¿A quién compró Repsol?

A Paulino Rivero se le pueden endilgar muchos defectos, como a cualquier ser humano. Y más defectos que a la media si se tiene en cuenta la facilidad que tenemos los comunes para detectarlos en grado sumo en los que se dedican a la política. Se le puede considerar socarrón, atravesado, vengativo, zorrocloco, mago (en sentido metafórico, que diría don Pepito)? pero difícilmente locuaz, parlanchín o propenso a la verborrea parlamentaria. Por eso lo que hizo este martes en la tribuna del Parlamento de Canarias, en pleno enésimo debate sobre las prospecciones petrolíferas, no hay que dejarlo caer en saco roto. De ahí que lo destacara muy oportunamente nuestro compañero Salvador Lachica, al que han llamado la atención las insinuaciones del presidente de Canarias acerca de los beneficios que puede haber obtenido el Partido Popular gracias a la diligencia de José Manuel Soria a la hora de otorgar a Repsol los permisos para las prospecciones petrolíferas en las costas de Canarias. “A lo mejor el PP obtiene algún beneficio y por eso tiene tanto interés en este asunto”, dijo a modo de aproximación al soborno el presidente del Gobierno a una desatada Australia Navarro, que no sabía qué términos emplear para que Rivero rectificara en rebeldía (ya se había marchado del salón de sesiones cuando la portavoz del PP trató de saltarle al cuello). De este modo, quizás, el presidente canario se ha hecho eco de las informaciones que circulan hace semanas por las redacciones de los periódicos acerca de ciertas tensiones en el seno de la versión ejecutiva del consejo de administración de Repsol en el que se abordaron las compensaciones que debieran alcanzar aquellos que tanto han dado por la compañía en las gestiones tendentes al adelanto de las autorizaciones ante las inminentes nuevas directivas de la Unión Europea sobre exigencias de seguridad de las explotaciones petrolíferas en alta mar, como es el caso de las programadas en Canarias. Tensiones que hablan, efectivamente, de un exceso en el gasto de lo que Paulino Rivero llamó este martes “compra de voluntades”, sin que ni el presidente ni nosotros estemos en condiciones de identificar claramente quiénes han sido los titulares de las voluntades compradas, así como el importe, múltiplo de 2 o de 7 o de ninguna de esas dos cifras juntas, del dinero invertido en ese noble empeño.

EL COSTE PARA REPSOL HABRÍA SIDO ASTRONÓMICO

Adelantarse a la nueva directiva

Sería de todo punto lógico que Repsol compense generosamente a todas aquellas personas propias o ajenas que en este último año se han partido el pecho por acelerar las autorizaciones. Porque según noticias de este cercano febrero pasado, las intenciones de la Unión Europea para con las autorizaciones petrolíferas en alta mar tienden a exigencias extremas, o lo que es lo mismo, tan caras que para algunas compañías serían inabarcables. De haberse retrasado las autorizaciones, Repsol corría el peligro de ser responsable en el mar de los daños ambientales causados a las especies marinas y los hábitats naturales en toda la zona económica exclusiva de la UE, es decir, hasta 370 kilómetros más allá de la costa. Su autorización, sin embargo, sólo alcanza a los 22 kilómetros (aguas territoriales) de las exigencias vigentes hasta la fecha. Las normas de prevención ambientales dispararían los costes de cada cuadrícula a explotar, y eso que ha habido rebajas por imposibilidad de las aseguradoras para cubrir las responsabilidades civiles. Por lo tanto, un gran paso para la compañía que bien merece un reconocimiento. Pero no conformes con adelantarse a las nuevas y restrictivas directivas comunitarias, Repsol y el Ministerio de Industria se han saltado incluso las normas en vigor. Según Greenpeace, “no se han evaluado los efectos significativos de las prospecciones sobre el medio ambiente; no se ha tenido en cuenta el criterio de desarrollo sostenible y la enorme riqueza ecológica de la zona; no se han realizado los informes exigidos en la Directiva comunitaria 2001/42; no se han realizado las consultas establecidas, lo que implica además el incumplimiento de la Directiva 2003/35 sobre derecho de participación que incorpora el Convenio de Aarhus”. Así las cosas, nos quedamos mascullando a qué quería referirse Paulino Rivero cuando este martes dijo en el Parlamento que “a lo mejor el PP obtiene algún beneficio y por eso tiene tanto interés en este asunto”.

