Don Josesteban sigue insultando

Hay sentencias judiciales que resultan incomprensibles, y no por su fallo en sí, sino por la incongruencia de su fallo con el resto de la propia sentencia. Dos resoluciones recientes, casualmente las dos referidas al director, editor y propietario del periódico El Día, Josesteban Rodríguez Ramírez, tienen bastante de esa incomprensibilidad e incoherencia. Una fue la dictada por el juez que le dio la razón en su demanda contra CANARIAS AHORA por llamarle don Pepito, término que hemos retirado temporalmente de nuestro vocabulario en lo que se substancia nuestro recurso ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y -esperemos- prevalece el sentido común y no el vacilón judicial. La otra la conocíamos este jueves y en ella se absolvía al más dicharachero de los editorialistas canarios de la acusación de injurias vertidas contra el hoy concejal lagunero Santiago Pérez. Cualquiera que haya leído la sentencia puede llegar a dos conclusiones claras: está muy trabajada por la juez y la misma juez se contradice en sus propios planteamientos. Porque siendo cierto que la libertad de expresión debe prevalecer siempre ante la duda entre lo que es crítica política y derecho al honor, igualmente es cierto que si se dan por proferidos los insultos, éstos constituyen injuria

Hay sentencias judiciales que resultan incomprensibles, y no por su fallo en sí, sino por la incongruencia de su fallo con el resto de la propia sentencia. Dos resoluciones recientes, casualmente las dos referidas al director, editor y propietario del periódico El Día, Josesteban Rodríguez Ramírez, tienen bastante de esa incomprensibilidad e incoherencia. Una fue la dictada por el juez que le dio la razón en su demanda contra CANARIAS AHORA por llamarle don Pepito, término que hemos retirado temporalmente de nuestro vocabulario en lo que se substancia nuestro recurso ante la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y -esperemos- prevalece el sentido común y no el vacilón judicial. La otra la conocíamos este jueves y en ella se absolvía al más dicharachero de los editorialistas canarios de la acusación de injurias vertidas contra el hoy concejal lagunero Santiago Pérez. Cualquiera que haya leído la sentencia puede llegar a dos conclusiones claras: está muy trabajada por la juez y la misma juez se contradice en sus propios planteamientos. Porque siendo cierto que la libertad de expresión debe prevalecer siempre ante la duda entre lo que es crítica política y derecho al honor, igualmente es cierto que si se dan por proferidos los insultos, éstos constituyen injuria