Los inocentes de Eolo

La misma doctrina de la persecución política y la cacería despiadada contra el PP es la que se está tratando de imponer por parte de las defensas en el caso Eolo, el primer escándalo de corrupción política del Partido Popular en la era soriana que por fin ha conseguido sortear las dificultades y llegar a la antesala de un juicio. Estalló a finales de 2005, aunque las detenciones se produjeron en enero de 2006, es decir, hace ya siete años y medio. La instrucción fue relativamente rápida, pero las continuas trabas y piruetas de los abogados de la media docena de acusados (lebranchos en el estanque de al lado de los tiburones) van camino de pudrir de tal modo la causa que acabarán consiguiendo condenas muy aminoradas por la figura jurídica de la dilación indebida. La tesis que están defendiendo ante el tribunal tiene su guasa porque tratan de hacer creer que desde sus inicios todo fue un montaje político-judicial-mediático. Recordemos por tanto los inicios: el denunciante, un perfecto desconocido de nombre Alberto Santana, descubre unos correos de su jefe, Wilebaldo Luis, en los que aparecen filtradas las bases del concurso eólico de 2004 antes de que se publiquen. El hombre, cabreado porque lo han despedido, va a los tribunales y luego a los periódicos. Aquí le decimos que estupendo, pero que no publicaríamos ni una línea hasta que la denuncia se tramitara ya en los juzgados. De aquellos correos que descubrió Santana colgaban otros que condujeron al director general de Industria, Celso Perdomo, del PP, subordinado directo de Luis Soria, consejero de Industria, que no es investigado ni por asomo a pesar de tener una agenda política y piscinera muy vinculada a las mismas bases del concurso. Estalla el escándalo judicial y el PP deja tirados literalmente a los suyos porque tiene dos garantías: que nadie va a mirar para arriba y que hay un agujero negro entre los lebranchos, los siete imputados que pretendieron sacar ventaja de una información privilegiada, y los tiburones, que estaban jugando en otra división. Por eso es imposible hablar de conspiración, porque si así fuera, no se le habría encargado la investigación al jefe de la Brigada de la Policía Judicial, a la sazón Ignacio Bádenas, que detuvo cualquier indagatoria que se saliera del lugar donde descamaban a los lebranchos. Salvo que el PP quiera hacernos creer a todos que gracias a sus contactos lograron detener los efectos de la investigación, en cuyo caso estaríamos hablando de otros lópeces. Y otros Sorias.

La misma doctrina de la persecución política y la cacería despiadada contra el PP es la que se está tratando de imponer por parte de las defensas en el caso Eolo, el primer escándalo de corrupción política del Partido Popular en la era soriana que por fin ha conseguido sortear las dificultades y llegar a la antesala de un juicio. Estalló a finales de 2005, aunque las detenciones se produjeron en enero de 2006, es decir, hace ya siete años y medio. La instrucción fue relativamente rápida, pero las continuas trabas y piruetas de los abogados de la media docena de acusados (lebranchos en el estanque de al lado de los tiburones) van camino de pudrir de tal modo la causa que acabarán consiguiendo condenas muy aminoradas por la figura jurídica de la dilación indebida. La tesis que están defendiendo ante el tribunal tiene su guasa porque tratan de hacer creer que desde sus inicios todo fue un montaje político-judicial-mediático. Recordemos por tanto los inicios: el denunciante, un perfecto desconocido de nombre Alberto Santana, descubre unos correos de su jefe, Wilebaldo Luis, en los que aparecen filtradas las bases del concurso eólico de 2004 antes de que se publiquen. El hombre, cabreado porque lo han despedido, va a los tribunales y luego a los periódicos. Aquí le decimos que estupendo, pero que no publicaríamos ni una línea hasta que la denuncia se tramitara ya en los juzgados. De aquellos correos que descubrió Santana colgaban otros que condujeron al director general de Industria, Celso Perdomo, del PP, subordinado directo de Luis Soria, consejero de Industria, que no es investigado ni por asomo a pesar de tener una agenda política y piscinera muy vinculada a las mismas bases del concurso. Estalla el escándalo judicial y el PP deja tirados literalmente a los suyos porque tiene dos garantías: que nadie va a mirar para arriba y que hay un agujero negro entre los lebranchos, los siete imputados que pretendieron sacar ventaja de una información privilegiada, y los tiburones, que estaban jugando en otra división. Por eso es imposible hablar de conspiración, porque si así fuera, no se le habría encargado la investigación al jefe de la Brigada de la Policía Judicial, a la sazón Ignacio Bádenas, que detuvo cualquier indagatoria que se saliera del lugar donde descamaban a los lebranchos. Salvo que el PP quiera hacernos creer a todos que gracias a sus contactos lograron detener los efectos de la investigación, en cuyo caso estaríamos hablando de otros lópeces. Y otros Sorias.