El debate sobre la pérdida de empleos

Sólo los adjudicatarios pre-seleccionados parecen satisfechos con el resultado del concurso de radios. Nosotros, como saben, nos encontramos en ese grupo porque tuvimos un éxito del cien por cien: pedimos una frecuencia y una frecuencia hemos obtenido. Pero eso no nos sitúa ajenos a la polémica y a la profunda conmoción que ha provocado en muchas empresas de comunicación, algunas abocadas al cierre y al despido de sus trabajadores. Sospechamos que pocos empleos, en la mayoría de los casos, porque un gran número de las emisoras que operan actualmente en la alegalidad son de pequeño tamaño y apenas emplean personal, cuando no se trata de postes que simplemente realizan tareas de repetidores de señal. No es el caso de las grandes cadenas nacionales, que podrían ver frustrados sus planes de expansión, si es que los tenían, porque algunas andan desde hace tiempo en una profunda regulación de empleo. Por ahí ha ido la queja de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) que ha criticado “las formas” del Gobierno y ha mostrado su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo. Dado que se trata de una regulación técnica obligada por un decreto nacional que fijó para Canarias tan solo 156 frecuencias, parece que poco cabe exigirle a este Gobierno que no sea su obligación de velar por la limpieza y equidad del concurso. Por contra, se supone que las grandes beneficiadas por este concurso contratarán una ingente cantidad de personal de todas las especialidades para hacer frente a los compromisos adquiridos en sus ofertas, compromisos que se verán obligados a refrendar con rúbrica y sello el día que definitivamente se les otorguen sus licencias. Otra cosa es que incumplan, en cuyo caso habrá que denunciarlos y actuar en consecuencia.

Sólo los adjudicatarios pre-seleccionados parecen satisfechos con el resultado del concurso de radios. Nosotros, como saben, nos encontramos en ese grupo porque tuvimos un éxito del cien por cien: pedimos una frecuencia y una frecuencia hemos obtenido. Pero eso no nos sitúa ajenos a la polémica y a la profunda conmoción que ha provocado en muchas empresas de comunicación, algunas abocadas al cierre y al despido de sus trabajadores. Sospechamos que pocos empleos, en la mayoría de los casos, porque un gran número de las emisoras que operan actualmente en la alegalidad son de pequeño tamaño y apenas emplean personal, cuando no se trata de postes que simplemente realizan tareas de repetidores de señal. No es el caso de las grandes cadenas nacionales, que podrían ver frustrados sus planes de expansión, si es que los tenían, porque algunas andan desde hace tiempo en una profunda regulación de empleo. Por ahí ha ido la queja de la Unión de Profesionales de la Comunicación de Canarias (UPCC) que ha criticado “las formas” del Gobierno y ha mostrado su preocupación por la pérdida de puestos de trabajo. Dado que se trata de una regulación técnica obligada por un decreto nacional que fijó para Canarias tan solo 156 frecuencias, parece que poco cabe exigirle a este Gobierno que no sea su obligación de velar por la limpieza y equidad del concurso. Por contra, se supone que las grandes beneficiadas por este concurso contratarán una ingente cantidad de personal de todas las especialidades para hacer frente a los compromisos adquiridos en sus ofertas, compromisos que se verán obligados a refrendar con rúbrica y sello el día que definitivamente se les otorguen sus licencias. Otra cosa es que incumplan, en cuyo caso habrá que denunciarlos y actuar en consecuencia.