La fiscalía limpió y dio esplendor

No es de recibo que hayamos tenido que esperar años para confirmar las escandalosas sospechas de que en el concurso de ambulancias de Canarias algunas empresas partieron con ventaja. Por conocer, algunas conocían con antelación a la decisión de la mesa de contratación incluso los colores y los logotipos con los que habrían que rotular los vehículos. Otras conseguían ganar sin garantizar la debida solvencia económica, muy al estilo de lo ocurrido en el caso Lifeblood; cuando no se adjudicaba un servicio de ambulancias a una ONG que como más solvente aval presentaba ser la tenedora de un taller de mecánica a través del cual se movieron millonarias subvenciones. Había que financiar al partido, en unos casos más que evidentes, o a determinadas personas que seguramente acabarían financiando al partido o a sus dirigentes, en otros expedientes aún bajo sospecha. Que la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo haya confirmado las clamorosas irregularidades de los diversos concursos de ambulancias, repartidos de manera zonal, no tiene por qué equivaler a que los responsables de esos desaguisados respondan política o penalmente por ello. Políticamente, porque en este país nadie da la cara cuando se le descubre esta insultante sarta de indecencias. Y penalmente porque, aun habiéndose abierto una causa penal por querella de una de las empresas afectadas, ya se encargó la fiscalía provincial de Las Palmas de desplegar todo su poder para que se archivara de inmediato. No en vano, una de las querelladas era la esposa del fiscal jefe, Guillermo García-Panasco, imputada también en el caso Lifeblood junto al abogado Javier Artiles, quien por cierto la defendía en el pleito de las ambulancias. La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir. Veremos hasta dónde llegan.

No es de recibo que hayamos tenido que esperar años para confirmar las escandalosas sospechas de que en el concurso de ambulancias de Canarias algunas empresas partieron con ventaja. Por conocer, algunas conocían con antelación a la decisión de la mesa de contratación incluso los colores y los logotipos con los que habrían que rotular los vehículos. Otras conseguían ganar sin garantizar la debida solvencia económica, muy al estilo de lo ocurrido en el caso Lifeblood; cuando no se adjudicaba un servicio de ambulancias a una ONG que como más solvente aval presentaba ser la tenedora de un taller de mecánica a través del cual se movieron millonarias subvenciones. Había que financiar al partido, en unos casos más que evidentes, o a determinadas personas que seguramente acabarían financiando al partido o a sus dirigentes, en otros expedientes aún bajo sospecha. Que la jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo haya confirmado las clamorosas irregularidades de los diversos concursos de ambulancias, repartidos de manera zonal, no tiene por qué equivaler a que los responsables de esos desaguisados respondan política o penalmente por ello. Políticamente, porque en este país nadie da la cara cuando se le descubre esta insultante sarta de indecencias. Y penalmente porque, aun habiéndose abierto una causa penal por querella de una de las empresas afectadas, ya se encargó la fiscalía provincial de Las Palmas de desplegar todo su poder para que se archivara de inmediato. No en vano, una de las querelladas era la esposa del fiscal jefe, Guillermo García-Panasco, imputada también en el caso Lifeblood junto al abogado Javier Artiles, quien por cierto la defendía en el pleito de las ambulancias. La Audiencia Provincial ha ordenado reabrir. Veremos hasta dónde llegan.