el que viste de blanco’, derivado del verbo candere ‘ser blanco’, ‘brillar intensamente’*. 

Una política nueva que llegaba a hacer nueva política sin mácula en su toga, ni en la de jueza ni en la de candidata, y cuyo principal contrincante era la antítesis de esta manera de ser y la vergüenza de todos los canarios: el ministro offshore del PP, José Manuel Soria. Muy para mis adentros pensé que con aquel panorama, si querían buscarle un pero a Vicky Rosell tendrían que inventárselo. Y lo hicieron.

Cuando el 'lawfare' se puso en marcha

Después de que Rosell fuera elegida democráticamente como diputada en las elecciones de diciembre de 2015, el exministro Soria interpuso la querella que terminaría siendo admitida gracias a las operaciones clandestinas del juez Alba e interrumpiría la candidatura de la jueza. En este punto debemos destacar el apoyo inestimable del cuarto poder, sin el cual es imposible que triunfe ningún tipo de guerra jurídica a la democracia. El periódico El Mundo, dio por verdadera la versión de Soria y publicó una portada que se debería de estudiar en las facultades de periodismo por si se quiere enseñar lo que no debe ser este oficio. Ya estábamos todos: candidato corrupto, empresario dispuesto a negociar, juez sobornable, fiscalía dispuesta y aspirantes a Ciudadano Kane para ventilar la mierda.

Cuando Rosell se entera de que la Fiscalía de Las Palmas había iniciado de oficio una investigación contra ella, con el par de ovarios que hay que tener para ir de frente (todo lo contrario a lo que hacen los integrantes de un lawfare), se presenta en el despacho de García-Panasco, fiscal jefe de la provincia de Las Palmas, que no la esperaba. Yo presencio aquel encuentro un poco como Forrest Gump, que estaba en todos los saraos, y otro poco porque una jefa de prensa es la sombra de la candidata. Cuando comparecí en juicio para hablar de este episodio mis palabras fueron: “Panasco no fue brusco ni hostil, pero había mucha tensión. Nos invitó a sentarnos pero estábamos muy nerviosas y lo rechazamos”. Y es en este punto es donde quiero detenerme porque con el tiempo entendí que Panasco no fue hostil, ni falta que le hizo, porque el lawfare no es ad hominen, es contra la democracia, y en ese engranaje cada actor juega su papel y el de aquel fiscal jefe fue apoyarse en el pico de la mesa, cruzar los brazos y convertirse en un muro perdiendo su humanidad y tal vez todo aquello por lo que un día creyó en la Justicia.

Meses más tarde, al ser admitida por el Supremo la querella que interpuso Soria, nuestra candidata sin mácula renunció a su acta en el Congreso para centrar todos sus esfuerzos en demostrar su inocencia y lo que parecía imposible: ganar una batalla al Lawfare.

El pasado jueves, el Tribunal Supremo ratificaba la condena contra el juez Salvador Alba que fue dictada en 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, confirmándose así la conspiración contra Victoria Rosell y confirmando que la trama habría sido protagonizada por el magistrado para que fuese admitida una querella presentada por José Manuel Soria. Para que ésta prosperara en el Supremo, el juez Alba elaboró un informe falso después de reunirse con el empresario canario Miguel Ángel Ramírez para que éste declarase en sede judicial contra Rosell. A cambio, Alba se comprometió a archivar los delitos contra la Hacienda Pública por los que el empresario estaba siendo investigado. Triple delito: prevaricación, cohecho y falsedad en documento judicial.

Esta sentencia no va a arreglar el daño causado a los votantes que eligieron a Rosell para que les representara, ni la desconfianza que este tipo de casos crean en la ciudadanía respecto al poder judicial. Tampoco es menor el hecho de que sea la segunda vez en la historia en que el Lawfare secuestra a la soberanía canaria un representante; sucedió con Rosell y recientemente con Alberto Rodríguez. Pero esta sentencia pone de manifiesto que hay jueces corruptos (uno menos en circulación) y que se puede luchar contra ellos en un tiempo donde el ascenso de la extrema derecha y el Lawfare o guerra jurídica se postulan como las principales amenazas a las que se enfrenta la democracia en todo el mundo. 

Hace unos días tuve oportunidad en un programa de radio de hacer una pregunta a Vicky Rosell tras conocer la sentencia del caso Alba. No elegí una que dejara mucho espacio a la esperanza, pero me pareció necesaria: Si usted que es jueza, segunda de su promoción, ha comprometido en estos seis años su paz familiar, cierto patrimonio económico, y todo esto casi se lleva por delante su salud mental, ¿cómo de indefenso está cualquier ciudadano ante un caso de lawfare? Su respuesta: “Actualmente trabajo con madres que sufren violencia institucional y algunas parece que algún tipo de represalia judicial, y ¿qué les dices?, ¿que hagan frente?, ¿que pasen por esto? Yo creo que es el Estado el que tiene que poner los mecanismos; en primer lugar, de qué está compuesta la carrera judicial, cómo se accede, si se parece o no a la sociedad que tiene que servir, cómo se progresa en ella, qué méritos y ante quién se demuestran. No se le puede pedir a la gente que plante cara a esto si el Estado no pone los medios y contrapoderes necesarios para que esto no suceda. No le puedes pedir que sea una heroína y que deje por el camino su salud, su hacienda o su familia porque yo he pasado muchísimo miedo y eso no lo puedo esconder porque sería irresponsable por mi parte decirle a la gente solo 'Sí se puede'”.

*Con esta voz se designaba en Roma a quienes se presentaban como aspirantes a cargos públicos. En el ritual político romano, los candidatos debían cambiar su habitual toga por una túnica blanca (candida) con la que se exhibían públicamente para manifestar la pureza y la honradez que se esperaba de ellos.