La Policía machaca a la UD Las Palmas

Dos bengalas, 200 invasores del terreno de juego, un exceso de aforo de 500 personas y las declaraciones al término del encuentro por Miguel Ángel Ramírez podrían costarle a la UD Las Palmas cinco sanciones que suman los 246.500 euros. Así lo dice la nota de prensa del Ministerio del Interior dada a conocer este lunes, en la que, naturalmente se descarga toda la responsabilidad de lo ocurrido durante el partido con el Córdoba al Cuerpo Nacional de Policía. Y decimos que es natural porque quien redacta el informe que da lugar a las propuestas de sanción no es otro que el responsable de seguridad destacado allí por la Policía, el inspector Dionisio Vega, al que no puede exigírsele bajo ningún concepto que responsabilice ni a sus superiores ni a sus compañeros de lo que los presentes y los televidentes pudieron ver. Dos propuestas de multa de 90.000 euros cada una, más otras dos por similares hechos por importe de 3.250 euros aparecen en la nota de prensa distribuida por Interior. Poco se puede reprochar a la Policía cuando informa de que se relajaron medidas de seguridad que condujeron a que uno o varios individuos introdujeran en el estadio dos bengalas que hicieron prender y luego arrojaron al campo. Si es verdad, y parece que eso nadie lo niega, palo y tentetieso. Nada que reprochar a que la propuesta de sanción relate la invasión de varios centenares de descerebrados al terreno de juego antes de que terminara el partido, y otros muchos tras el supuesto pitido final que nadie escuchó, pero nos vale como animal de compañía. Tampoco tiene mucha defensa “no controlar el movimiento de espectadores” en la grada de naciente, y menos si, como dice el informe policial, esos espectadores ocuparon, sin que nadie se lo impidiera, pasillos y vomitorios en un estadio que tendrá pocas virtudes, pero una de ellas es desde luego su amplitud. Las discrepancias empiezan cuando Antiviolencia deja que le cuelen los pormenores de la apertura de puertas antes del término del encuentro.

¿Quién controlaba los alrededores del estadio?

Dice la propuesta de sanción de la Comisión Antiviolencia que “unos diez minutos antes del final del partido, se produce de nuevo un exceso de aforo, causado por la apertura por parte de la organización de las puertas de acceso sin establecer ningún control de seguridad privada, lo que provocó que unos 500 aficionados accedieran al estadio cuando ya estaban ocupadas todas las localidades disponibles para este encuentro”. Aquí vienen los matices. El primero, que según la versión del club, las puertas no se abrieron diez minutos antes, como es costumbre, sino cuatro. El segundo, ¿desconocía el coordinador de seguridad que las puertas iban a abrirse, como es habitual? Lo sabía porque es el coordinador fijo en el estadio, y nada relacionado con la seguridad puede decidirse sin su concurso. El tercer matiz: la Policía sabía de antemano que fuera del estadio había un numeroso grupo de personas bebiendo desde las doce del mediodía (algunas fuentes dicen que incluso antes). El despliegue de la UIP desde la mañana lo debió apreciar, salvo que estuviera mirando para otro lado. Esas personas, muchas de las cuales acabaron en el césped, aporreaban las puertas para que se las abrieran, extremo al que tampoco debía ser ajena la Policía. Así las cosas, ¿era solo la seguridad privada la capacitada para impedir que la apertura de puertas sirviera para entrar gente y no para salir? ¿Estaba acordado entre todos que se abrirían las puertas para celebrar el ascenso cuando este estuviera ya tocándose con los dedos, como era el caso cuatro minutos antes del término oficial del partido? ¿Por qué no se apostaron vigilantes y policías de la UIP en esas puertas tan conflictivas? Cuatro o cinco guardias de seguridad son claramente insuficientes para detener una avalancha de ese tamaño y mucho menos en el estado de exaltación etílica en la que muchos de los colados se encontraban. Lo debían haber previsto todos, no solo los de Seguridad Integral Canaria, que al fin y al cabo no pueden sustituir a la Policía en determinadas acciones.

