Blindar a la alcaldesa

Mari Carmen Castellano forma parte de esa saga de dirigentes del Partido Popular de Canarias protegidos por su presidente regional a pesar de los graves cargos o imputaciones por corrupción que pesan sobre ellos. Ella, Jorge Rodríguez, Francisco González (alcalde de Mogán) Francisco Valido (ex alcalde de Telde)? fueron, junto al inmediatamente defenestrado Celso Perdomo (caso Eolo) los primeros que cayeron en las garras de la Fiscalía Anticorrupción cuando el ministro López Aguilar creó sus delegaciones en las comunidades autónomas más proclives a la corrupción urbanística. La alcaldesa de Telde fue detenida en la inquietante redada que condujo a los calabozos a casi todo el grupo de gobierno municipal, y cuando todo hacía prever que seguirían el anunciado camino de la expulsión ejemplarizante, el líder del PP cambió de estrategia y pasó de la depuración a la acusación. Los acusados no eran los sospechosos sino la Policía, los fiscales, los jueces y algunos periodistas, de modo que la corrupción del PP fuera en realidad corrupción de un supuesto aparataje del Estado para mermarle las fuerzas al partido de Mariano Rajoy. Sublime. En el caso de Telde, la pirueta se complica, porque lejos de apartar a Castellano a un segundo plano a la espera de las resoluciones judiciales, Soria la catapultó a candidata a la alcaldía y presidenta local del PP, además incluirla en la dirección regional, como hizo con Francisco González, alcalde de Mogán, que también es consejero del Cabildo de Gran Canaria. Curiosamente, en ambos casos, tanto el ministro como el presidente Rajoy se han mojado personalmente en el apadrinamiento de estos imputados. Un viejo truco del ministro canario, obligar a Rajoy a poner el sello en sus decisiones más polémicas. Novios de la muerte. En rigor, el fiscal acusa a la alcaldesa de haber participado en operaciones ilícitas destinadas a financiar el PP, pero es evidente que Castellano estaba en el núcleo duro de una organización que, cuando todo estalló, lideraba María Antonia Torres, que se llevó a la tumba los secretos que amagó con revelar en más de una ocasión. Torres ya había mostrado su tarjeta de visita en el mandato 1999-2003, cuando se descubrieron algunos manejos en el Cabildo de Gran Canaria. Lejos de apartarla, el PP la destinó a Telde con el resultado ahora conocido.

Mari Carmen Castellano forma parte de esa saga de dirigentes del Partido Popular de Canarias protegidos por su presidente regional a pesar de los graves cargos o imputaciones por corrupción que pesan sobre ellos. Ella, Jorge Rodríguez, Francisco González (alcalde de Mogán) Francisco Valido (ex alcalde de Telde)? fueron, junto al inmediatamente defenestrado Celso Perdomo (caso Eolo) los primeros que cayeron en las garras de la Fiscalía Anticorrupción cuando el ministro López Aguilar creó sus delegaciones en las comunidades autónomas más proclives a la corrupción urbanística. La alcaldesa de Telde fue detenida en la inquietante redada que condujo a los calabozos a casi todo el grupo de gobierno municipal, y cuando todo hacía prever que seguirían el anunciado camino de la expulsión ejemplarizante, el líder del PP cambió de estrategia y pasó de la depuración a la acusación. Los acusados no eran los sospechosos sino la Policía, los fiscales, los jueces y algunos periodistas, de modo que la corrupción del PP fuera en realidad corrupción de un supuesto aparataje del Estado para mermarle las fuerzas al partido de Mariano Rajoy. Sublime. En el caso de Telde, la pirueta se complica, porque lejos de apartar a Castellano a un segundo plano a la espera de las resoluciones judiciales, Soria la catapultó a candidata a la alcaldía y presidenta local del PP, además incluirla en la dirección regional, como hizo con Francisco González, alcalde de Mogán, que también es consejero del Cabildo de Gran Canaria. Curiosamente, en ambos casos, tanto el ministro como el presidente Rajoy se han mojado personalmente en el apadrinamiento de estos imputados. Un viejo truco del ministro canario, obligar a Rajoy a poner el sello en sus decisiones más polémicas. Novios de la muerte. En rigor, el fiscal acusa a la alcaldesa de haber participado en operaciones ilícitas destinadas a financiar el PP, pero es evidente que Castellano estaba en el núcleo duro de una organización que, cuando todo estalló, lideraba María Antonia Torres, que se llevó a la tumba los secretos que amagó con revelar en más de una ocasión. Torres ya había mostrado su tarjeta de visita en el mandato 1999-2003, cuando se descubrieron algunos manejos en el Cabildo de Gran Canaria. Lejos de apartarla, el PP la destinó a Telde con el resultado ahora conocido.