Lo que tiene que explicar Clavijo (aunque no lo imputen)

Lo primero debería ser calmar a los exacerbados coristas de Fernando Clavijo, quejosos de que el fiscal personado en el caso Grúas haya cambiado de criterio. El representante del Ministerio Público, efectivamente, ha pasado de negar cualquier atisbo de delito en el asunto ­-para lo cual hizo piña al principio de la instrucción con la jueza que la lleva- a apoyar cualquier intento de elevar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias dada la condición de aforado del presidente del Gobierno de Canarias.

¿Por qué ha cambiado de opinión el fiscal? Muy sencillo. Porque después del sonoro varapalo que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife propinó a la primera fase de la instrucción, tanto la jueza como el fiscal se han tenido que remangar y practicar las pruebas básicas que se negaron a atender cuando se las pedían las partes acusatorias (los denunciantes). Fruto de esas diligencias no solo ha sido la incorporación de nuevos documentos, sino también el testimonio de testigos tan decisivos como el interventor, los funcionarios que intervinieron el servicio municipal de grúas o los doctos catedráticos a los que acudió Clavijo para que le dieran la razón en las operaciones que pretendía ejecutar. Y fruto también de esas diligencias practicadas en esta segunda fase de la instrucción figuran en la causa como investigados el actual alcalde, José Alberto Díaz, y el portavoz municipal de Coalición Canaria, Antonio Pérez-Godiño.

El testimonio de José Alberto Díaz, imputado en la causa, pudo haber sido decisivo cuando declaró que no entendía cómo podía estar imputado si él no firmó ningún decreto. Cierto es, lo que automáticamente nos llevaría a mirar para quien sí los firmó, para quien levantó los reparos de legalidad impuestos por el interventor general del Ayuntamiento contra la decisión del alcalde Clavijo de otorgar a la empresa privada que se ocupaba del servicio de grúas un préstamo de dinero público para salvarla.

Lo segundo es discutirle al presidente del Gobierno de Canarias su solemne afirmación de que tiene la conciencia tranquila porque no se ha atentado en ningún momento contra el interés general. Eso es sencillamente falso.

Se atenta contra el interés general cuando se le dice al propietario de la empresa concesionaria que debe enchufar en ella a unas cuantas personas que él conoce, como declaró ante la Guardia Civil el propietario de dicha mercantil

Se atenta contra el interés general cuando se pone en dificultades a esa empresa retrasándole los pagos municipales hasta obligarla a venderla precisamente a los trabajadores que fueron contratados por indicación del Ayuntamiento.

Se atenta contra el interés general cuando, a la vista de la ruina en la que había incurrido esa empresa, con deudas a la Seguridad y a Hacienda, sin tarjeta de transportes, y por lo tanto, fuera de la legalidad, no se caduca y rescata la concesión para sacarla de nuevo a concurso sino que se amplía para ver si los amigotes son capaces de sacar el negocio adelante, cortando toda posibilidad a que lo haga otra empresa mejor cualificada o el propio Ayuntamiento, tratándose como se trata de un servicio público.

Se atenta contra el interés general cuando, para conseguir un informe presuntamente técnico que pueda desmontar los reparos que ponen los funcionarios municipales y, sobre todo, el interventor general del Ayuntamiento (habilitado nacional), se recurre a catedráticos amigos pagándoles una minuta con fondos públicos.

Se atenta contra el interés general cuando se concede a una empresa en ruina por una nefasta gestión de los amigos del alcalde, un préstamo de las arcas municipales, poniendo en riesgo el patrimonio de todos, y contraviniendo las advertencias de ilegalidad del interventor.

Se atenta contra el interés general cuando todo un alcalde se desentiende del devenir de esa empresa y no aplica ningún mecanismo de control cuando, de repente, aparece un generoso benefactor vinculado a Coalición Canaria que compra la empresa y se queda con la concesión, previamente ampliada lo suficiente para que resultara rentable.

Todo esto lo debería estar explicando ya el alcalde-presidente de Canarias, Fernando Clavijo, lo imputen o no. Porque no podemos seguir supeditando las responsabilidades políticas a lo que pueda decir o no un tribunal. Porque un comportamiento puede tener la apariencia de delictivo y no ser ni siquiera reprochable políticamente. Ha ocurrido y volverá a ocurrir. Del mismo modo, un comportamiento sin reproche penal puede ser absolutamente repugnante desde el punto de vista de la ética política. Y ésa, por mucho que se empeñe en decir el nuevo ultraconservador que han puesto al frente del PP, nada tiene que ver con las leyes.