Zerolo o Bolívar por Octavio Hernández*

Tengo unas preguntas que hacer a Antonio Cubillo, Francisco García-Talavera, Juan Díaz Palarea y Antonio Artiles, en relación con el debate publicado por El Día el pasado domingo. Me cuento entre quienes en las islas pensamos que la actual democracia española será incompleta para las y los canarios mientras se asiente en un sistema político que excluya por principio y por sistema la descolonización de las islas como una opción democráticamente tan legítima como cualquier otra. Pero igualmente soy de la opinión que la secesión tendría que afrontar la carga de la prueba y justificar, sin demagogia ni victimismo, que es una opción democrática mejor que la vigente en la Constitución española de 1978, discusión a la que, por supuesto, estoy abierto a título personal. Siendo así y en aras de esa brevedad transparente que requieren los asuntos serios y trascendentales, me permito preguntar a los prohombres citados: ¿Contemplará el sistema penal de la República Independiente proyectada los delitos de prevaricación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho, entre otros relacionados con presuntos quebrantos en la administración del interés general de la res publica en las islas? Considerando por descontado que el objetivo de la descolonización incluye la clara determinación de constituir un Estado de derecho en Canarias partiendo de la sucesión del estado metropolitano precedente, mi siguiente pregunta es: ¿Desempeñará el poder judicial de esa República sus funciones con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo, hasta el punto de poder encausar penalmente a representantes públicos que incurrieran en delitos tipificados de corrupción? Y conectado con esta cuestión, ¿gozarán los medios de comunicación canarios de la independencia precisa para investigar, publicar y seguir las pesquisas en estos casos, así como hacerse eco y difundir las opiniones críticas que se expresen para velar por la calidad democrática del nuevo régimen constitucional canario? Para ser más claro, si cabe, pueden responderme Antonio Cubillo, Francisco García-Talavera, Juan Díaz Palarea y Antonio Artiles: Ante actos documentados de naturaleza indiciaria y probatoria de presuntos delitos tipificados, en la República Independiente que postulan ¿actuaría el ministerio fiscal querellándose contra los homólogos de los actuales imputados por la operación urbanística de Las Teresitas, como Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor, o de empresarios como Antonio Plasencia e Ignacio González? Si se descubriera la existencia de una Tangentópolis canaria, cuyos tentáculos atenazaran, con la fuerza lucrativa de una concentración de capital abrumadora recogida en el sistema económico y fiscal republicano, el poder representativo de los partidos políticos, de sus cargos institucionales en los niveles decisorios de gobierno, de los consejos de Administración de los principales medios de comunicación y de las patronales de los sectores económicos pujantes de la República, ¿la labor de los jueces recibiría reconocimiento con honores por sus servicios a la Constitución democrática y las leyes protectoras de los derechos civiles, políticos y sociales y del interés general, o los fiscales encargados tendrían motivos para recordar cómo acabó el juez Falcone? ¿Ascenderían en los equipos redactores los periodistas que investigan siguiendo estas pistas, o serían invitados al exilio interior o exterior por la entidad pagadora?Díganme: ¿Se investigarían en esa soñada República anticolonialista las actividades de los tribunos republicanos en paraísos fiscales y su relación con testaferros, sociedades interpuestas, cuentas y transferencias opacas de dígitos multimillonarios, redes de blanqueo internacionales, y operaciones de presuntos pagos y sobornos ligados a la autoridad política y administrativa encargada de garantizar la transparencia de los contratos públicos?CodaEl independentista sensato no tiene prisa. Sabe que la actual desesperación de los hidalgos de Nivaria que han actuado como garantes de la estabilidad del pacto colonial tanto en dictadura como en democracia, es producto de sus trapacerías al haberse dejado llevar por la sensación de impunidad que les daba la seguridad de que el servil cumplimiento de su función política para el Estado los situaría eternamente al margen de la ley en el disfrute de un poder casi ilimitado. El independentista sensato se da cuenta de que los alegatos de soberanía de estos Adelantados acorralados no significa en absoluto que aspiren de verdad a la ampliación de la soberanía popular canaria, sino más bien que amagan con negociar la soberanía nacional española con el fin de evadir la acción de la justicia, cuyas pesquisas nunca han estado tan cerca de cuestionar el edificio de sus intereses y su propia existencia política en el poder que les ha sido prestado por el Estado.En mi opinión, no es Canarias, sino España, la que se apresta nuevamente a deponer la vara con la espada. El pacto secular no puede quedar menoscabado por una forzada y falsa agitación secesionista de la elite criolla que siempre ha sido servil garante del unionismo. Pero menos aún por los escándalos de corrupción de estos regidores y sus pretensiones económicas, fiscales y estatutarias, cuya dimensión por exceso constituye una amenaza para la propia estabilidad del mismo en los tiempos que corren. Quede, para finalizar, mi testimonio personal de que en la república independiente que alcanzo a imaginar, Miguel Zerolo no hace el papel de Simón Bolívar, sino de limpiabotas de Francisco Tomás Morales. Es una invención jocunda que no figura en los libros de historia, pero me parece que el limpiabotas ese acaba en la prisión de La Carraca por robarle una hebilla al general realista gran canario. * Octavio Hernández es portavoz de Los Verdes en Tenerife.

