Hagamos caso a la presidenta del Supremo: no generalicemos con los jueces, concretemos

La presidenta del Consejero General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha emitido un comunicado en su calidad indisociable de presidenta del Tribunal Supremo para decirle al Gobierno de Pedro Sánchez, al PSOE, a los medios de comunicación y a la ciudadanía crítica con su gremio que no se puede generalizar cuando se habla de utilización política de la justicia, de utilización de la justicia para la persecución de adversarios políticos y periodistas desafectos o de participación de las togas en la trifulca política.

Resulta particularmente llamativo que la presidenta del Tribunal Supremo haya tenido que acudir a tal condición para emitir un comunicado que le fue denegado a su otra presidencia, la del Consejo General del Poder Judicial, un órgano colegiado en el que no puede actuar por su cuenta. O, como parece natural que le haya ocurrido en este caso, guiada por las togas más veteranas del Supremo que siguen imponiendo su criterio contra el Gobierno que no es el que les colocó donde están.

Lo que en realidad se persigue con este tipo de comunicados, cada vez más frecuentes porque cada vez son más frecuentes los comportamientos que los provocan, no solo es desacreditar a las personas que se quejan y lo critican legítimamente, sino infundir miedo entre los que, por su condición de representantes políticos o responsables de medios de comunicación, puedan caer en manos de los que no quieren que se ejerza el derecho a la crítica.

Hasta ahora estaba asumido por la ciudadanía que las resoluciones judiciales son criticables, no así los jueces. Era una imposición que arrancó de nuestra sacrosanta transición, como la inviolabilidad del jefe del Estado ante los tribunales y en los medios de comunicación. Pero la sociedad española ha evolucionado y hábitos más democráticos se abren paso poco a poco frente a aquellas imposiciones y frente a las resistencias de los poderes tradicionales, entre ellos el judicial.

También pareció asumido desde la aprobación de la Constitución de 1978 que los jueces y magistrados son “independientes, inamovibles, responsables y únicamente sometidos a la ley y al Derecho”. Hasta que en 2015 Mariano Rajoy hizo una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que las responsabilidades civiles en las que pudieran incurrir sus señorías las asumiera el Estado. Y las que no, el sabroso seguro de responsabilidad civil que para toda la carrera judicial paga el CGPJ con el dinero de todos los contribuyentes.

Así que si asumimos las exigencias de la presidenta del Supremo de no generalizar. En consecuencia, no generalicemos: señalemos directamente a los servidores públicos que no están actuando correctamente y que, en algunos casos, atesoran una trayectoria profesional cuanto menos criticable sin que ninguno de sus desatinos les haya supuesto hasta el momento contratiempo, reproche, sanción o condena que les provocara propósito de la enmienda.

Ángel Hurtado. Es el magistrado de moda en el Tribunal Supremo. Investiga al fiscal general del Estado por la presunta filtración de un correo en el que el abogado del novio de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reconocía dos delitos tributarios y buscaba un acuerdo con el Ministerio Público. Para quien no lo haya seguido de cerca, se trata de desentrañar quién, desde la Fiscalía, desmintió con ese correo una información falsa del jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, que mediante otro correo del presunto delincuente campante y confeso (con perdón) venía a decir lo contrario, que le pedían perdón por haberlo mortificado. Las resoluciones que ha tomado este juez Hurtado, como registrar con mucha jarana el despacho del fiscal general o intervenir sus dispositivos electrónicos sin límites temporales o temáticos, han llamado la atención de todos juristas propios y extraños incluso a la Sala Segunda del Supremo, que se preguntan qué es lo que realmente está buscando el magistrado. Hurtado es el mismo juez que, estando en la Audiencia Nacional, es decir, antes de ser ascendido por el Consejo General del Poder Judicial, aquel que estuvo cinco años en la clandestinidad, no vio la relación entre la trama corrupta Gürtel y el Partido Popular, finalmente condenado. Tampoco consideró necesario que Mariano Rajoy (M.Rajoy, por si alguien no lo reconoce por su nombre completo) declarara como testigo en aquella causa. Está por ver hasta dónde quiere llegar con esta investigación al fiscal general del Estado, teniendo en cuenta que las partes personadas quieren que la investigación alcance al presidente del Gobierno. Se admiten apuestas.

