2004, año mágico para Luis Soria

El año 2004 pasará a la historia de la Consejería de Industria como uno de los más funestos de cuantos ha padecido la autonomía canaria. Fue ese año el del frustrado concurso eólico que dio lugar al escándalo, aún pendiente de juicio, de la operación eolo. Pero también fue en 2004 cuando en esa consejería, tan brillantemente atendida por Luis Soria, se le abren a Luis Bittini todas las posibilidades para poder presentar en 2007 una acción de responsabilidad contra el Gobierno. Industria, lejos de caducarle la autorización minera, permite que se le reabra el expediente a pesar de que había estado inactivo el tiempo suficiente para declararlo muerto, sobre todo después de que en 1998 una sentencia judicial negara al empresario la posibilidad de exigir daños y perjuicios. Cierto es que la última sentencia, firmada por el magistrado Gómez Cáceres y conteniendo un informe pericial de un tío de los hermanos Soria, termina apoyando al empresario. La única esperanza que queda es el Supremo, que habrá de dilucidar acerca de los conocimientos en derecho minero del juez y sobre si se le puede pagar una fortuna a un ciudadano que no ha movido piedras, sino papeles convenientemente engrasados por una administración negligente que pareció haber estado trabajando sólo para el interés de un particular.

El año 2004 pasará a la historia de la Consejería de Industria como uno de los más funestos de cuantos ha padecido la autonomía canaria. Fue ese año el del frustrado concurso eólico que dio lugar al escándalo, aún pendiente de juicio, de la operación eolo. Pero también fue en 2004 cuando en esa consejería, tan brillantemente atendida por Luis Soria, se le abren a Luis Bittini todas las posibilidades para poder presentar en 2007 una acción de responsabilidad contra el Gobierno. Industria, lejos de caducarle la autorización minera, permite que se le reabra el expediente a pesar de que había estado inactivo el tiempo suficiente para declararlo muerto, sobre todo después de que en 1998 una sentencia judicial negara al empresario la posibilidad de exigir daños y perjuicios. Cierto es que la última sentencia, firmada por el magistrado Gómez Cáceres y conteniendo un informe pericial de un tío de los hermanos Soria, termina apoyando al empresario. La única esperanza que queda es el Supremo, que habrá de dilucidar acerca de los conocimientos en derecho minero del juez y sobre si se le puede pagar una fortuna a un ciudadano que no ha movido piedras, sino papeles convenientemente engrasados por una administración negligente que pareció haber estado trabajando sólo para el interés de un particular.