Clavijo, sin cobijo en el caso Grúas

Los dos últimos autos de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el caso Grúas son tan elocuentes como los anteriores. Por un lado, llaman de nuevo la atención a la jueza instructora, Celia Blanco, sobre la conveniencia de instruir como mandan los cánones, es decir, investigando en profundidad los hechos denunciados y argumentando con fundamentos jurídicos sus resoluciones.

Por tercera vez, la Audiencia Provincial le enmienda la plana a la instructora y le insta a llamar a declarar a testigos capitales, como el primer propietario de Grúas Poli, José Padilla, que ante la Guardia Civil y ante distintos medios de comunicación ha venido relatando cómo era presionado por el Ayuntamiento de La Laguna para contratar a los presuntos amigos de Fernando Clavijo a los que luego fue obligado a venderles la empresa. O a varios de los trabajadores que en su día denunciaron hechos verdaderamente llamativos que pueden tener relación con lo que se investiga. O al oportuno empresario vinculado a CC que acabó comprando una empresa teóricamente ruinosa cuando la hundieron los empleados favorecidos en toda esta operación.

Además, la Audiencia Provincial le recuerda a su señoría su obligación de fundamentar en Derecho sus resoluciones, entre otros motivos recogidos en el auto porque “el tribunal de apelación no puede sustituir la competencia de la jueza de Instrucción, lo que impediría un ulterior recurso, siendo su función la del examen de la legalidad, constitucional y ordinaria, de la resolución recurrida. La falta de motivación de las resoluciones nos impediría conocer la valoración judicial de los hechos y por lo tanto conocer si se han cumplido los parámetros mínimos de legalidad”.

La jueza Celia Blanco ya intentó en su día quitarse de encima esta engorrosa causa que apunta al meollo de Coalición Canaria en una ciudad y en una isla donde el poder de ese partido se cuela por las rendijas de las puertas y de las ventanas hasta contaminarlo todo. El mismo órgano la obligó a reabrir la causa cuando la archivó en su momento y ahora la obliga a llamar a declarar a los testigos que más pueden incomodar la versión de los imputados, el presidente en funciones, Fernando Clavijo, y el ya exalcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, entre otros.

Pero las nuevas resoluciones de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife también contribuyen a desnudar por completo las intoxicaciones judiciales y mediáticas que hemos sufrido en Canarias estos últimos meses en el entorno de este caso. Las defensas de Fernando Clavijo y de José Alberto Díaz, que en ocasiones se confunden hasta llamar la atención del órgano judicial, han intentado por todos los medios hacer creer que el presidente en funciones y, por ende, sus compañeros de imputación, son víctimas de una conspiración urdida en La Moncloa por el Partido Socialista, que habría utilizado para sus perversos fines a la Fiscalía General del Estado.

En sus autos de esta semana, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife deja sentado que ningún borrador de la Fiscalía de Canarias, ninguna discusión interna de la Fiscalía General del Estado, y mucho menos un sesudo análisis periodístico publicado en la prensa del régimen constituyen prueba alguna que pudiera incorporarse a una causa judicial. Por lo que aquellas elucubraciones sobre un primer informe interno del fiscal Demetrio Pintado recomendando el archivo del caso Grúas cuando irrumpió en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias o una presunta instrucción del Ministerio Fiscal ordenando que se ralentizara el asunto en el TSJC en lo que entraba en vigor el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y, con él, la abolición de los aforamientos, son humo de pajas. Y por si quedara alguna duda, la Audiencia recuerda a las partes quejosas que “la actuación de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Superior de Justicia no es el objeto del presente procedimiento”. Fin de la cita.

Pero, además, el ponente del auto en cuestión, Joaquín Astor Landete, arrea un severo cachetón al recurrente, el exalcalde de La Laguna, y a todo aquel que le hiciera la ola en tal momento procesal, al recordarle que “el Estatuto de Autonomía recoge la voluntad popular, emanada a través de la cámara legislativa, de excluir el aforamiento a fin de que sean los tribunales ordinarios los que puedan instruir y juzgar las causas contra las autoridades políticas a las que se les excluyó de dicho privilegio procesal y que a la fecha en que entró en vigor, ninguno de los que hasta entonces estaba aforado [Clavijo] estaba investigado (...) por lo que pretender acogerse al referido privilegio carecería de toda significación jurídica y en nada debía afectar el retardo en la actuación del Ministerio Fiscal”.

Astor Landete, el terror de los jueces de instrucción y de los políticos tinerfeños con ganas de liarla, vuelve a dejar desnudos a los investigados en el caso Grúas. Desprovisto ya de la protección que intentó en dos ocasiones proporcionarle el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Doreste, con otros tantos votos particulares incitadores de la teoría de la conspiración mediante la apropiación imposible de la causa por esa instancia de aforados; desmontadas todas las majaderías acerca de una confabulación de la Fiscalía General del Estado que, como resultado más gravoso, habría provocado que a dos políticos los investigue un juzgado del común, de esos ante los que tiene que responder la ciudadanía cuando le toca, y desmontadas las boutades mediáticas sobre si el presidente en funciones era imputado sin delitos en un nuevo milagro solo atribuible a la Santísima Trinidad de La Laguna, Fernando Clavijo se presenta ante la justicia como un justiciable más, con todos los derechos que le asisten. Ni uno más, pero tampoco ni uno menos. Se acabaron los golpes de efecto.

Los dos últimos autos de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sobre el caso Grúas son tan elocuentes como los anteriores. Por un lado, llaman de nuevo la atención a la jueza instructora, Celia Blanco, sobre la conveniencia de instruir como mandan los cánones, es decir, investigando en profundidad los hechos denunciados y argumentando con fundamentos jurídicos sus resoluciones.

Por tercera vez, la Audiencia Provincial le enmienda la plana a la instructora y le insta a llamar a declarar a testigos capitales, como el primer propietario de Grúas Poli, José Padilla, que ante la Guardia Civil y ante distintos medios de comunicación ha venido relatando cómo era presionado por el Ayuntamiento de La Laguna para contratar a los presuntos amigos de Fernando Clavijo a los que luego fue obligado a venderles la empresa. O a varios de los trabajadores que en su día denunciaron hechos verdaderamente llamativos que pueden tener relación con lo que se investiga. O al oportuno empresario vinculado a CC que acabó comprando una empresa teóricamente ruinosa cuando la hundieron los empleados favorecidos en toda esta operación.