El antisistema Miguel Ángel Ramírez

Pero donde el exceso se aprecia con mayor virulencia es en la propuesta de multa que se hace al presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez. 60.001 euros “por las manifestaciones vertidas en los medios de comunicación al final del encuentro (…) que generaron una dura reacción contra la labor policial y dificultaron la normal evacuación del recinto deportivo”. Hemos repasado lo dicho por Ramírez al término del partido, en medio de una tremenda tensión y con la pesada carga de la decepción cayendo sobre sus espaldas. Y lo más duro que está recogido en audio y vídeo es una respuesta suya a un periodista que le pregunta por los fallos de seguridad: “Es la Policía, a través de su coordinador de seguridad, la que tiene la responsabilidad de que estas cosas no sucedan”, dijo. Fue una frase deslizada en medio de unas declaraciones que fueron bastante serenas para la que estaba cayendo y que merecieron el elogio de todos los comentaristas que retransmitían el encuentro y los incidentes posteriores. Los dos de Canal +, por ser más precisos, se deshicieron en elogios por la serenidad y contención de las manifestaciones, y en las redes sociales todos los periodistas comentaban lo mismo. No vamos a discutir a la Policía lo que pueden concluir sus servicios de análisis a la hora de relacionar unas declaraciones con la actitud del público, ni la mayor o menor fortuna expresiva que pudo tener en esos momentos el empresario. No pareció, sin embargo, que Ramírez adoptara una actitud de exaltación de la violencia, sino todo lo contrario. Bajó al terreno de juego desde el palco para tratar de convencer al árbitro de que no suspendiera el partido (hubiera supuesto derrota de la UD) y para participar activamente en la normalización de la situación, como hicieron jugadores como Valerón, quien por cierto este lunes sostenía lo mismo sobre las palabras del presidente del club. Fue el coordinador de seguridad el que le dijo a Ramírez que se fuera de allí. No se vieron vándalos con pinganillo en la oreja o un televisor a hombros para escuchar las declaraciones que tanto daño hicieron a la evacuación, según la versión policial. Más se aproximaría a la realidad la reacción lógica de un público que presenció los incidentes y a su vez la pasividad con la que se desplegaron en el estadio los pocos agentes de la UIP allí presentes.

Comedores escolares: cuidado con la visibilidad

Sostiene el PP, en una de esas piruetas dialécticas inventadas por su taller de coartadas para no arrimar el hombro, que se opone a los comedores escolares porque pueden “generar excesiva visibilidad” de los niños y niñas que se acogen a esa medida. Lejos de haber amainado la dureza de la crisis, de la que el PP parece empeñado en dejarnos una larga temporada más, los problemas arrecian, lo que ha conducido a que Canarias y Andalucía hayan decidido repetir la experiencia este verano. Pero, para no dar la razón a los que inventan lo más grande, quizás sea bueno tomar medidas que no les den la razón. Por ejemplo, las listas de admitidos a los comedores escolares no deben mostrarse cara a la calle como pudo retratar una lectora de Canarias Ahora este fin de semana. Ocurrió en la puerta del colegio público Alcaravaneras, que seguramente en un rapto de transparencia y de servicio a los padres y madres, puede haber vulnerado algún artículo de la Ley de Protección de Datos, y desde luego, la intimidad de alguna que otra familia de clase media hundida por esta crisis a la que no debe hacerle mucha gracias ver los nombres de sus hijos expuestos en la plaza pública. Y hablando de comedores, les recomendamos el análisis que sobre la cuestión hace nuestro compañero Enrique Bethencourt, uno de los periodistas mejor informados sobre el sector educativo en Canarias.

