Vistabella ¿Qué Navidad?

Porque muchos balones se han disparado adrede fuera de la portería de un caso que lamentablemente ha acabado como ha acabado, que al mismo tiempo es diagnóstico de una entrópica realidad que padecemos, cada vez más carente de valores.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recibía en 2004 una solicitud de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia para que los Servicios Sociales Municipales elaboraran un informe sociofamiliar respecto a la familia protagonista de la macabra historia criminal acontecida, para que pudiera indicar igualmente o no la necesidad de aplicar medidas de protección a la niña fallecida por una supuesta situación de desamparo. Dicho departamento del consistorio envió el documento requerido al Gobierno para que tomara las medidas oportunas. Estos días y para más Inri hemos sabido por el director general del Menor y la Familia del Gobierno canario, que, en relación con el caso del asesinato de dos niños en Vistabella, desde 2007 se había eliminado el “riesgo” de que la madre de los pequeños realizara acciones de este tipo, según los informes psicológicos y forenses efectuados, de que no había “ni indicios” “ni sospechas” calificando el caso acontecido de “específico y muy particular”.

¿Para qué sirven las familias de acogida si no es para casos como el acontecido?

¿Para qué aldeas infantiles o similares?

¿Dónde está la acción de la Justicia, de los servicios sociales municipales, de la Dirección General del menor del Gobierno de Canarias?

La intervención con adolescentes en situación de riesgo es una tarea compleja en la que han de implicarse los profesionales de las distintas disciplinas que entran en contacto con el problema: padres, profesores, trabajadores sociales, juristas, siendo las vertientes de la cuestión tan variadas como las causas que llevan a estas situaciones: personales, como factores psicológicos o de salud, y ambientales como factores económicos, sociales, educativos, culturales o familiares.

Pero han de IMPLICARSE sus actores principales con mayúsculas, no aparentar que se hace lo que en verdad no se hace?

¿Hablamos de las polémicas acontecidas en los centros archipelágicos de menores con Coalición Canaria presidiendo el Gobierno autonómico?

¿Qué Navidad podemos celebrar ante acontecimientos como el vivido?

¿De qué sociedad y de qué valores podemos presumir como colectividad y como pueblo ante lo ocurrido?

¿Por qué no se había solicitado de forma procedente la intervención de la Fiscalía del Menor?

Se deberían adoptar de forma efectiva una serie de orientaciones básicas de carácter general referidas a la política social en su conjunto que tuviesen por objeto promover el bienestar del menor en la mayor medida posible, lo que permitiría asegurar al máximo el número de casos en que se hubiese de intervenir desde el sistema de justicia tras los procedimientos e informes preceptivos y, a su vez, reduciría al mínimo los perjuicios que normalmente ocasiona cualquier tipo de intervención extemporánea, como la padecida en el caso tristemente relatado.

Esas medidas constituirían requisitos básicos de las políticas públicas horizontales.

Ahora no lo han sido. O no se han implementado fehacientemente.

Los informes preparados sobre la base de investigaciones de carácter social (informes sociales o informes previos a la sentencia) constituirían una ayuda indispensable en la mayoría de los procesos incoados sobre el entorno de los menores. La autoridad competente debería estar informada de los antecedentes sociales y familiares del menor, de su trayectoria escolar, de sus experiencias educativas, personales y familiares... Con ese fin se recurriría a servicios sociales especiales o a personal especializadas que dependiesen de los tribunales de Justicia.

Así la regla óptima exigiría que hubiera servicios sociales adecuados y permanentemente vinculados a los casos analizados ante la más mínima sospecha que preparasen informes especializados basados en investigaciones de carácter social. Si hay que gastar en algo desde lo público es en el futuro, es en la infancia. Dice la Biblia que de todo mal puede salir un bien. Pero uno, ante el mal acontecido, no sabe que bien puede sacarse. Quizás el bien de que lo público se optimice para que males como el sufrido no vuelvan a repetirse.

Pese a todo, feliz Navidad.

José Carlos Gil Marín

Porque muchos balones se han disparado adrede fuera de la portería de un caso que lamentablemente ha acabado como ha acabado, que al mismo tiempo es diagnóstico de una entrópica realidad que padecemos, cada vez más carente de valores.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recibía en 2004 una solicitud de la Dirección General de Protección del Menor y la Familia para que los Servicios Sociales Municipales elaboraran un informe sociofamiliar respecto a la familia protagonista de la macabra historia criminal acontecida, para que pudiera indicar igualmente o no la necesidad de aplicar medidas de protección a la niña fallecida por una supuesta situación de desamparo. Dicho departamento del consistorio envió el documento requerido al Gobierno para que tomara las medidas oportunas. Estos días y para más Inri hemos sabido por el director general del Menor y la Familia del Gobierno canario, que, en relación con el caso del asesinato de dos niños en Vistabella, desde 2007 se había eliminado el “riesgo” de que la madre de los pequeños realizara acciones de este tipo, según los informes psicológicos y forenses efectuados, de que no había “ni indicios” “ni sospechas” calificando el caso acontecido de “específico y muy particular”.