25 años de corrupción canaria (CC)

Empecemos por los principios: Coalición Canaria no es un partido nacionalista, por mucho que sus dirigentes lo proclamen, abracen inopinadamente la bandera independentista de las siete estrellas verdes o se pongan flamencos ante el Gobierno de España cuando no afloja la pasta. Tampoco ha podido convencer a nadie de que sea una fuerza progresista, como se recoge en sus principios. Ni mucho menos tiene como objetivo “la consolidación por vías democráticas de la Nación Canaria”, ni “el reconocimiento y defensa de su identidad como pueblo soberano integrado en una concepción plurinacional del Estado”. Cuentos chinos. Coalición Canaria es un partido de poder, exclusivamente de poder, nacido justo en el momento en el que once formaciones políticas del más variado pelaje, once, sumaban 31 diputados en el Parlamento de Canarias.

Hace 25 años ahora que confluyeron alrededor de aquella iniciativa del irrepetible José Carlos Mauricio, eterno secretario general del Partido Comunista de Canarias, transformado en nacionalista canario tras convencerse a sí mismo de que le iba a resultar imposible gobernar instituciones sin contar con el régimen franquista. O por ser más precisos, con los franquistas que se quedaron colgados cuando UCD se disolvió. En 1993 Mauricio consiguió poner de acuerdo a personajes tan poco recomendables como Dimas Martín (actualmente en prisión por corrupto) con lo más genuino del régimen, como Manuel Hermoso, director provincial de Obras Públicas con Franco, o Luis Mardones, gobernador civil de botas de caña y correaje, cuyos cargos franquistas no constan en la web del Congreso, donde fue diputado nacionalista, progresista y soberanista canario. Manda trillos. Junto a ellos se abrazaron fascinados al invento de Mauricio algunos de sus más estalinistas seguidores, como la actual viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez, los asamblearios de Fuerteventura, insularistas recalcitrantes, racistas y xenófobos que pidieron blindarnos contra los cayucos, o los bienaventurados cristianos de base, luego audaces manipuladores que ahora ocupan puestos en la penumbra que parece que no mojan pero empapan, verbigracia la oficina de colocación del Hospital Universitario de Canarias (HUC).

Desde el principio se le notaron los modales, aquellos que impuso el ya desaparecido cabo Paredes, encargado de las actividades molestas o insalubres, como traerse por la fuerza desde el hotel Mindanao de Madrid al Parlamento de Teobaldo Power a los dos diputados del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL) que se resistían a apoyar una moción de censura del vicepresidente del Gobierno, Manuel Hermoso (Agrupación Tinerfeña de Independientes, la incombustible ATI), al presidente del Gobierno, Jerónimo Saavedra (PSOE). Aquella fue la primera traición protagonizada por lo que desde entonces (1993) pasó a llamarse Coalición Canaria. La última, muy reciente, cuando Fernando Clavijo echó al PSOE del Gobierno por pretender acabar con prácticas corruptas de algunas secciones, como los conciertos sanitarios con las clínicas privadas (que van a traer cola) o el pago de un plus ilegal y bajo cuerda a los catedráticos pata negra adscritos al HUC, que cobran a través del Cabildo con fondos del Servicio Canario de la Salud.

Han sido 25 años jalonados de casos de corrupción y de comportamientos indecentes que comenzaron con Jerónimo Saavedra perdonándole al por entonces su socio el llamado caso Floreal, que siguieron con Puerto Marena y Tindaya y que han tenido en las sentencias por los casos Las Teresitas, Mamotreto, García Cabrera, canteras de Güímar o Siliuto los exponentes judiciales más llamativos con condenas que mantienen a unos cuantos delincuentes en la cárcel sin que el partido haya asumido ni una sola vez la más mínima responsabilidad política o por negligencia in vigilando.

Muy al contrario, cuando todos esos escándalos saltaron a la opinión pública, sus dirigentes tardaron segundos en defender a sus corruptos y en atacar a los denunciantes, colocándolos ante la ciudadanía como auténticos traidores de la patria canaria, más específicamente la tinerfeña. Porque esa práctica ha sido más acentuada en Tenerife, que es donde campaba y campa a sus anchas la corrupción de ATI aplicando uno de los principios que inspiran la ideología de CC en esa isla: defender los negocios de una oligarquía empresarial que impone a los dirigentes de turno lo que hay que hacer para el engrandecimiento de Tenerife, que no es otro que el suyo propio. Así, lo que un día puede ser una gran urbanización turística en el frente de Las Teresitas, otro puede ser un amaño de los convenios con las clínicas privadas, y el otro, un macromuelle en Granadilla. El dinero público al servicio de unos pocos que, como es norma, suelen ser muy generosos con quienes les benefician.

Ahora toca cerrar filas con el alcalde de La Laguna por el caso Grúas, tanto por lo que supone tener imputado al regidor de una ciudad que ATI no se puede permitir perder, como por lo que ese caso afecta al actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que alcanzó la gloria gracias a las trampas que algunos de los suyos hicieron en las primarias internas y a la generosidad y el respaldo de empresarios que querían acabar con Paulino Rivero, considerado otro traidor para Tenerife.

 Ya lo decía este domingo en El Día con su gracejo habitual la diputada nacional Ana Oramas: Clavijo ni se imaginó nunca que podía ser candidato a presidente del Gobierno; y mucho menos llegar a serlo. Por eso se permitió ligerezas como las que quedaron grabadas para la posteridad por la Policía en el caso Corredor, chanchulleando en el límite mismo del Código Penal (su imputación se archivó) o dando ventajas a los empresarios a los que él mismo puso al frente de las grúas municipales de la ciudad cuando empezaba a descubrir cuánto es de fina línea que separa la decisión política de los pingües negocietes.