El concejal que abandonó la política por un delito que cometió otro

Cuando el partido político más corrupto de la historia de España, el PP, proclama que hay que echar de las instituciones y de su propia militancia a los que meten la mano en la lata del gofio siempre añade una apostilla: cuando hable la justicia y haya sentencia firme. Hasta este mismo martes no se había dado la apoteosis de Mariano Rajoy pidiendo perdón a los españoles justo 24 horas después de que le estallara entre las manos el último escándalo, la operación Púnica, que ya debería haberle llevado a otro tipo de acciones, como por ejemplo, el cambio de aquella doctrina de la sentencia firme por una nueva que consista en expulsar a los chorizos en cuanto los hechos que se les imputan adquieran visos de verosimilitud. Pero en el PP todos se consuelan con algunos casos muy concretos que nada tienen que ver ni con la inocencia ni con la responsabilidad política, y mucho menos con la asunción por parte del infractor de las consecuencias personales y públicas de sus actos. Cada vez que un juez absuelve a un indigno representante público de ese partido, sueltan las castañuelas a destajo burlando la responsabilidad que como formación política han de asumir haya o no haya sentencia condenatoria. Ocurrió, sin ir más lejos, con Jorge Rodríguez, actual portavoz económico del PP en el Parlamento de Canarias, absuelto por la vía del chalaneo de su actuación en el caso Grupo Europa con la alambicada historia que se cascó el tribunal de que no ejerció el tráfico de influencias de una manera tan bárbara que provocara en los presionados una situación psicológicamente grave. Como le ocurriera a Soria cuando echó las campanas al vuelo por el archivo del caso Salmón, es muy probable que el transcurrir del tiempo y la avalancha de escándalos ya no permitan ni sentencias ni autos de sobreseimiento así, ni las castañuelas y los voladores de los que perdonan un comportamiento corrupto simplemente porque los tribunales no lo encuentran delictivo. El perdón de Rajoy de este martes en el Senado puede ser un motivo para la esperanza.

La trampa que le tendieron a Ildefonso Jiménez

En el extremo opuesto, en el de la asunción excesiva de responsabilidades políticas por parte de un inocente, debemos situar lo que le ocurrió al ex concejal de Telde por Nueva Canarias Ildefonso Jiménez. Convertido por aquella pandilla de salteadores de caminos que gobernó esa ciudad grancanaria en el cuatrienio 2003-2007, a Jiménez le tendieron una trampa entre el concejal de Ciuca Guillermo Reyes y el entonces jefe de la oficina de Urbanismo José Luis Mena. Pero mientras el primero se limitó a tirar la piedra y esconder la mano (como ha hecho siempre), el tonto útil que siempre utilizó para los trabajos sucios se dedicó a manipular un expediente administrativo y a falsificar documentos para hacer ver que Ildefonso Jiménez había cometido una cacicada otorgando una cédula de habitabilidad a un compañero de partido, más concretamente José Mendoza, con informes negativos que en realidad habían sido positivos. José Luis Mena, efectivamente, fue el autor de aquella tremenda falsificación, urdida solamente con la voluntad suya y de Guillermo Reyes de acabar con la carrera política de un adversario. Pero en aquella conspiración no estuvieron solos. Al descubrir la falsificación documental, Ildefonso Jiménez y los suyos denunciaron los hechos en la creencia (lógica por otra parte) de que la justicia detendría el juicio por prevaricación contra él a la espera de verificar el fondo de la cuestión: si el concejal de Urbanismo había sido engañado por su jefe de servicio para hacerle caer en una trampa. No, Reyes y Mena no estuvieron solos en su cruzada contra Ildefonso Jiménez. Una juez de lo Penal, enfrentada a la lógica, rechazó aplazar el juicio contra el concejal a pesar de tener sobre la mesa inquietantes informes periciales de la Guardia Civil que, efectivamente, daban por falsos los documentos que habrían invalidado la prevaricación que esa misma juez iba a juzgar. La juez debió suspender aquella mascarada, y además debió abstenerse. Porque esta juez, de nombre Mónica Oliva, es hija del ex concejal del PP en Telde Carmelo Oliva, imputado por corrupción en el caso Faycan, formando por lo tanto equipo con el mismo José Luis Mena, y teniendo consecuentamente enfrente a Nueva Canarias, el partido de Ildefonso Jiménez.