Buscando la sede del Parlamento en Las Palmas

Está de moda demonizar a las autonomías y a sus órganos. Está de moda enlazar el déficit público español con el autogobierno. La derecha no disimula su deseo de profundizar en el centralismo político y administrativo para devolver a España a aquellos tiempos en que todo se decidía en Madrid alejando de los ciudadanos su derecho a la cercanía a las administraciones y quebrando la obligación de éstas a resolver de cerca los problemas de los administrados. Claros exponentes de esa fuerza centrípeta los encontramos en dirigentes como María Dolores de Cospedal, que reduce el número de parlamentarios y constriñe a las clases pudientes la posibilidad de ser elegible. Por eso no debe sorprender que se publiquen constantemente datos sobre lo que cuesta el Estado Autonómico, lo que automáticamente conduce al cabreo de la gente que a duras penas llega a final de mes, o directamente no tiene para dar tres comidas al día a sus hijos. En esa línea podría inscribirse el desafortunado despacho que este lunes distribuyó la agencia Europa Press, que relataba el coste de cada uno de los parlamentos autonómicos y los ponía en comparación con el presupuesto del Congreso de los Diputados. En el mismo cajón el periodista metió el presupuesto global de cada cámara autonómica, pero de la Cámara Baja solo el coste de los diputados. Así, Canarias quedaba en tercer lugar al sumarse el presupuesto total y dividirse por el número de parlamentarios, hasta superar con creces los 400.000 euros por acta. Se apresuró el Parlamento canario a desmentir el dato y a explicar que en su presupuesto están incluidos todos los órganos que él dependen, como la Audiencia de Cuentas, el Consejo Consultivo o el Diputado del Común. Además, la agencia elevaba en diez millones al año el gasto total de la Cámara isleña, que es de 15 millones, no de 25. Pero lo peor fue la afirmación del redactor de que Canarias mantiene dos sedes parlamentarias, “una en Tenerife y la otra en Las Palmas”, un dato falso de toda falsedad que sin embargo no impidió que periódicos como El Día lo publicara tal cual y lo incluyera con gran despliegue tipográfico en su primera de papel. No consta que Canarias haya tenido jamás dos sedes del Parlamento: el histórico editor de El Día, recientemente fallecido, lo habría permitido jamás.

Dos bengalas, 200 invasores del terreno de juego, un exceso de aforo de 500 personas y las declaraciones al término del encuentro por Miguel Ángel Ramírez podrían costarle a la UD Las Palmas cinco sanciones que suman los 246.500 euros. Así lo dice la nota de prensa del Ministerio del Interior dada a conocer este lunes, en la que, naturalmente se descarga toda la responsabilidad de lo ocurrido durante el partido con el Córdoba al Cuerpo Nacional de Policía. Y decimos que es natural porque quien redacta el informe que da lugar a las propuestas de sanción no es otro que el responsable de seguridad destacado allí por la Policía, el inspector Dionisio Vega, al que no puede exigírsele bajo ningún concepto que responsabilice ni a sus superiores ni a sus compañeros de lo que los presentes y los televidentes pudieron ver. Dos propuestas de multa de 90.000 euros cada una, más otras dos por similares hechos por importe de 3.250 euros aparecen en la nota de prensa distribuida por Interior. Poco se puede reprochar a la Policía cuando informa de que se relajaron medidas de seguridad que condujeron a que uno o varios individuos introdujeran en el estadio dos bengalas que hicieron prender y luego arrojaron al campo. Si es verdad, y parece que eso nadie lo niega, palo y tentetieso. Nada que reprochar a que la propuesta de sanción relate la invasión de varios centenares de descerebrados al terreno de juego antes de que terminara el partido, y otros muchos tras el supuesto pitido final que nadie escuchó, pero nos vale como animal de compañía. Tampoco tiene mucha defensa “no controlar el movimiento de espectadores” en la grada de naciente, y menos si, como dice el informe policial, esos espectadores ocuparon, sin que nadie se lo impidiera, pasillos y vomitorios en un estadio que tendrá pocas virtudes, pero una de ellas es desde luego su amplitud. Las discrepancias empiezan cuando Antiviolencia deja que le cuelen los pormenores de la apertura de puertas antes del término del encuentro.

¿Quién controlaba los alrededores del estadio?