Cañete en Bruselas; el magistrado Sánchez-Bordona, en Luxemburgo

Las fallidas prospecciones petrolíferas de Repsol en las costas de Lanzarote y Fuerteventura dejaron unas cuentas secuelas políticas: el batacazo del PP en Canarias, y particularmente en esas dos islas es una muestra indiscutible del inmenso error que cometió el ministro en funciones de Industria, el canario José Manuel Soria. También provocó un importante agujero económico en Repsol, más de doscientos millones de euros tirados en una aventura que sólo tenía por objeto contentar al ministro, como confesó en al menos una ocasión el presidente de la compañía, Antonio Brufau. También dejó otros cadáveres vivientes en lugares como el Ministerio de Industria y el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, departamento este último que se convirtió en cómplice necesario del capricho petrolífero de Soria otorgando unas autorizaciones ambientales que contravenían la lógica y las propias resoluciones del ministerio y de la Unión Europea. Como la política es así, y la española es más así todavía, el premio que se llevó el ministro del ramo, Miguel Arias Cañete, fue hacerlo precisamente comisario de Acción por el Clima (manda cojones) y Energía. Costó un poquito conseguirlo dados sus antecedentes, mayormente petrolíferos y contra ambientales, pero funcionaron los viejos resortes políticos y ahí lo tenemos ejerciendo en todo su esplendor. Posiblemente nadie contaba con que, pasados unos meses, al hombre le saliera otro furúnculo de corrupción al verse envuelto en uno de los escándalos protagonizados por gente de su ministerio a través de la empresa pública Acuamed. Ahora sabemos que Cañete participó en una reunión en la que se acordó un pago ilícito a la poderosa FCC por 40 millones de euros que se incluyeron en los presupuestos del Estado. Al ritmo que van las investigaciones judiciales –mucho más ágiles que antaño- es muy probable que veamos a Cañete en el banquillo por este asunto antes de que termine su mandato en Bruselas. Y hasta puede darse el milagro de que alguien tire de la manta y termine también investigado por su participación en el contubernio petrolífero de Soria en Canarias.

El sistema funciona

El sistema funciona y se retroalimenta. Durante estos últimos cuatro años de Partido Popular con mayoría absoluta hemos asistido a episodios escandalosos que empiezan ahora a tener cierta traslación en los tribunales de justicia, lo que no parece ser suficiente para que sus dirigentes se retiren prudentemente a sus rincones de pensar y olviden cualquier tentación de formar gobierno. Les puede el fervor patrio, oye, y la obligación divina de salvar a España de la ruptura y de las hordas rojas y ahí lo tenemos, a pesar de la que les está cayendo en Valencia, en Agricultura, en la sección de discos duros de la tienda de Génova 13, impartiendo doctrina y repartiendo certificados de buena política y buena gobernanza, especialmente hacia Podemos. Actúan con una pasmosa habitualidad tanto si es para acompañar a los Reyes a un viaje oficial como para seguir colocando a personas en cargos de importancia para mejor proveer. En septiembre pasado, por ejemplo, el Gobierno de Mariano Rajoy colocó en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a uno de los jueces que más y mejor sirvió al Gobierno en asuntos cruciales, como por ejemplo las demandas de las renovables o las prospecciones petrolíferas, y que estorbó un poco –todo hay que decirlo- en el asunto de las TDT. La prensa madrileña se ha hecho eco últimamente del traslado del magistrado de la Sala Tercera del Supremo (contencioso-administrativo) Manuel Campos Sánchez-Bordona como abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, un destino donde no ha habido recortes salariales como consecuencia de la crisis y donde el elegido puede pasar unos años gloriosos. Del tipo, para que se hagan una idea, de los que están disfrutando el ex ministro José Ignacio Wert como embajador de España ante la OCDE, y su señora esposa él, Monserrat Gomendio, como destacada técnico del mismo organismo.

El magistrado de las TDT

El magistrado Sánchez-Bordona, que pese a esta segunda fracción de su compuesto segundo apellido nada tiene que ver con la Casa Real, fue una de las bestias negras de las televisiones privadas en España, particularmente desde que el Gobierno de Zapatero benefició con sus adjudicaciones a Atresmedia y a Mediaset. El señor magistrado se lo tomó todo muy a pecho y emitió votos particulares cada vez que se le cruzaba ese modo de ordenar las TDT que aplicaron tanto el PP como el PSOE. El Gobierno no sabía qué hacer ante este obstáculo en sus relaciones con las cadenas privadas, a las que pretendió siempre recuperar para la causa una vez se convirtieron en altavoces de los partidos emergentes, especialmente de Podemos. Y la mejor muestra de afecto vino dada precisamente por la propuesta que hizo de elevar al Tribunal de Justicia de la UE a este incómodo magistrado en reconocimiento a su trayectoria de independencia del poder político (ejem). El nombramiento fue aceptado en septiembre y luego vinieron las adjudicaciones que Soria hizo de las TDT para reconciliar al Gobierno con las cadenas privadas. El resto de los arrumacos posteriores ya los conocen ustedes y tuvieron un botón de muestra reciente en la pieza que hace unos días emitió Antena 3 relatando un supuesto viaje clandestino a Venezuela de miembros de la CUP, de Podemos y familiares de ex dirigentes etarras en diciembre de 2014. El viaje fue cierto, y jamás lo ocultaron algunos de los viajeros, pero su aparición ahora mediante imágenes de vídeo robadas, sólo demuestra que algunos poderes del Estado, tipo CNI, han sido activados para frustrar cualquier Gobierno que no pase por el PP.

Y de las prospecciones

Tampoco guardan gratos recuerdos del magistrado Sánchez-Bordona en el Cabildo de Lanzarote ni en las instituciones y movimientos que se enfrentaron a las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canarias. No en vano participó en las deliberaciones de varias de las sentencias contrarias a la suspensión de las autorizaciones interesada por las instituciones canarias, y se mantuvo firme a pesar de los dos votos particulares que emitieron compañeros de Sala. No parece ser un magistrado muy proclive a las energías limpias porque además de su respaldo a los sondeos de Repsol se le conoce en los ambientes energéticos por ser el ponente de la primera sentencia que tumbó en 2012 las pretensiones de la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables. En aquel recurso, contra un decreto de 2010, por lo tanto de Zapatero, el Gobierno del PP desplegó todo su poderío personándose con un abogado del Estado en contra de la asociación de renovables, al igual que hizo Iberdrola para que se apreciara con todo su poderío el habitual tándem energético que ha mandado en España estos últimos años. La Sala terminó dando la razón al Gobierno aduciendo, entre otras cosas, que era correcto reducir la vida de las primas a las renovables y sus importes. La sentencia está sirviendo para que caigan en cadena todas las demás pretensiones. El magistrado que creó doctrina ya está viviendo su mejor destino profesional en Luxemburgo.