Acusaciones delictivas

La malversación de fondos públicos es un delito penado por la ley. Lo comete aquel funcionario que destina dineros públicos a un fin distinto al presupuestado. Por lo tanto, acusar a alguien de distraer dinero público destinado a la lucha contra el desempleo a obras suntuarias podría ser delictivo. Salvo que la acusación sea infundada, como es el caso. De ahí que el PSOE se lanzara este miércoles en tromba a exigir al PP que si está tan seguro de lo que denuncia, que acuda a los tribunales so pena de ser ese partido quien incurra en un delito, en el de la obligatoriedad que tiene todo dirigente público de poner en manos de la fiscalía o de los tribunales la comisión de un delito en el preciso instante de tener conocimiento de que se ha cometido. No ocurrirá nada, estaría bueno, como no pasó nada cuando era el PSOE el que tenía que denunciar delitos que tenía ante sus propias narices cuando estaba en la oposición y eran precisamente estos otros los que movían fondos públicos a su libre albedrío. Lo peor de esta polémica es que sus señorías se agotarán ahora en ver quién mea más lejos en lugar de resolver el fondo de la cuestión, que no es otro que la drástica reducción de fondos para el empleo por parte del Gobierno del Estado. Por el camino vamos a tener que recuperar noticias tan poco edificantes como la onerosa mampara, con sus correspondientes gastos de remodelación de mampostería, que el PP hizo que se le instalara al comienzo de esta legislatura en sus oficinas del grupo parlamentario, en la quinta planta del Parlamento de Canarias. O el fabuloso baño con bidé incluido que se hizo construir en 2003 en el edificio de Usos Múltiples de Las Palmas de Gran Canaria aquel eficiente consejero de Industria de nombre Luis Soria. Por no hablar de una evidente malversación de fondos públicos, la denunciada en Fuerteventura al descubrirse que la hoy secretaria primera de la Cámara, Águeda Montelongo, permitió que se desviaran fondos del Patronato de Turismo para pagar viajes de recreo a dirigentes nacionales del PP (entre ellos el actual secretario de Estado de Seguridad Social). Soria dijo entonces que se trató solamente de un error. Ah. Si el de las explicaciones hubiera sido Manolo Fernández, también beneficiado de aquellas invitaciones con dinero público de la señora Montelongo, todo se hubiera limitado a “unos pinchacitos” de nada.

La malversación de fondos públicos es un delito penado por la ley. Lo comete aquel funcionario que destina dineros públicos a un fin distinto al presupuestado. Por lo tanto, acusar a alguien de distraer dinero público destinado a la lucha contra el desempleo a obras suntuarias podría ser delictivo. Salvo que la acusación sea infundada, como es el caso. De ahí que el PSOE se lanzara este miércoles en tromba a exigir al PP que si está tan seguro de lo que denuncia, que acuda a los tribunales so pena de ser ese partido quien incurra en un delito, en el de la obligatoriedad que tiene todo dirigente público de poner en manos de la fiscalía o de los tribunales la comisión de un delito en el preciso instante de tener conocimiento de que se ha cometido. No ocurrirá nada, estaría bueno, como no pasó nada cuando era el PSOE el que tenía que denunciar delitos que tenía ante sus propias narices cuando estaba en la oposición y eran precisamente estos otros los que movían fondos públicos a su libre albedrío. Lo peor de esta polémica es que sus señorías se agotarán ahora en ver quién mea más lejos en lugar de resolver el fondo de la cuestión, que no es otro que la drástica reducción de fondos para el empleo por parte del Gobierno del Estado. Por el camino vamos a tener que recuperar noticias tan poco edificantes como la onerosa mampara, con sus correspondientes gastos de remodelación de mampostería, que el PP hizo que se le instalara al comienzo de esta legislatura en sus oficinas del grupo parlamentario, en la quinta planta del Parlamento de Canarias. O el fabuloso baño con bidé incluido que se hizo construir en 2003 en el edificio de Usos Múltiples de Las Palmas de Gran Canaria aquel eficiente consejero de Industria de nombre Luis Soria. Por no hablar de una evidente malversación de fondos públicos, la denunciada en Fuerteventura al descubrirse que la hoy secretaria primera de la Cámara, Águeda Montelongo, permitió que se desviaran fondos del Patronato de Turismo para pagar viajes de recreo a dirigentes nacionales del PP (entre ellos el actual secretario de Estado de Seguridad Social). Soria dijo entonces que se trató solamente de un error. Ah. Si el de las explicaciones hubiera sido Manolo Fernández, también beneficiado de aquellas invitaciones con dinero público de la señora Montelongo, todo se hubiera limitado a “unos pinchacitos” de nada.