Un hito en Las Remudas

Se mezcló el hambre con las ganas de comer y lo que salió fue un engendro ilegal que acaba de echar por tierra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Gobernaba el Ayuntamiento de Telde esa pandilla de salteadores de caminos formada por el PP y AFV-Ciuca, que desvalijaron la caja y reventaron las esperanzas de la ciudad de recuperar su dignidad. Y en el Cabildo de Gran Canaria el jefe de la pandilla pepera, José Manuel Soria, había puesto al frente del urbanismo insular a Carlos Sánchez, ese político de indefinidas actividades empresariales que se ha metido en todos los líos del mundo siempre con la ética a la altura de los talones. Corría el año 2003 y la familia de Sánchez obtiene una licencia para hacer una gasolinera en el barrio teldense de Las Remudas, una licencia que nadie se había atrevido a otorgar desde 1999. Pero en 2003, Guillermo Reyes, Paco Valido y sus secuaces la otorgan. Ahora, siete años después, la Justicia ha dicho que aquella licencia fue ilegal, como lo fue la de apertura, en 2005, para una instalación industrial que literalmente ha desquiciado a varias familias a las que alguien tendrá que compensar ahora.

Se mezcló el hambre con las ganas de comer y lo que salió fue un engendro ilegal que acaba de echar por tierra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Gobernaba el Ayuntamiento de Telde esa pandilla de salteadores de caminos formada por el PP y AFV-Ciuca, que desvalijaron la caja y reventaron las esperanzas de la ciudad de recuperar su dignidad. Y en el Cabildo de Gran Canaria el jefe de la pandilla pepera, José Manuel Soria, había puesto al frente del urbanismo insular a Carlos Sánchez, ese político de indefinidas actividades empresariales que se ha metido en todos los líos del mundo siempre con la ética a la altura de los talones. Corría el año 2003 y la familia de Sánchez obtiene una licencia para hacer una gasolinera en el barrio teldense de Las Remudas, una licencia que nadie se había atrevido a otorgar desde 1999. Pero en 2003, Guillermo Reyes, Paco Valido y sus secuaces la otorgan. Ahora, siete años después, la Justicia ha dicho que aquella licencia fue ilegal, como lo fue la de apertura, en 2005, para una instalación industrial que literalmente ha desquiciado a varias familias a las que alguien tendrá que compensar ahora.