Dos estudios de impacto y un plan territorial

Resulta cuanto menos llamativo contemplar la impostura del ministro Soria, que este lunes también fue noticia por su contundente apuesta por la energía nuclear y por la reacción de los expertos ante su manifiesta ignorancia sobre algunas cuestiones. Su anuncio sobre el gas en Canarias puede resultar esperanzador para los que apuestan firmemente por la necesidad de que ese combustible conviva unas décadas con el fuel en las centrales térmicas de las islas, a la vez que resultará una amenaza para los que conocen la capacidad del presidente del PP canario para tomar los atajos más arriesgados con tal de conseguir sus propósitos. Pretender que en tres meses se desbloqueen los dos estudios de impacto ambiental (uno para la ampliación del puerto de Arinaga y el otro para la propia planta) que están durmiendo el sueño de los justos en su ministerio puede ser un objetivo alcanzable. Pero no lo será tanto que el Cabildo de Gran Canaria pueda acabar antes de un año el plan territorial especial que requiere la instalación de una central regasificadora en cualquier punto de la isla, incluido el soñado islote frente a la central térmica de Juan Grande. Y no porque la corporación haya estado estos últimos años mirando para los celajes, sino porque el Gobierno de Canarias, siendo su vicepresidente el mismísimo Soria, se subrogó en esas competencias para no hacer absolutamente nada. Ahora, cuatro años después, con el PP en el Cabildo, una consejera socialista, Margarita Ramos, se las ha devuelto para que actúe en consecuencia.

Resulta cuanto menos llamativo contemplar la impostura del ministro Soria, que este lunes también fue noticia por su contundente apuesta por la energía nuclear y por la reacción de los expertos ante su manifiesta ignorancia sobre algunas cuestiones. Su anuncio sobre el gas en Canarias puede resultar esperanzador para los que apuestan firmemente por la necesidad de que ese combustible conviva unas décadas con el fuel en las centrales térmicas de las islas, a la vez que resultará una amenaza para los que conocen la capacidad del presidente del PP canario para tomar los atajos más arriesgados con tal de conseguir sus propósitos. Pretender que en tres meses se desbloqueen los dos estudios de impacto ambiental (uno para la ampliación del puerto de Arinaga y el otro para la propia planta) que están durmiendo el sueño de los justos en su ministerio puede ser un objetivo alcanzable. Pero no lo será tanto que el Cabildo de Gran Canaria pueda acabar antes de un año el plan territorial especial que requiere la instalación de una central regasificadora en cualquier punto de la isla, incluido el soñado islote frente a la central térmica de Juan Grande. Y no porque la corporación haya estado estos últimos años mirando para los celajes, sino porque el Gobierno de Canarias, siendo su vicepresidente el mismísimo Soria, se subrogó en esas competencias para no hacer absolutamente nada. Ahora, cuatro años después, con el PP en el Cabildo, una consejera socialista, Margarita Ramos, se las ha devuelto para que actúe en consecuencia.