Clavijo solo tiene a Torres

Como no podía ser de otro modo, Coalición Canaria ha apoyado a su secretario general, Fernando Clavijo, en la deriva hacia no se sabe muy bien dónde evacuada de su torpe tacticismo en torno a la migración y a la tutela de los menores migrantes no acompañados. El respaldo inquebrantable al líder convierte la negligencia en grupal, nada nuevo bajo el sol, no así las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de las advertencias de la Fiscalía si, por hache o por be, alguna aguerrida autoridad autonómica o de la Guanchancha tuviera la tentación de aplicar el famoso decreto de protocolo de actuación en la materia que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha suspendido, de momento.

Coalición Canaria, contagiada por el líder, ha cargado contra el Gobierno de España y contra la Fiscalía, pero se ha cuidado mucho de hacerlo contra el TSJC, que ha dado la razón a aquellos, no vaya a ser que, ya metidos en euforias, fueran a acusar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de prevaricación.

Fue publicarse el auto de paralización cautelar del decreto y empezaron a aparecer recursos de la Comunidad Autónoma para acoger a menores migrantes que pernoctaban ilegalmente en centros de acogida temporal (CATE), es decir, junto a personas mayores de edad, es decir, acogidos por la Administración del Estado en aplicación negligente del catastrófico decreto clavijista. Ocurrió en Lanzarote, en Fuerteventura y en El Hierro, lo que deja en evidencia los argumentos del Gobierno canario y sus verdaderas intenciones con la redacción, aprobación e imposición del decreto de marras.

Clavijo ha pretendido convertir un problema (un grave problema) del Gobierno de Canarias en un problema de toda la ciudadanía de Canarias. Lo viene intentando desde que comenzó la legislatura, allá por julio de 2023. Basta con repasar todas las comparecencias posteriores al consejo de gobierno para comprobar que, fuera el que fuera el asunto estrella abordado en la sesión semanal, el portavoz gubernamental lanzaba indefectiblemente una soflama contra el Gobierno de España por el repunte migratorio y lo sola que estaba Canarias ya por entonces.

Todavía el repunte no era el ahora alarmante de menores de edad no acompañados, ni se habían alcanzado las cifras de otras ocasiones, ni se presenciaban duras escenas de personas migrantes hacinadas en un muelle. Pero para Clavijo y para su partido, esta era desde el principio una cuestión capital porque en plazas como La Laguna (Tenerife) o Mogán (Gran Canaria) el asunto escocía muchos a sus respectivos delegados sobre el terreno.

El rechazo de Coalición Canaria a la sola existencia de los centros de acogida de Las Canteras y Las Raíces, en La Laguna, y la posición claramente racista de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, nueva musa del nacionalismo para la reconquista de Gran Canaria, eran acicate suficiente para levantar esa bandera desde el Gobierno, de modo y manera que se abriera esa brecha de tan acreditada rentabilidad política (la estigmatización del inmigrante, la defensa de la tesis de que somos muchos y vienen a quitarnos lo poco que tenemos) y el señalamiento de un enemigo exterior (el Gobierno de España) que pudiera tapar preventivamente todas las pifias que han venido luego. Y especialmente, lacerantes problemas como la vivienda, la turistificación, las desigualdades y las amplias capas de pobreza que soporta todavía Canarias.

El fracaso en vivienda (por poner solo un ejemplo) es tan clamoroso, que hace unos días el propio consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, alardeaba de entregar las primeras viviendas de promoción pública en Gran Canaria “por primera vez en nueve años”. Ocurrió en Ingenio donde entregaba ¡16 viviendas!, probablemente confiado en que nadie hiciera las cuentas de cuántos años de esos nueve ha estado su partido a cargo de ese departamento: exactamente cinco. Aunque, en realidad, su partido estuvo diez años sin entregar una sola vivienda en Canarias, incluyendo los últimos cuatro que él acompañó a Clavijo en tareas gubernamentales.

El Gobierno de Coalición Canaria y el PP ha fracasado rotundamente en asuntos como la vivienda (su decreto de medidas urgentes aprobado en febrero está paralizado por problemas de encaje constitucional); dependencia (su decreto no lo quieren ni los colegios de trabajadoras sociales ni los trabajadores sociales de la consejería) y en la respuesta a la turistificación y la queja ciudadana sobre sus perversos efectos. 

Ahora anuncia un plan para las personas mayores desde la misma consejería de los decretos de dependencia y de menores no acompañados, lo que seguramente nos deparará interesantes noticias Lo intentará tapar de nuevo con alguna escandalera contra el Gobierno central, con algún otro insulto al presidente Pedro Sánchez (lo ha llamado matón de patio de colegio), un poco más de demagogia y golpes de efecto como la visita del papa de Roma.

Mientras tanto, el grave problema que tiene el Gobierno, que ha amplificado el Gobierno, con el que trafica el gobierno, el de  los menores migrantes, sigue estancado desde hace más de dos meses por el empeño del Partido Popular de no alejarse excesivamente de los postulados xenófobos de la ultraderecha de Vox y de algunos de sus barones territoriales muy xenófobos. Sin el PP no será posible la reforma de la Ley de Extranjería de la que este viernes Coalición Canaria ha culpado al partido que la promovió, el PSOE. Y es el PSOE, y más concretamente su ministro de Administraciones Públicas y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el único respaldo que tiene Fernando Clavijo. Si realmente tiene interés en resolver este problema, claro.

Como no podía ser de otro modo, Coalición Canaria ha apoyado a su secretario general, Fernando Clavijo, en la deriva hacia no se sabe muy bien dónde evacuada de su torpe tacticismo en torno a la migración y a la tutela de los menores migrantes no acompañados. El respaldo inquebrantable al líder convierte la negligencia en grupal, nada nuevo bajo el sol, no así las eventuales responsabilidades penales que pudieran derivarse de las advertencias de la Fiscalía si, por hache o por be, alguna aguerrida autoridad autonómica o de la Guanchancha tuviera la tentación de aplicar el famoso decreto de protocolo de actuación en la materia que el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) ha suspendido, de momento.

Coalición Canaria, contagiada por el líder, ha cargado contra el Gobierno de España y contra la Fiscalía, pero se ha cuidado mucho de hacerlo contra el TSJC, que ha dado la razón a aquellos, no vaya a ser que, ya metidos en euforias, fueran a acusar a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de prevaricación.