La doctora Palop, ante la Policía

La médico Leocadia Palop, ex jefa de la Unidad de Nefrología del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, nunca soñó ser famosa, y menos con alcanzar la fama después de jubilarse. Lo ha hecho involuntariamente, sin duda, porque su nombre aparece asociado a la Mesa de Contratación que adjudicó el controvertido concurso de la hemodiálisis, sí ese en el que nada ha tenido que ver el PP. Y dos huevos pasados por agua. Este jueves declaró ante la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), del Cuerpo Superior de Policía, que la mandó a llamar para que explicara sus manifestaciones al programa de Televisión Española en Canarias 59 Segundos. Como recordarán, porque aquí lo contamos al acabar el programa, la doctora Palop declaró que en otro concurso anterior (no el de Lifeblood, a ver si nos entendemos), alguien trató de sobornarla. Y como el funcionario público que conozca de un delito está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, so pena de una multa de entre 125 y 250 pesetas en el caso de los médicos (sic en la Ley de Enjuiciamiento Criminal), la Policía quería saber si la doctora había hecho lo propio. Y parece que no.

La médico Leocadia Palop, ex jefa de la Unidad de Nefrología del Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín, nunca soñó ser famosa, y menos con alcanzar la fama después de jubilarse. Lo ha hecho involuntariamente, sin duda, porque su nombre aparece asociado a la Mesa de Contratación que adjudicó el controvertido concurso de la hemodiálisis, sí ese en el que nada ha tenido que ver el PP. Y dos huevos pasados por agua. Este jueves declaró ante la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV), del Cuerpo Superior de Policía, que la mandó a llamar para que explicara sus manifestaciones al programa de Televisión Española en Canarias 59 Segundos. Como recordarán, porque aquí lo contamos al acabar el programa, la doctora Palop declaró que en otro concurso anterior (no el de Lifeblood, a ver si nos entendemos), alguien trató de sobornarla. Y como el funcionario público que conozca de un delito está obligado a ponerlo en conocimiento de la autoridad competente, so pena de una multa de entre 125 y 250 pesetas en el caso de los médicos (sic en la Ley de Enjuiciamiento Criminal), la Policía quería saber si la doctora había hecho lo propio. Y parece que no.