La voladura de los Pactos de Estado

Un Pacto de Estado es la práctica política de acuerdos entre partidos políticos de tendencias opuestas para enmarcar la acción del Estado a largo plazo en asuntos de trascendencia para un país, sin consideración de qué partido ocupa el gobierno en cada momento. 

En España, los Pactos de Estado en nuestros poco más de cuarenta años de democracia, realmente han sido escasos. Contando los de la Moncloa de 1977 sólo ha habido siete, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016.

Curiosamente, la mayoría de ellos se cerraron con la derecha en el gobierno y la izquierda en la oposición. Sólo en dos ocasiones el PP llegó a firmar pactos de Estado con el PSOE en el Gobierno: el segundo Pacto Autonómico de 1992, con Felipe González en la Presidencia, y el Pacto de Toledo, firmado en 1995 también con González en La Moncloa.

Hasta aquí, todo bien. Sin embargo, desde que José María Aznar rompiera, allá por los años noventa del siglo pasado, con ese acuerdo no escrito desde la transición de no utilizar asuntos de Estado para hacer oposición, el PP no ha perdido la ocasión de utilizarlos como arma de desgaste cada vez que ha estado en la oposición. 

Utilización de víctimas de atentados terroristas contra el gobierno, alineamiento con estados miembros de la Unión Europea que rechazaban los fondos de recuperación económica para España, o el bloqueo y negativa a apoyar los estados de alarma tan necesarios para salir de la crisis pandémica, son algunos ejemplos. 

La última y más grave: apoyar las tesis de Marruecos en contra de los intereses de nuestro país, tras la reunión que mantuvo Casado con el Presidente del Partido Reagrupamiento Nacional Independiente de Marruecos, Aziz Ajanuch, una semana antes de la crisis migratoria que se sucedió en Ceuta. Un partido político, el de Aziz Ajanuch, que reclama la soberanía marroquí para Ceuta, Melilla y Canarias.

Podría parecer que siempre ha sido así, pero la tozudez de la historia nos apabullaría con ejemplos opuestos. Las veces en las que la ciudadanía ha sentenciado que la izquierda debía ejercer la muy noble responsabilidad de la oposición, el PSOE se alineó junto al gobierno en los asuntos de máxima trascendencia para el país. 

“Señor Aznar, cuenta con nosotros para defender los intereses de nuestro país ante la crisis en la relación con Marruecos, como ha hecho siempre el Partido Socialista, con plena lealtad a España, a sus intereses y a sus objetivos primordiales. Lo sabía ya el Gobierno y lo sabe ahora la Cámara y el país”. Así fue como Zapatero inició su discurso en el debate sobre el estado de la nación el 15 de julio de 2002. Sin duda, dos maneras muy diferentes de reaccionar y actuar como oposición.

Las prisas de la derecha por llegar a la Moncloa, les está llevando a pulsar el detonador que activa la voladura controlada de los grandes Pactos de Estado que están por hacerse; Educación, sanidad, mercado laboral o política exterior entre otros. 

Una estrategia de tierra quemada, a mi juicio, totalmente errónea, que solo sirve para darle más alas a un fascismo desatado, que ya empieza a convertirse en un problema que, más pronto que tarde, requerirá de un Pacto de Estado.

Christopher Rodríguez.

Técnico en Administración de Empresas.

Escritor, autor de la novela El Lince. Mercurio Editorial. Año 2020.

Un Pacto de Estado es la práctica política de acuerdos entre partidos políticos de tendencias opuestas para enmarcar la acción del Estado a largo plazo en asuntos de trascendencia para un país, sin consideración de qué partido ocupa el gobierno en cada momento. 

En España, los Pactos de Estado en nuestros poco más de cuarenta años de democracia, realmente han sido escasos. Contando los de la Moncloa de 1977 sólo ha habido siete, de los cuales dos son ampliaciones de acuerdos ya vigentes: el Pacto Autonómico de 1981 —reeditado en 1992—, el Pacto de Toledo de 1995, el Pacto Antiterrorista de 2000 —ampliado en 2016 para incluir el fenómeno yihadista— y el pacto contra la Violencia de Género de 2016.