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OPINIÓN | 'Pesimismo y capitalismo', por Enric González

Anfi bumerán

Ya recorre al golpito los sinuosos pasillos de la Administración pública canaria el expediente de declaración de interés general de la urbanización Anfi Tauro, en Mogán. Ya saben, ésa declaración que tiene tantísimo que ver con el viaje del salmón que llevó a cabo José Manuel Soria con la plena garantía de que nada influiría en sus sabias decisiones. Tal expediente viene bichado, y los funcionarios que lo ven pasar saben que es el expediente que más claro tiene impreso el sello “Devolver al Cabildo para su correcta tramitación”. No porque las salvedades impuestas por los funcionarios de esa Corporación fueran muchas, ni siquiera por el escándalo mismo del salmón, sino sencillamente porque se tramitó mal, porque en aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, no lo aprobó el órgano competente. Sí, competente, aunque cueste trabajo creerlo. Lo que no sabemos es si el Gobierno llegará a mandarlo al Parlamento, donde lo rechazarán también, o si será el Ejecutivo quien lo retroceda a su legítimo propietario.

Ya recorre al golpito los sinuosos pasillos de la Administración pública canaria el expediente de declaración de interés general de la urbanización Anfi Tauro, en Mogán. Ya saben, ésa declaración que tiene tantísimo que ver con el viaje del salmón que llevó a cabo José Manuel Soria con la plena garantía de que nada influiría en sus sabias decisiones. Tal expediente viene bichado, y los funcionarios que lo ven pasar saben que es el expediente que más claro tiene impreso el sello “Devolver al Cabildo para su correcta tramitación”. No porque las salvedades impuestas por los funcionarios de esa Corporación fueran muchas, ni siquiera por el escándalo mismo del salmón, sino sencillamente porque se tramitó mal, porque en aplicación de la Ley de Grandes Ciudades, no lo aprobó el órgano competente. Sí, competente, aunque cueste trabajo creerlo. Lo que no sabemos es si el Gobierno llegará a mandarlo al Parlamento, donde lo rechazarán también, o si será el Ejecutivo quien lo retroceda a su legítimo propietario.