Juan Carlos Peinado. Es el juez estrella de toda la prensa de la derecha española por haber puesto en su punto de mira a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, lo que sirve al líder de la oposición, Núñez Feijóo, y a la prensa que le jalea, para dar por sentado que el siguiente en pasar por ese trance imputacional será el mismísimo Pedro Sánchez. Peinado, titular de Instrucción 41 de Madrid, admitió a trámite una querella de la organización ultraderechista Manos Limpia pasándose por el arco del triunfo la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el mismo que preside la excelentísima señora Perelló, respecto a la calidad que ha de atesorar una denuncia para poder avanzar en un juzgado español que se precie de serio. A partir de esa primera excentricidad, Peinado no ha parado de cometer disparates procesales, como plantarse en La Moncloa a grabar en vivo y en directo, la declaración como testigo del presidente del Gobierno, negándole su derecho a declarar por escrito, de modo y manera que las partes personadas pudieran a continuación tener acceso al vídeo correspondiente con el que hacer las delicias de la prensa de la derecha. El colmo de los colmos ha sido manipular la respuesta de una testigo, a la que amenazó con empurar por falso testimonio, para que lo dicho por ella le sirviera para imputar a otra persona que le venía bien en su cacería contra Begoña Gómez.

Juan José Escalonilla. Titular de Instrucción 42 de Madrid, fue el juez que durante tres años y medio mantuvo viva una causa contra Podemos, el llamado caso Neurona, por el que desfilaron como investigados numerosos cargos orgánicos de esa formación política sin que ninguno de ellos resultara finalmente enviado a juicio oral. No había nada, como se apreció desde el principio, pero la instrucción sirvió para que todos los medios informativos a ambos lados de la trinchera informaran, unos con más regocijo que otros, de la corrupción que anidaba en el partido que señalaba a la casta como responsable de todos los males del país. Aquella instrucción tuvo momentos fulgurantes que, casualmente, venían a coincidir con fechas señaladas en el calendario electoral español, como cuando el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, fue candidato a la Comunidad de Madrid. Escalonilla, qué casualidad, señora presidenta del Supremo, es el juez que instruyó -vamos a llamarlo así- la denuncia contra varios policías municipales de Madrid por un presunto delito de odio por lo que escribieron en un chat del cuerpo. Entre otras afirmaciones que el juez no consideró penalmente reprochables se lamentaban los agentes de que la entonces alcaldesa, Manuela Carmena, ¡anda, de Podemos!, no hubiera resultado asesinada en el atentado de la ultraderecha en el despacho de los abogados de Atocha.

Manuel García-Castellón. Quizás sea este juez el paradigma de magistrado al servicio estricto del partido que lo aupó (el PP, cómo no), le otorgó todos los privilegios y lo usó para todas las causas que pudieran perjudicarle. Aplicando la orden de la presidenta del Tribunal Supremo, quizás pueda la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, sacudirse de la demanda de protección del honor (sic) que García-Castellón le ha interpuesto por llamarle corrupto, por lo que le pide 120.000 euros para su jubilación casi-casi forzosa. Si concreta y no generaliza, la señora Belarra podrá explicar al Tribunal Supremo, que es donde se verá esta demanda por ser ella una aforada, lo bien que vivió este magistrado durante las casi dos décadas que el PP lo tuvo transitando en nombre de España los despachos más sandungueros de Europa para, a su regreso a la Audiencia Nacional, demostrar que es un hombre agradecido. A él se le atribuye, entre otros méritos digamos que en diferido, evitar a toda costa imputar a María Dolores de Cospedal por los escándalos en los que se vio envuelta como consecuencia de sus relaciones corruptas con el comisario Villarejo.

