Inmigración: si falla el PP no hay plan B

La pelota de la inmigración está en el tejado del Partido Popular. Y si el Partido Popular dice que con él no cuenten, no hay plan B. Es decir, después de meses de idas y venidas, no hay ninguna alternativa a la solidaridad de las demás comunidades autónomas para asumir una buena parte de los casi 6.000 menores menores inmigrantes que en estos momentos tutela Canarias, donde se espera que esa cifra continúe en aumento hasta casi duplicarse a final de año en lo que muy desafortunadamente la consejera de Bienestar Social llegó a comparar con una guerra. 

Y la solidaridad pasa por el PP. Porque no solo gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, en muchas de ellas con Vox, sino que además se le requiere para que preste sus votos en la Cortes Generales a la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno de España ha pactado con el de Canarias como la solución más viable para reconducir una competencia que es autonómica y que se quiere hacer descansar sobre todas las autonomías.

Sin los votos del PP no habrá solidaridad de las comunidades del PP, como cabe esperar de dirigentes como Díaz Ayuso (la de la exaltación al Milei enemigo de la justicia social y la de las residencias de mayores olvidados a su suerte durante la pandemia); Mazón (el del vicepresidente torero que vincula inmigración con delincuencia); López Miras (que no quiere oír hablar de “trocear el problema en 17” cachos), Mañueco (que todavía no ha desautorizado a su vicepresidente sin cartera tras sugerir que sea la ministra de Juventud la que acoja en su casa a los menores migrantes que ahora tutela Canarias).

Fernando Clavijo se comprometió con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a convencer a su socio del PP en las islas, Manuel Domínguez, su vicepresidente, que hace poco más de una semana hacía unas prometedoras declaraciones anunciando que se iba a partir la cara por sacar adelante esa propuesta, por convencer a sus compañeros de partido, que para eso está él en política, no para ocupar un carguito, dijo.

Horas después, tras conocer las declaraciones que hizo el ministro Torres en un desayuno con periodistas en Las Palmas de Gran Canaria, Domínguez cambió su discurso para pasar de nuevo a atacar al socialista. Y una semana después ha terminado por desvelar cuál va a ser su posición, seguramente la que le han impuesto desde la sede central de la calle Génova. A las iniciativas del Gobierno de Sánchez, ni agua.

Resulta elocuente comprobar que la ronda que comenzará el presidente canario hoy martes no incluye reuniones con los grupos parlamentarios del PP y de Vox. Y eso que el comunicado emitido este lunes para anunciar estos decisivos contactos vino precedido de otro en el que hablaba confusamente de que ya contaba con el respaldo unánime.

Y es cierto que así partió de Canarias, donde hubo acuerdo de todas las fuerzas políticas presentes en el Parlamento de Canarias (menos Vox, que no cuenta para los derechos de los migrantes pobres). Pero Manuel Domínguez, el presidente del PP canario, se debe a la disciplina nacional de su partido, que abrazó el discurso más xenófobo de Vox en las elecciones catalanas y gobierna con ese partido en ayuntamientos y comunidades autónomas que no van a molestarse lo más mínimo por mostrar solidaridad con Canarias y aceptar el reparto de menores migrantes.

Y como las leyes no deben incumplirse, lo mejor es que la reforma no prospere, y que si prospera, que sea sin los votos del PP ni de Vox (ni seguramente de Junts), con lo que la solución aceptada por los gobiernos de Canarias y de España corre serio peligro de quedar en nada.

De fracasar esta reforma legislativa por la falta de apoyo del PP, perderá en primer lugar Canarias, cuyos recursos sociales no resisten más la tirantez que provoca la llegada imparable de personas. Pero perderá en segundo lugar Fernando Clavijo, que colocó la cuestión migratoria como una de sus prioridades, rebasando en demasiadas ocasiones incluso el alarmismo.

Y, por último, en función de cómo maneje la realidad de los acontecimientos, perderá el PP, porque sobre él va a recaer nuevamente la responsabilidad de un asunto que ahora mismo atosiga a Canarias, Ceuta y Melilla, pero mañana puede volver a inquietar a Andalucía, como ya ha ocurrido otras veces.

Por eso, para curarse en salud, Clavijo anunció este lunes su maratoniana jornada de reuniones con todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Será su último gesto para luego poder reprochar lo que tenga que reprochar o presumir de lo poco que tenga que presumir. Porque quizás debió haber amarrado primero el apoyo de su socio autonómico –como se comprometió- antes de elegir la opción que eligió, la de una reforma legal que ahora se torna demasiado arriesgada.

La pelota de la inmigración está en el tejado del Partido Popular. Y si el Partido Popular dice que con él no cuenten, no hay plan B. Es decir, después de meses de idas y venidas, no hay ninguna alternativa a la solidaridad de las demás comunidades autónomas para asumir una buena parte de los casi 6.000 menores menores inmigrantes que en estos momentos tutela Canarias, donde se espera que esa cifra continúe en aumento hasta casi duplicarse a final de año en lo que muy desafortunadamente la consejera de Bienestar Social llegó a comparar con una guerra. 

Y la solidaridad pasa por el PP. Porque no solo gobierna en la mayoría de las comunidades autónomas españolas, en muchas de ellas con Vox, sino que además se le requiere para que preste sus votos en la Cortes Generales a la reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno de España ha pactado con el de Canarias como la solución más viable para reconducir una competencia que es autonómica y que se quiere hacer descansar sobre todas las autonomías.