LA NUEVA LEY ELÉCTRICA LE QUITA HASTA CHIRA-SORIA

Endesa, en capilla

Endesa no ha corrido ante Soria con la misma suerte que Repsol. La nueva ley eléctrica que tramita el Gobierno de Mariano Rajoy y de la que de momento sólo se ha conocido la memoria, no va a beneficiar precisamente a la ya italianizada compañía, que curiosamente preside honoríficamente en Canarias un amigo íntimo del ministro, el empresario Mario Romero Mur. A Endesa parece que le va a costar mucho mantener la situación de privilegio que hasta ahora ha disfrutado en los sistemas archipielágicos, y no sólo en la generación convencional, donde se eliminan las primas por razones de seguridad del suministro o eficiencia, sino porque de la ley se elimina la potestad de las comunidades autónomas de los sistemas extrapeninsulares (tiempla, Paulino) de ser consultadas para la reglamentación específica. La nueva ley, además, prevé levantarle a Endesa por el papo las instalaciones de bombeo para el almacenamiento de la energía eólica excedente en horas valle (verbigracia, los saltos de Chira-Soria), que caerán en manos de Red Eléctrica, a la que según publicaba este martes Cinco Días, le va a tocar la lotería en comandita con Enagás. Y a esta última compañía, siempre según la periodista Carmen Monforte, le tocará ahora liderar los proyectos para construir las dos regasificadoras canarias (una en Gran Canaria, en lugar por determinar, y la otra en Granadilla, en Tenerife). Se desconoce qué precio debería pagar el gestor del sistema gasístico por la participación que no tiene en la operadora canaria y si además de Endesa debe salir del capital esa sociedad.

CUATRO TRABAJADORES DE BAJA POR DEPRESIÓN

Tensiones en el Diputado del Común

Algo muy extraño debe estar ocurriendo en las oficinas del Diputado del Común de Canarias para que cuatro de sus trabajadores estén en estos momentos de baja por depresión o ansiedad, cuadros médicos que en ocasiones tienen que ver con tensiones en el puesto de trabajo. Nos hemos puesto a preguntar y, efectivamente, al menos tres de esos cuatro casos están directamente relacionados con tiranteces de esos trabajadores con el jefe de gabinete de Jerónimo Saavedra, su tocayo Jerónimo Samuel Ramírez, que parece haber entrado en la institución como elefante en cacharrería. De momento no hay denuncia por mobbing, pero algunos de los afectados ya ha recurrido al auxilio de abogados expertos que puedan evaluar si lo que está ocurriendo allí puede estar definido dentro del acoso laboral o se trata sencillamente de un mal jefe que se cree intocable por el puesto que ocupa y por quien le colocó allí. También hemos preguntado si Saavedra, hombre nada dado a situaciones así, conoce los pormenores de esas bajas médicas, y nos aseguran que sí, y que ha quedado en actuar. Mucho habrá de hacer antes de que los afectados terminen presentándole una queja ante él mismo, previa o posterior a una acción judicial de más amplio calado y más dolorosas consecuencias.

