Acusan de complicidad a la gerente

Decir que un cargo público está exento de responsabilidad por desconocer que no puede enchufar a un familiar en segundo grado, o descargar la responsabilidad de que lo haga en la directora gerente por no advertirle de esa extendida máxima, constituye un insulto a la inteligencia. En primer lugar porque ?como bien ha de ser ver el jefe de los Servicios Jurídicos del Cabildo- el señor Domínguez es funcionario por oposición, lo que significa que ha de conocer a la perfección las leyes que rigen en las administraciones públicas, con todos sus reglamentos y los terrenos prohibidos que nunca deben transitarse. Y el del nepotismo es uno de ellos. En segundo lugar porque está generalmente aceptado por todo el mundo, incluidos los letrados de la Casa Palacio Insular, que el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento. No querríamos ver la cara de don Carlos Trujillo, jefe de los Servicios Jurídicos, si alguien ?informe suyo en mano- alegara en su descargo haber incumplido los preceptos del Plan Insular por desconocerlos por completo. Tercero: concluir que la directora gerente debió informarle de esas limitaciones equivale directamente a dar por sentado que esa señora conocía el parentesco entre el vicepresidente del Cabildo y el informático contratado, lo que la convierte directamente en cómplice del nepotismo. La guinda a tanto desaguisado por parte de un departamento que debería velar por las garantías jurídicas y la rectitud, legalidad de las decisiones del Cabildo y el correcto empleo de los fondos que administra es asegurar en un informe que la contratación del cuñado del vicepresidente no es un ilícito porque tal profesional “venía trabajando” para la Fedac cuando se le hizo el contrato. Lo que oculta de manera perversa el señor letrado es que cuando se le hizo el contrato, efectivamente, el enchufado venía prestando y facturando sus servicios profesionales, ¡pero sólo desde que su cuñado se lo endilgó a la institución! Si los servicios jurídicos del Cabildo desconocen el delito de la prevaricación podríamos empezar a entenderlo todo.

Decir que un cargo público está exento de responsabilidad por desconocer que no puede enchufar a un familiar en segundo grado, o descargar la responsabilidad de que lo haga en la directora gerente por no advertirle de esa extendida máxima, constituye un insulto a la inteligencia. En primer lugar porque ?como bien ha de ser ver el jefe de los Servicios Jurídicos del Cabildo- el señor Domínguez es funcionario por oposición, lo que significa que ha de conocer a la perfección las leyes que rigen en las administraciones públicas, con todos sus reglamentos y los terrenos prohibidos que nunca deben transitarse. Y el del nepotismo es uno de ellos. En segundo lugar porque está generalmente aceptado por todo el mundo, incluidos los letrados de la Casa Palacio Insular, que el desconocimiento de la Ley no exime de su cumplimiento. No querríamos ver la cara de don Carlos Trujillo, jefe de los Servicios Jurídicos, si alguien ?informe suyo en mano- alegara en su descargo haber incumplido los preceptos del Plan Insular por desconocerlos por completo. Tercero: concluir que la directora gerente debió informarle de esas limitaciones equivale directamente a dar por sentado que esa señora conocía el parentesco entre el vicepresidente del Cabildo y el informático contratado, lo que la convierte directamente en cómplice del nepotismo. La guinda a tanto desaguisado por parte de un departamento que debería velar por las garantías jurídicas y la rectitud, legalidad de las decisiones del Cabildo y el correcto empleo de los fondos que administra es asegurar en un informe que la contratación del cuñado del vicepresidente no es un ilícito porque tal profesional “venía trabajando” para la Fedac cuando se le hizo el contrato. Lo que oculta de manera perversa el señor letrado es que cuando se le hizo el contrato, efectivamente, el enchufado venía prestando y facturando sus servicios profesionales, ¡pero sólo desde que su cuñado se lo endilgó a la institución! Si los servicios jurídicos del Cabildo desconocen el delito de la prevaricación podríamos empezar a entenderlo todo.