Vivienda, derecho vulnerado

Una de las imágenes más dolorosas de la crisis económica ha sido el forzado desalojo de familias de sus hogares. Personas que se quedaban sin sus casas por no poder hacer frente al pago de las hipotecas o por dejar de abonar sus alquileres. En unos casos por perder el empleo y en otros, aún trabajando, por ver considerablemente reducidas sus nóminas, los pobres con empleo que tanto han aumentado en los últimos años.

En 2015 se produjeron en Canarias cerca de 3.000 lanzamientos hipotecarios, el 22% menos que en 2014. Pero se incrementaron las pérdidas de vivienda por impago de alquiler, más de 4.300 desahucios (un aumento del 2,2% respecto al año anterior), según datos del Consejo General del Poder judicial.

Se suman a las más de 10.000 familias canarias que perdieron su vivienda entre 2008 y 2014. Como en otras zonas del Estado, la reacción ciudadana a este problema social se canalizó a través del relevante trabajo desarrollado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que hizo visibles estas situaciones, apoyando a las personas involucradas y planteando propuestas para evitar los desahucios y ofrecer alternativas a los mismos.

La respuesta de las administraciones, tanto del Gobierno estatal como de la mayoría de ejecutivos autonómicos, no ha estado a la altura de las circunstancias.

El derecho a la vivienda está recogido en el artículo 25.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 47 de la Constitución española. La Carta Magna establece que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Un derecho, el de la vivienda, vulnerado de forma evidente. Con un panorama vergonzantemente paradójico en Canarias. Donde a los que han perdido sus casas en el período reciente se suman más de 35.000 demandantes de vivienda sin respuesta mientras hay 135.000 viviendas vacías.

Los recortes presupuestarios han intensificado el problema del acceso a una vivienda digna en Canarias. Realizados por el Gobierno estatal y por el Ejecutivo canario que, no hay que olvidarlo, tiene competencias exclusivas en este ámbito, como se recoge en el artículo 30.15 del Estatuto de Autonomía.

Política errática

Además, la política del Ejecutivo canario, en este tema, ha sido errática. Y no ha servido para avanzar en este terreno. Más bien lo contrario. Incapaz de tomar medidas, como la mediación, que, al menos, hubiesen servido para reducir los desahucios y lanzamientos hipotecarios. Mediación entre banqueros e hipotecados, en el caso de las ejecuciones hipotecarias. Y entre dueños de pisos e inquilinos en el de los alquileres, que suponen prácticamente la mitad de los casos de familias que se ven expulsadas de sus hogares.

El Ejecutivo canario ha sido incapaz, asimismo, de establecer un fondo de ayuda de emergencia hipotecaria para las familias que se encuentran en situación de exclusión social.

Cuando nos encaminamos al primer año de la actual legislatura autonómica la situación no ha sufrido apenas modificaciones. Continúan sin ser aprobados el Plan de Vivienda de Canarias y el Fondo Canario de Viviendas. Este último esencial para disponer de créditos suficientes para que se pueda dar cobertura a los contenidos y los objetivos del plan. Respecto a las ayudas al alquiler para 2015-2016, tenía que haberse resuelto la convocatoria en septiembre de 2015. Ocho meses después se desconocen aún los resultados de la misma.

El Gobierno canario ni ha frenado los desahucios ni ha desarrollado una política pública de vivienda que dé respuesta a la demanda social.

Prioridad

Como en otras áreas en que el fracaso viene siendo más que notorio –la dependencia o el desarrollo de los servicios sociales- urge un giro tan urgente como riguroso en relación a las políticas en este ámbito. No se trata de un problema menor ni de un asunto aplazable en el tiempo. Sino de una prioridad que afecta gravemente a la calidad de vida de muchas familias canarias que no pueden cumplir el sueño de acceder a una vivienda en condiciones.

Insistiremos en el Parlamento de Canarias en que es posible y necesaria una política global respecto a la vivienda que responda a las necesidades de esas 35.000 familias que aspiran a disponer de una vivienda. Y a las que sus condiciones económicas les impiden encontrarla en el mercado libre.

Planteamos algunas medidas que debería adoptar el Ejecutivo para dar pasos en la resolución de este grave problema social. Entre ellas, poner en funcionamiento en todas las islas las oficinas de información, asesoramiento e intermediación hipotecaria, resolver la convocatoria de ayudas al alquiler o incorporar, con fondos procedentes del Impuesto General por el Tráfico de Empresas (IGTE), un programa de construcción o de adquisición de viviendas en manos de las entidades financieras, bien para venta o para el alquiler.

Igualmente, demandamos el abono de lo pendiente del programa de Hipoteca Joven y poner en marcha un programa de inspección de la vivienda protegida que evite que casas destinadas a uso social puedan encontrarse deshabitadas.

Disfrutar de una vivienda digna y adecuada es un derecho humano y constitucional. Pero en la práctica se convierte en un deseo inalcanzable para miles de familias canarias. Solo con un profundo cambio en las políticas, priorizando las actuaciones en este sector y dotándolas presupuestariamente, será posible modificar el actual panorama, acabar con el injusto sufrimiento de tanta gente y convertir este derecho en realidad.

Una de las imágenes más dolorosas de la crisis económica ha sido el forzado desalojo de familias de sus hogares. Personas que se quedaban sin sus casas por no poder hacer frente al pago de las hipotecas o por dejar de abonar sus alquileres. En unos casos por perder el empleo y en otros, aún trabajando, por ver considerablemente reducidas sus nóminas, los pobres con empleo que tanto han aumentado en los últimos años.

En 2015 se produjeron en Canarias cerca de 3.000 lanzamientos hipotecarios, el 22% menos que en 2014. Pero se incrementaron las pérdidas de vivienda por impago de alquiler, más de 4.300 desahucios (un aumento del 2,2% respecto al año anterior), según datos del Consejo General del Poder judicial.