Cambio de era

Al tiempo que ingresaban en prisión tres de los principales condenados por el caso de Las Teresitas, tomaba posesión como nuevo fiscal jefe de Canarias Luis del Río. Puede considerarse este lunes como el que marcó un cambio de era en ámbitos relacionados con la Justicia en Canarias, a la espera de que por parte de la autoridad competente se ponga fin, aunque sea por la vía de la caducidad, con el funesto mandato del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el último vestigio de una administración casposa entregada descaradamente a los poderes clásicos mediante las prácticas más deplorables.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenaba sorpresivamente la detención de los cuatro principales condenados por el caso de Las Teresitas en un gesto elocuente que transmitía a la ciudadanía que se acababa el cachondeo. Ya han pasado 17 años desde que se perpetraran los hechos delictivos que dieron lugar a la denuncia y a la causa posterior, y la sensación más extendida era que ni a Plasencia, ni a Ignacio González, ni por supuesto a Zerolo, a Parejo o a los técnicos que permitieron el pelotazo, les iba a pasar lo más mínimo. Las pistas para esa creencia generalizada las daba en primer lugar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, eternamente reacio a reclamar la devolución del dinero malversado (52 millones de euros) más los intereses (casi 50 más), quizás en aplicación del cristiano adagio que dice “santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita”. Otras instituciones como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias, también en manos del partido de los condenados, muestran aún la intención de alentar los negocios de sus empresarios de cabecera y preparaban hasta el otro día otros pelotazos como la compra de un edificio a Antonio Plasencia mediante un expediente plagado de las mismas sospechas que hicieron estallar el caso de Las Teresitas. O de un solar para aparcamientos recalificado que dio lugar a la nulidad judicial del Plan General de la misma ciudad jodida por estos mismos nacionalistas envueltos en la bandera tricolor y el grito desgarrado contra Madrid, que es el que nos roba. Chupito.

En la isla de enfrente se producía otro acontecimiento singular: la vetusta sala de audiencias del Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria se llenaba para presenciar la toma de posesión como fiscal jefe de Canarias de Luis del Río Montesdeoca. El relevo también puede considerarse un cambio de era porque, además del tiempo que llevaba en el cargo su antecesor, Vicente Garrido, se hace cargo del Ministerio Público en el Archipiélago un fiscal que rompe con los moldes tradicionales establecidos aquí. No solo por su trayectoria personal y profesional (empezó de abajo a arriba, sacándose unas oposiciones a agente judicial hasta llegar a la cúspide), sino porque representa la solvencia de quien, aun en el aislamiento más desolador al que fue sometido durante décadas, no se dejó nunca contagiar por el sistema. La despedida que dispensó a su antecesor, a cuyos exabruptos lanzados en una entrevista respondió en su discurso con palabras elegantes no exentas de retranca isleña, parecen vaticinar un cambio de estilo en la Fiscalía de la Comunidad Autónoma.

Serán la transparencia, la modernización y la actualización del Ministerio Público los ejes de un mandato de al menos cinco años que describió Del Río en un discurso muy parecido a una clase de las que seguirá impartiendo en la Universidad.

El nuevo jefe de los fiscales transmitió a lo presentes y a la ciudadanía cuál es el plan de trabajo con el que ha alcanzado este puesto: habrá un gabinete de prensa de la Fiscalía, lo que hará más transparente sus actuaciones; se modernizarán las aplicaciones tecnológicas, lo que contribuirá a conseguir el perseguido expediente digital, y el Ministerio Fiscal se adaptará a las exigencias legales y sociales de la igualdad de género y la salvaguarda de los derechos de las minorías.

No acudió al solemne acto, presidido por la fiscal general del Estado, el presidente del Gobierno de Canarias, como viene siendo habitual. Estaba ocupado preparando su viaje oficial a Galicia, donde anuncia que se entrevistará con el presidente de la Junta, Nuñez Feijóo, para aliarse a él en su pulso contra el Estado y aprender de la política de privatizaciones sanitarias aplicadas por el Partido Popular. Cosass de la pre-campaña electoral.

Con su ausencia, Clavijo se ahorraba el sofoco de rodearse de fiscales y fiscalas que lo han escuchado arremeter duramente contra el Ministerio Público por el caso Grúas, en el que está encartado y en el que no disimula su empeño por ser investigado en la sede de los aforados que ya no lo son. Es decir, en manos del todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Doreste, que con sus votos particulares adoptados y adoptivos ha abierto el camino para todos los recursos presentes y futuros de quien habrá de pronunciarse sobre su continuidad.

Acuciado por actitudes extrañas en este caso, en el de la protección del juez Salvador Alba, en el caso Unión… Doreste está confirmando los peores presagios de quienes advertimos en su día lo que se avecinaba con su presidencia.

Al tiempo que ingresaban en prisión tres de los principales condenados por el caso de Las Teresitas, tomaba posesión como nuevo fiscal jefe de Canarias Luis del Río. Puede considerarse este lunes como el que marcó un cambio de era en ámbitos relacionados con la Justicia en Canarias, a la espera de que por parte de la autoridad competente se ponga fin, aunque sea por la vía de la caducidad, con el funesto mandato del actual presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el último vestigio de una administración casposa entregada descaradamente a los poderes clásicos mediante las prácticas más deplorables.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ordenaba sorpresivamente la detención de los cuatro principales condenados por el caso de Las Teresitas en un gesto elocuente que transmitía a la ciudadanía que se acababa el cachondeo. Ya han pasado 17 años desde que se perpetraran los hechos delictivos que dieron lugar a la denuncia y a la causa posterior, y la sensación más extendida era que ni a Plasencia, ni a Ignacio González, ni por supuesto a Zerolo, a Parejo o a los técnicos que permitieron el pelotazo, les iba a pasar lo más mínimo. Las pistas para esa creencia generalizada las daba en primer lugar el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, eternamente reacio a reclamar la devolución del dinero malversado (52 millones de euros) más los intereses (casi 50 más), quizás en aplicación del cristiano adagio que dice “santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita”. Otras instituciones como el Cabildo de Tenerife o el Gobierno de Canarias, también en manos del partido de los condenados, muestran aún la intención de alentar los negocios de sus empresarios de cabecera y preparaban hasta el otro día otros pelotazos como la compra de un edificio a Antonio Plasencia mediante un expediente plagado de las mismas sospechas que hicieron estallar el caso de Las Teresitas. O de un solar para aparcamientos recalificado que dio lugar a la nulidad judicial del Plan General de la misma ciudad jodida por estos mismos nacionalistas envueltos en la bandera tricolor y el grito desgarrado contra Madrid, que es el que nos roba. Chupito.