La consejera Ana Kurson, multada con 60.000 euros

Predicar con el ejemplo, un buen propósito para después del verano que deberían adoptar muchos de los cargos públicos que forman parte de nuestro medio ambiente. La consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, la popular Ana Kurson, no lo hace, o al menos no lo hacía cuando compatibilizaba su cargo de concejala del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el de administradora de una empresa dedicada al acabado de edificios y obras, con sede en Arucas. Desde aquella época, año 2008, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias le abrió expediente sancionador por una “infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales”, que puede haber tenido ya su culminación en el Boletín Oficial de Canarias de este martes. Aquella primera sanción de poco menos de 41.000 euros se ha transformado ya en un polvazo de 60.000, siempre según el BOC, pero manteniendo los mismos motivos: “No adoptar medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de la que se deriva un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”. Aunque la sanción adquirió firmeza en 2011, según otro anuncio en la misma publicación, Trabajo ha vuelto a la carga este martes con otro recordatorio con el mismo tenor literal. Debe ser que ahora se agotan los recursos y que la cosa ha ido incrementando su importe por intereses y suplidos. Pero el fondo de la cuestión ?y volvemos al principio- es que una arquitecta que ha sido decana del Colegio de Arquitectos, concejala y ahora consejera del PP con mando en el urbanismo grancanario, es una incumplidora grave en materia de riesgos laborales. A ver si hace propósito de la enmienda para este nuevo curso político que se avecina.

Predicar con el ejemplo, un buen propósito para después del verano que deberían adoptar muchos de los cargos públicos que forman parte de nuestro medio ambiente. La consejera de Política Territorial del Cabildo de Gran Canaria, la popular Ana Kurson, no lo hace, o al menos no lo hacía cuando compatibilizaba su cargo de concejala del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con el de administradora de una empresa dedicada al acabado de edificios y obras, con sede en Arucas. Desde aquella época, año 2008, la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias le abrió expediente sancionador por una “infracción muy grave en materia de prevención de riesgos laborales”, que puede haber tenido ya su culminación en el Boletín Oficial de Canarias de este martes. Aquella primera sanción de poco menos de 41.000 euros se ha transformado ya en un polvazo de 60.000, siempre según el BOC, pero manteniendo los mismos motivos: “No adoptar medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de la que se deriva un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”. Aunque la sanción adquirió firmeza en 2011, según otro anuncio en la misma publicación, Trabajo ha vuelto a la carga este martes con otro recordatorio con el mismo tenor literal. Debe ser que ahora se agotan los recursos y que la cosa ha ido incrementando su importe por intereses y suplidos. Pero el fondo de la cuestión ?y volvemos al principio- es que una arquitecta que ha sido decana del Colegio de Arquitectos, concejala y ahora consejera del PP con mando en el urbanismo grancanario, es una incumplidora grave en materia de riesgos laborales. A ver si hace propósito de la enmienda para este nuevo curso político que se avecina.