Beatriz Biedma. Es la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, la que instruye una causa también muy aireada contra el hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, que usa el apellido Azagra en su vida artística como director de orquesta. La jueza Biedma admitió a trámite una querella de Manos Limpias (sí, otra vez Manos Limpias) basada en recortes de prensa (otra vez recortes de prensa, en la línea de la vacuidad que rechaza la jurisprudencia del Supremo para admitir una querella a trámite) contra David Sánchez. Se le acusaba en esa querella de disfrutar de un puesto de trabajo de libre designación en la Diputación de Badajoz sin acudir a trabajar, viviendo en Portugal y atesorando de manera sospechosa una fortuna de más de 1,2 millones de euros en acciones. Todo ello gracias a la influencia de su hermano, que en el momento de la contratación no era ni secretario general del PSOE ni presidente del Gobierno. La magistrada Biedma ha tenido el respaldo de la Audiencia Provincial en varias de sus asirocadas resoluciones, no así el de la Fiscalía ni de la Guardia Civil, que en ninguno de sus informes acredita que el puesto de trabajo de coordinador de actividades de conservatorios del que disfruta el señor Sánchez haya sido producto de un trato de favor o un tráfico de influencias. El Ministerio Público ha llegado a pedirle en un recurso que por favor, si puede ser, especifique los hechos y los delitos por los que ha llamado a declarar a David Sánchez y a otras siete personas en calidad de imputados. Si se confirmaran los temores de la Fiscalía, no sería la primera vez que esta jueza vulnera derechos fundamentales de un justiciable. Ya lo hizo en 2019 cuando negó un hábeas corpus a un detenido que había denunciado malos tratos policiales en el momento de su detención. El Tribunal Constitucional dio la razón al demandante y afeó a la magistrada su proceder.

Eloy Velasco. Es magistrado en la Audiencia Nacional y recientemente ha saltado a algunas portadas de medios de comunicación por sus duras críticas a la exministra Irene Montero, actualmente eurodiputada, concretamente por la labor legislativa que desplegó el Ministerio de Igualdad durante el tiempo en el que ella fue su titular. A Velasco le ha abierto un expediente disciplinario el Consejo General del Poder Judicial por haber menospreciado a Montero por su pasado laboral como cajera de supermercado mientras estudiaba su carrera universitaria. En un acto público dijo que a un jurista como él Irene Montero no podrá nunca darle lecciones desde su puesto de cajera de supermercado. En los manuales de los jueces que han tenido que defenderse de un procedimiento disciplinario similar consta lo que han de decir para que el CGPJ lo archive: que no actuaban como jueces cuando profirieron esas críticas a las autoridades, expresamente prohibidas en sus códigos. Pero Eloy Velasco cuenta, además, con un amplio respaldo de una parte de la carrera judicial, la que boicotea aquella parte de la legislación promovida por alguno de los gobiernos de Pedro Sánchez, bien sea la ley del sólo sí es sí o la ley de amnistía. Es decir, una discriminación no jurídica de las leyes que a este nutrido grupo de jueces y magistrados les parecen rechazables aunque las hayan aprobado las Cortes Generales, donde reside la soberanía popular.

María de los Ángeles Velázquez. Está al frente del Juzgado de Instrucción número 27 de Madrid, desde el cual admitió a trámite en 2022 una querella del delincuente convicto Salvador Alba Mesa, actualmente cumpliendo pena de prisión por los peores delitos que puede cometer un juez en activo: prevaricación, cohecho y falsedad documental. Es el primer juez cómplice de un caso de lawfare de libro al que, acto seguido, se le permite ejecutar una descarada venganza contra sus víctimas, la magistrada Victoria Rosell y el periodista que firma este artículo. La querella, firmada también por la esposa del penado, la letrada de la Administración de Justicia Teresa Lorenzo Establier, fue admitida por la jueza Velázquez en Madrid pese a que los presuntos delitos denunciados se cometieron en todo caso en Gran Canaria, y sin apenas practicar diligencias de investigación, en contra del criterio de la Fiscalía, que desde el principio pide el archivo, y sin llamar a declarar si quiera a los querellantes, me manda a juicio para responder por una petición de 23 años de prisión y 422.500 euros de multa.