Mena ya va por diez años

El desenlace de aquella conspiración política y judicial contra el ex concejal Ildefonso Jiménez es de sobra conocido. Condenado en primera instancia a dieciocho meses de cárcel y a diez años de inhabilitación por la juez Mónica Oliva, Jiménez dimitió de inmediato, abandonando desde aquel preciso instante su acta de concejal y regresando a su plaza de profesor de instituto. Pero recurrió la sentencia ante la Audiencia Provincial de Las Palmas, que cuatro meses después la revocó con tremenda contundencia, insuficiente acto ya a esas alturas para reponer al condenado/absuelto en su puesto como concejal y para devolverle el honor del que se mofaron los que le habían metido injustamente en aquella causa. Pero como no hay mentira que se sostenga a lo largo del tiempo, una nueva sentencia, conocida este martes, otra vez de la Audiencia Provincial, ha condenado a José Luis Mena a tres años y medio de cárcel y al mismo tiempo de inhabilitación por haber falsificado el informe que sirvió para condenar a Ildefonso Jiménez y por manipular el expediente de aquella licencia con el mismo propósito. El que había pretendido acabar con la carrera política de un concejal honrado consiguió su objetivo gracias a la colaboración activa de una juez que alguien debió haber recusado en su momento. Pero a cambio, el autor de ese atropello va a pagarlo en una cárcel. Porque a José Luis Mena ya se le han acumulado en su libreta de delincuente más de diez años de prisión (caso Europa y caso Alisios) y todavía le queda pendiente responder por un delito de acoso moral a un funcionario de Telde y por otros más que cuelgan de su alocada participación en el caso Faycan, donde acompañará en el banquillo a la alcaldesa de la ciudad, María del Carmen Castellano, y al padre de la juez que ayudó injustamente a acabar con la carrera política de un concejal honrado. Mientras, los verdaderos ladrones siguen campando a sus anchas, solo afeados en su comportamiento por las lágrimas de cocodrilo de un penoso Mariano Rajoy.

Cuando el partido político más corrupto de la historia de España, el PP, proclama que hay que echar de las instituciones y de su propia militancia a los que meten la mano en la lata del gofio siempre añade una apostilla: cuando hable la justicia y haya sentencia firme. Hasta este mismo martes no se había dado la apoteosis de Mariano Rajoy pidiendo perdón a los españoles justo 24 horas después de que le estallara entre las manos el último escándalo, la operación Púnica, que ya debería haberle llevado a otro tipo de acciones, como por ejemplo, el cambio de aquella doctrina de la sentencia firme por una nueva que consista en expulsar a los chorizos en cuanto los hechos que se les imputan adquieran visos de verosimilitud. Pero en el PP todos se consuelan con algunos casos muy concretos que nada tienen que ver ni con la inocencia ni con la responsabilidad política, y mucho menos con la asunción por parte del infractor de las consecuencias personales y públicas de sus actos. Cada vez que un juez absuelve a un indigno representante público de ese partido, sueltan las castañuelas a destajo burlando la responsabilidad que como formación política han de asumir haya o no haya sentencia condenatoria. Ocurrió, sin ir más lejos, con Jorge Rodríguez, actual portavoz económico del PP en el Parlamento de Canarias, absuelto por la vía del chalaneo de su actuación en el caso Grupo Europa con la alambicada historia que se cascó el tribunal de que no ejerció el tráfico de influencias de una manera tan bárbara que provocara en los presionados una situación psicológicamente grave. Como le ocurriera a Soria cuando echó las campanas al vuelo por el archivo del caso Salmón, es muy probable que el transcurrir del tiempo y la avalancha de escándalos ya no permitan ni sentencias ni autos de sobreseimiento así, ni las castañuelas y los voladores de los que perdonan un comportamiento corrupto simplemente porque los tribunales no lo encuentran delictivo. El perdón de Rajoy de este martes en el Senado puede ser un motivo para la esperanza.

La trampa que le tendieron a Ildefonso Jiménez