Clavijo, como Hermoso hace 31 años

Ocurrió hace ahora 31 años. El entonces vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso Rojas, líder indiscutible de una de las facciones insularistas de las muy insularistas Agrupaciones de Independientes de Canarias (AIC), lideró una moción de censura contra su propio presidente, el socialista Jerónimo Saavedra. La excusa -casi perfecta- hoy sería motivo de anatema en la derecha política y ultraliberal de este país: Canarias quería una ley económica propia, una financiación, una imposición fiscal y un tratamiento diferenciados del resto de las comunidades autónomas aprovechando la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) con motivo de la entrada de España en la Unión Europea.

Era un debate de altos vuelos al que permanecía completamente ajeno la ciudadanía y que ocupaba mayormente a las patronales del Archipiélago y, por supuesto, a sus instituciones y partidos políticos. Un irreductible Carlos Solchaga, ministro de Economía, no cedía mucho en las pretensiones isleñas y la patronal canaria llegó a amenazar con no aplicar el nuevo impuesto –a modo de IVA- que se imponía para las islas, el IGIC. Sí, el mismo impuesto que tres décadas después el actual Gobierno de Coalición Canaria y el PP había prometido rebajar del 7 al 5% pero que ahí sigue impasible el ademán.

Manuel Hermoso hizo sus cuentas. O alguien le hizo las cuentas a Manuel Hermoso para que lo entendiera mejor: la suma de los siete partidos de las AIC, todos ellos insularistas, como mínimo conservadores, más los izquierdistas de Iniciativa Canaria (Ican), derivación del partido del comunista José Carlos Mauricio, más  Asamblea Majorera y el Centro Canario Independiente, luego mutado a Centro Canario Nacionalista, alcanzaba los 31 diputados, exactamente la mayoría absoluta de un Parlamento regional de 60 señorías.

Aquello prometía, y de hecho prometió: diez partidos políticos, cada uno de su madre y de su padre, se unían con un único fin, alcanzar el poder. Y luego ya verían cómo se llevaban. Nacía Coalición Canaria, y así, con las mismas contradicciones de entonces más algunas sobrevenidas, aquí la tenemos gobernando todavía.

Ahora lo hace con el Partido Popular, que, en rigor, ha traicionado a su socio en el Gobierno regional pactando una cosa aquí y haciendo justo la contraria en Madrid. Porque parece evidente que el Partido Popular no va a respetar el acuerdo que el Gobierno de Canarias ha alcanzado con el de España. Lo demuestra cada día la batería de excusas que sus dirigentes nacionales están lanzando a los cuatro vientos con el ánimo de apaciguar a las comunidades autónomas en las que gobierna y de tensionar al electorado de Vox para ver qué pesca tras el exabrupto de Santiago Abascal rompiendo la baraja.

El acuerdo de Canarias con Madrid contaba desde el principio con el respaldo activo del Partido Popular en las Islas, y con ese aval, Clavijo y el ministro Ángel Víctor Torres promovieron la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. Ahora escuchamos al presidente regional de los populares y vicepresidente del Gobierno tratando de aplicar a contrapelo el argumentario nacional, pero desgraciadamente para él, no cuela en absoluto.

Clavijo tiene en su mano aplicar al PP la misma medicina que su antecesor y patriarca del insularismo tinerfeño hizo con Jerónimo Saavedra. Desalojar del Gobierno canario al socio que intenta una cosa aquí y no logra la comprensión de los suyos allá. Lo malo es que, para esa aventura, ahora no suma los 36 necesarios en el Parlamento. Porque la fórmula marciana de que le apoye el PSOE, por mucho que haya algún sector dispuesto, no parece posible.

A no ser que el “modo canario” ese que pregonan en CC, les haga capaces de renunciar a la presidencia para que gobierne el partido más votado, el PSOE, y el PP, tercer clasificado, pase a la oposición. 

O sea, tendremos tres años más de gobierno de centro derecha. Y la gesta de Manuel Hermoso seguirá inigualada.

Ocurrió hace ahora 31 años. El entonces vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso Rojas, líder indiscutible de una de las facciones insularistas de las muy insularistas Agrupaciones de Independientes de Canarias (AIC), lideró una moción de censura contra su propio presidente, el socialista Jerónimo Saavedra. La excusa -casi perfecta- hoy sería motivo de anatema en la derecha política y ultraliberal de este país: Canarias quería una ley económica propia, una financiación, una imposición fiscal y un tratamiento diferenciados del resto de las comunidades autónomas aprovechando la reforma del Régimen Económico y Fiscal (REF) con motivo de la entrada de España en la Unión Europea.

Era un debate de altos vuelos al que permanecía completamente ajeno la ciudadanía y que ocupaba mayormente a las patronales del Archipiélago y, por supuesto, a sus instituciones y partidos políticos. Un irreductible Carlos Solchaga, ministro de Economía, no cedía mucho en las pretensiones isleñas y la patronal canaria llegó a amenazar con no aplicar el nuevo impuesto –a modo de IVA- que se imponía para las islas, el IGIC. Sí, el mismo impuesto que tres décadas después el actual Gobierno de Coalición Canaria y el PP había prometido rebajar del 7 al 5% pero que ahí sigue impasible el ademán.