EXTRANJEROS EXPULSADOS; EXTRANJEROS LIBERADOS

Funesta semana para la fiscal de Extranjería

Tierra trágame. Esa podría haber sido muy bien la expresión a la que haya recurrido la fiscal de Extranjería de Las Palmas, Teseida García, ante la sucesión de contratiempos que ha tenido que vivir esta última semana. O este último mes si añadimos a sus despropósitos la actuación que sostuvo ?respaldada ampliamente por su jefe directo, Guillermo García-Panasco- en torno a la polémica del menor de la patera accidentada en Teguise, al que se empeñó en imponer dos años de más para poderlo expulsar de España. La última, ya la habrán leído, ha sido su tremendo error en el caso de los 27 acusados (ya ex acusados) de haber prostituido a menores a los que también obligaban a robar. Su falta de diligencia a la hora de reclamar la apertura de juicio oral es un error formal inaceptable en una profesional dedicada en exclusiva (se supone) a este desempeño, lo que ahora podría dar lugar a muy graves consecuencias. Salvando el derecho de los ya exculpados a ser considerados inocentes, es evidente que la puesta en libertad de una banda que desde luego no puede ser un orgullo para esta sociedad induce a cualquiera a pensar que estamos en manos de unos profesionales de la justicia que no velan adecuadamente por la seguridad de los ciudadanos. Acto seguido cabría preguntarse si, tras este clamoroso patinazo, los procesados que han estado en prisión hasta cuatro años pueden incluso demandar al Estado español por responsabilidad patrimonial y exigirle acto seguido la correspondiente indemnización. La respuesta es que sí, que pueden hacerlo, lo que colocaría a la fiscal de Extranjería en el paradójico laberinto de ser la responsable de una indemnización millonaria a unos extranjeros puestos en libertad por su culpa, al tiempo que es la que impidió que otros extranjeros, los que viajaban en la patera accidentada en Costa Teguise, pudieran reclamar responsabilidades al Estado tras resultar heridos (incluso muertos) por el abordaje de una patrullera de la Guardia Civil.

A Paulino Rivero se le pueden endilgar muchos defectos, como a cualquier ser humano. Y más defectos que a la media si se tiene en cuenta la facilidad que tenemos los comunes para detectarlos en grado sumo en los que se dedican a la política. Se le puede considerar socarrón, atravesado, vengativo, zorrocloco, mago (en sentido metafórico, que diría don Pepito)? pero difícilmente locuaz, parlanchín o propenso a la verborrea parlamentaria. Por eso lo que hizo este martes en la tribuna del Parlamento de Canarias, en pleno enésimo debate sobre las prospecciones petrolíferas, no hay que dejarlo caer en saco roto. De ahí que lo destacara muy oportunamente nuestro compañero Salvador Lachica, al que han llamado la atención las insinuaciones del presidente de Canarias acerca de los beneficios que puede haber obtenido el Partido Popular gracias a la diligencia de José Manuel Soria a la hora de otorgar a Repsol los permisos para las prospecciones petrolíferas en las costas de Canarias. “A lo mejor el PP obtiene algún beneficio y por eso tiene tanto interés en este asunto”, dijo a modo de aproximación al soborno el presidente del Gobierno a una desatada Australia Navarro, que no sabía qué términos emplear para que Rivero rectificara en rebeldía (ya se había marchado del salón de sesiones cuando la portavoz del PP trató de saltarle al cuello). De este modo, quizás, el presidente canario se ha hecho eco de las informaciones que circulan hace semanas por las redacciones de los periódicos acerca de ciertas tensiones en el seno de la versión ejecutiva del consejo de administración de Repsol en el que se abordaron las compensaciones que debieran alcanzar aquellos que tanto han dado por la compañía en las gestiones tendentes al adelanto de las autorizaciones ante las inminentes nuevas directivas de la Unión Europea sobre exigencias de seguridad de las explotaciones petrolíferas en alta mar, como es el caso de las programadas en Canarias. Tensiones que hablan, efectivamente, de un exceso en el gasto de lo que Paulino Rivero llamó este martes “compra de voluntades”, sin que ni el presidente ni nosotros estemos en condiciones de identificar claramente quiénes han sido los titulares de las voluntades compradas, así como el importe, múltiplo de 2 o de 7 o de ninguna de esas dos cifras juntas, del dinero invertido en ese noble empeño.