Cortezo cambia de abogado

La cosa es muy seria. El empresario inmobiliario Jaime Cortezo sabe perfectamente que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por una presunta estafa no es una frivolidad, así que para una ocasión tan extrema ha preferido un abogado que pueda ir más allá de una asistencia jurídica normal, un abogado con experiencia a ambos lados de la barrera, un abogado, en definitiva, que pueda convencer a un tribunal de la inocencia del promotor que supuestamente engañó a casi una veintena de familias canarias vendiéndoles unos chalets en primera línea de mar que ahora hay que derruir porque invaden zona de protección marítimo-terrestre. El elegido para esa proeza no es otro que Miguel Losada, un juez en excedencia que accedió a la carrera judicial por el tercer turno (concurso-oposición) y que ha pasado por la primera instancia e instrucción en Telde y que, más recientemente, fue juez de lo mercantil. Todavía se desconoce qué petición hará el Ministerio Fiscal ante esta presunta estafa, pero ya se sabe que una de las acusaciones ha empezado por ocho años de prisión para el empresario.

La cosa es muy seria. El empresario inmobiliario Jaime Cortezo sabe perfectamente que sentarse en el banquillo de los acusados para responder por una presunta estafa no es una frivolidad, así que para una ocasión tan extrema ha preferido un abogado que pueda ir más allá de una asistencia jurídica normal, un abogado con experiencia a ambos lados de la barrera, un abogado, en definitiva, que pueda convencer a un tribunal de la inocencia del promotor que supuestamente engañó a casi una veintena de familias canarias vendiéndoles unos chalets en primera línea de mar que ahora hay que derruir porque invaden zona de protección marítimo-terrestre. El elegido para esa proeza no es otro que Miguel Losada, un juez en excedencia que accedió a la carrera judicial por el tercer turno (concurso-oposición) y que ha pasado por la primera instancia e instrucción en Telde y que, más recientemente, fue juez de lo mercantil. Todavía se desconoce qué petición hará el Ministerio Fiscal ante esta presunta estafa, pero ya se sabe que una de las acusaciones ha empezado por ocho años de prisión para el empresario.