Tengo unas preguntas que hacer a Antonio Cubillo, Francisco García-Talavera, Juan Díaz Palarea y Antonio Artiles, en relación con el debate publicado por El Día el pasado domingo. Me cuento entre quienes en las islas pensamos que la actual democracia española será incompleta para las y los canarios mientras se asiente en un sistema político que excluya por principio y por sistema la descolonización de las islas como una opción democráticamente tan legítima como cualquier otra. Pero igualmente soy de la opinión que la secesión tendría que afrontar la carga de la prueba y justificar, sin demagogia ni victimismo, que es una opción democrática mejor que la vigente en la Constitución española de 1978, discusión a la que, por supuesto, estoy abierto a título personal. Siendo así y en aras de esa brevedad transparente que requieren los asuntos serios y trascendentales, me permito preguntar a los prohombres citados: ¿Contemplará el sistema penal de la República Independiente proyectada los delitos de prevaricación, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y cohecho, entre otros relacionados con presuntos quebrantos en la administración del interés general de la res publica en las islas? Considerando por descontado que el objetivo de la descolonización incluye la clara determinación de constituir un Estado de derecho en Canarias partiendo de la sucesión del estado metropolitano precedente, mi siguiente pregunta es: ¿Desempeñará el poder judicial de esa República sus funciones con independencia de los poderes legislativo y ejecutivo, hasta el punto de poder encausar penalmente a representantes públicos que incurrieran en delitos tipificados de corrupción? Y conectado con esta cuestión, ¿gozarán los medios de comunicación canarios de la independencia precisa para investigar, publicar y seguir las pesquisas en estos casos, así como hacerse eco y difundir las opiniones críticas que se expresen para velar por la calidad democrática del nuevo régimen constitucional canario? Para ser más claro, si cabe, pueden responderme Antonio Cubillo, Francisco García-Talavera, Juan Díaz Palarea y Antonio Artiles: Ante actos documentados de naturaleza indiciaria y probatoria de presuntos delitos tipificados, en la República Independiente que postulan ¿actuaría el ministerio fiscal querellándose contra los homólogos de los actuales imputados por la operación urbanística de Las Teresitas, como Miguel Zerolo y Luis Suárez Trenor, o de empresarios como Antonio Plasencia e Ignacio González? Si se descubriera la existencia de una Tangentópolis canaria, cuyos tentáculos atenazaran, con la fuerza lucrativa de una concentración de capital abrumadora recogida en el sistema económico y fiscal republicano, el poder representativo de los partidos políticos, de sus cargos institucionales en los niveles decisorios de gobierno, de los consejos de Administración de los principales medios de comunicación y de las patronales de los sectores económicos pujantes de la República, ¿la labor de los jueces recibiría reconocimiento con honores por sus servicios a la Constitución democrática y las leyes protectoras de los derechos civiles, políticos y sociales y del interés general, o los fiscales encargados tendrían motivos para recordar cómo acabó el juez Falcone? ¿Ascenderían en los equipos redactores los periodistas que investigan siguiendo estas pistas, o serían invitados al exilio interior o exterior por la entidad pagadora?Díganme: ¿Se investigarían en esa soñada República anticolonialista las actividades de los tribunos republicanos en paraísos fiscales y su relación con testaferros, sociedades interpuestas, cuentas y transferencias opacas de dígitos multimillonarios, redes de blanqueo internacionales, y operaciones de presuntos pagos y sobornos ligados a la autoridad política y administrativa encargada de garantizar la transparencia de los contratos públicos?CodaEl independentista sensato no tiene prisa. Sabe que la actual desesperación de los hidalgos de Nivaria que han actuado como garantes de la estabilidad del pacto colonial tanto en dictadura como en democracia, es producto de sus trapacerías al haberse dejado llevar por la sensación de impunidad que les daba la seguridad de que el servil cumplimiento de su función política para el Estado los situaría eternamente al margen de la ley en el disfrute de un poder casi ilimitado. El independentista sensato se da cuenta de que los alegatos de soberanía de estos Adelantados acorralados no significa en absoluto que aspiren de verdad a la ampliación de la soberanía popular canaria, sino más bien que amagan con negociar la soberanía nacional española con el fin de evadir la acción de la justicia, cuyas pesquisas nunca han estado tan cerca de cuestionar el edificio de sus intereses y su propia existencia política en el poder que les ha sido prestado por el Estado.En mi opinión, no es Canarias, sino España, la que se apresta nuevamente a deponer la vara con la espada. El pacto secular no puede quedar menoscabado por una forzada y falsa agitación secesionista de la elite criolla que siempre ha sido servil garante del unionismo. Pero menos aún por los escándalos de corrupción de estos regidores y sus pretensiones económicas, fiscales y estatutarias, cuya dimensión por exceso constituye una amenaza para la propia estabilidad del mismo en los tiempos que corren. Quede, para finalizar, mi testimonio personal de que en la república independiente que alcanzo a imaginar, Miguel Zerolo no hace el papel de Simón Bolívar, sino de limpiabotas de Francisco Tomás Morales. Es una invención jocunda que no figura en los libros de historia, pero me parece que el limpiabotas ese acaba en la prisión de La Carraca por robarle una hebilla al general realista gran canario. * Octavio Hernández es portavoz de Los Verdes en Tenerife.